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Concordia » Cadena Entrerriana
Fecha: 23/03/2026 20:25
Desde 96.5 FM Cadena Entrerriana, tras realizar un análisis pormenorizado del reciente informe de Compromiso por Concordia sobre la Emergencia Ambiental, resulta imperativo señalar que es llamativo que especialistas del ámbito jurídico y contable, con vasta trayectoria en la gestión pública local, incurran en errores de cálculo tan elementales e interpretaciones tan forzadas de la normativa vigente. El comunicado, lejos de aportar claridad al debate sobre la gestión de residuos, construye una narrativa basada en proyecciones matemáticas inexistentes que solo parecen buscar una alarma infundada en la comunidad. La afirmación de que la ordenanza habilita un gasto desorbitado de 28.800 millones de pesos es, sencillamente, una construcción absurda que carece de todo sustento fáctico. Para llegar a esa cifra astronómica, los profesionales firmantes parecen haber multiplicado el tope mensual de 400 millones de pesos por un plazo de 72 meses (seis años). Sin embargo, la realidad administrativa plasmada en la norma es diametralmente opuesta: la emergencia tiene una duración máxima de un año y la facultad para realizar contrataciones directas se limita estrictamente a un período de solo seis meses. Es en este lapso donde el Ejecutivo debe llevar adelante la licitación pública definitiva, la cual sí contempla un contrato a seis años. Confundir el tope de una contratación de emergencia con el presupuesto proyectado de una futura concesión es un error técnico impropio de quienes conocen íntimamente el funcionamiento del Estado. En este sentido, es necesario aclarar que establecer un techo de gasto de 400 millones mensuales no implica que la empresa prestataria perciba efectivamente esa suma. Se trata de una previsión presupuestaria máxima, un límite legal para asegurar que un servicio esencial no se interrumpa mientras se sanea el sistema. Hablar de un «cheque en blanco» cuando existen límites temporales de seis meses y montos máximos definidos es ignorar deliberadamente el texto de la propia ordenanza que se pretende cuestionar. Por otro lado, las dudas sembradas sobre la operatividad de prestadores privados y la supuesta falta de cimientos técnicos parecen desconocer la situación crítica heredada o no del parque automotor y la logística de recolección en Concordia, factores que precipitaron la emergencia. No existe improvisación cuando el objetivo es transitar desde un sistema al borde del colapso hacia un esquema de transparencia institucional mediante una licitación pública que ya se encuentra en etapa de planificación. Resulta contradictorio que exfuncionarios del gobierno anterior, conocedores de los desafíos administrativos locales, intenten hoy descontextualizar plazos y cifras para obstruir una solución de fondo al problema de los residuos. La transparencia no es una consigna que se declama con informes técnicos cargados de errores de aritmética básica, sino que se ejerce permitiendo que los mecanismos legales de emergencia funcionen para normalizar el servicio y llegar, en tiempo y forma, a la licitación que la ciudad necesita. Fuente: Cadena Entrerriana
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