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Fecha: 22/03/2026 19:43
Por Bernardo Salduna El gobierno de Isabel Perón, a los tumbos, la economía desquiciada, no había un sólo índice positivo, la inflación galopante que devoraba salarios y arruinaba la producción. La corrupción en distintas esferas del Estado alcanzaba niveles de escándalo: impresionaba como si, todo aquel que tuviera alguna responsabilidad pública, sabiendo que le quedaba poco tiempo buscara antes de perder el cargo, llevarse lo más posible a la casa. En definición del conocido filósofo Max Weber, en una sociedad que vive en el imperio de la ley, el monopolio de la fuerza lo posee el Estado. Eso no era lo que ocurría en Argentina de esos tiempos, donde la violencia estaba en manos de grupos o bandas armadas, a uno y otro extremo: pocos meses atrás, en octubre, la Orga, como se autodenominaban los Montoneros, atacó brutalmente un regimiento en Formosa, y asesinó diez soldados conscriptos, algunos desarmados. La otra organización guerrillera, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), frustrado su delirante proyecto de constituir la Provincia de Tucumán como territorio libre, procuraba, a fines de 1975, proveerse de armamento en el arsenal militar Domingo Viejobueno, cerca de Buenos Aires. La operación generó un feroz tiroteo, entre atacantes y defensores, que dejó un tendal de muertos y heridos, muchos de ellos habitantes de una villa cercana, que nada tenían que ver. Mientras fue Presidente, el General Perón trató de no involucrar al Ejército en la represión de los movimientos contestatarios de la izquierda violenta. En su lugar había propuesto, siguiendo el modelo español, la creación de un Somaten: esto es una especie de cuerpo parapolicial que combatiese, al margen de procedimientos legales, la guerrilla y sus ramificaciones. El diligente Ministro y Secretario López Rega se encargó de dar cauce a la idea formando la Acción Anticomunista Argentina (Triple A), integrada, entre otros, por policías dados de baja, militares retirados o simples delincuentes, que actuaban con protección oficial que les garantía impunidad. En poco tiempo llevaron a cabo un raid de atentados, secuestros, asesinatos a mansalva: de sospechados subversivos. Pero también militantes obreros estudiantiles, o barriales, maestros, abogados defensores de presos políticos. Y, si se daba el caso, también sus familiares. Muerto Perón en julio de 1974, su viuda y sucesora Isabel (y el senador Luder, presidente del Senado, que la reemplazó en ocasiones), no dieron tantas vueltas: directamente emitieron Decretos ordenando a las Fuerzas Armadas aniquilar la subversión (dicen que la Presidenta quería poner el término exterminar, que usara su difunto esposo, pero el general Videla la disuadió). Se puso todo el territorio nacional bajo Estado de Sitio, pero eliminando o restringiendo el derecho constitucional del detenido a salir del país. El Congreso dictó leyes según las cuales se colocaba a las Policías provinciales bajo el Comando de represión del Ejército, facultando a las autoridades militares a detener personas sin orden judicial, así como ignorar pedidos de hábeas corpus. Empezó a practicarse el método del secuestro clandestino, e ignorancia de la suerte del detenido. Se calcula que, antes del Pronunciamiento militar del 24 de Marzo -1973/76, gobiernos de Perón, Lastiri e Isabel Perón- ya se registraba cerca de un millar de desaparecidos (palabra de origen argentino, hoy se dice en castellano en el mundo). Ante el caos y la incertidumbre reinante, mucha gente parecía aguardar esperanzada el pronunciamiento militar: incluso buena parte del espectro político. Como un detalle tragicómico recuerdo el slogan del Partido Comunista: Videla, Viola, este es un golpe piola Un recuerdo personal En esas circunstancias, febrero de 1976, visitó Paraná, el dirigente radical (y futuro presidente) Raúl Alfonsín.Guardo en mi memoria una reunión realizada en el Estudio del Dr. Eduardo Solari, con presencia de radicales y gente de otros partidos. Refirió Alfonsín la reciente constitución en Buenos Aires de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, de la que era co presidente, integrada por personalidades del mundo de la política, pero también de la cultura, o los movimientos sociales o religiosos. Su objetivo era luchar, sin partidismo, y por medios pacíficos, por la vigencia en Argentina de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Se resolvió en la oportunidad, por los presentes -en su mayoría abogados- y ante las inminencias que se avizoraban, conformar una suerte de filial provincial del organismo en Entre Ríos. Ya en el terreno político, nos brindó el Dr. Afonsín algunos informes de las últimas gestiones desesperadas, que se realizaban contra reloj, para evitar el trágico desenlace. El gabinete nacional había pedido al jefe de Ejército General Videla, un plan para terminar con la subversión, y este había formulado un esquema que llevaría unos tres años en su ejecución. Se le requirió un plazo menor: y el jefe militar propuso uno de un año. Pero usando métodos drásticos, ocultos, sin respetar derechos ni garantías constitucionales de ninguna especie. Parece que, los ministros del gobierno justicialista, por mayoría, aceptaron ese plan, aunque el senador Luder, vacilante y pusilánime no aceptaba encabezar el gobierno, separando de la Presidencia a Isabel Perón. A juicio del Dr. Alfonsín, a esa altura, los militares -última reserva de la Patria, como soplaban al oído algunos- habían resuelto ya llevar a cabo sus proyectos, sin el acompañamiento de los políticos, a quienes juzgaban parte del problema, y no de la solución. A lo sumo, lo harían con los civiles amigos Terminada la reunión que refiero, se realizó en un local de Paraná, un acto público, con gran cantidad de concurrentes, la mayoría gente joven, en un clima vibrante. Recuerdo las palabras con las que cerrara Raúl Alfonsín: Espero, podamos seguir haciendo asambleas populares y entusiastas como esta. Pero, si no es así: ¡los convoco a todos para las reuniones chicas y las luchas bravas!.
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