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» TN
Fecha: 21/03/2026 12:03
El Gobierno avanza en la recolección de documentación para responder a los requerimientos judiciales por el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este. En el Ejecutivo aseguran que remitirán todo lo que solicitó el juzgado de Ariel Lijo y sostienen que ya se ordenó reunir registros fílmicos, constancias administrativas y papeles vinculados con el traslado del jefe de gabinete y su familia, mientras la causa suma medidas para reconstruir quién pagó los vuelos y bajo qué condiciones se hizo el viaje. Entre el material que preparan organismos del Estado, figuran las cámaras de la PSA y de otras áreas del aeropuerto, oficios con pedidos a la Secretaría General de la Presidencia, planes de vuelo requeridos a la ANAC, informes sobre movimientos y facturación, ingresos y egresos de hangares, y presentaciones vinculadas con la UIF. Fuentes al tanto del expediente aseguran que luego seguirán las declaraciones testimoniales. En la Casa Rosada admiten dificultades para contener la escalada de tensiones y las atribuyen a la interna oficialista, en una lógica que argumentan que se replica en el caso Libra. Mientras un sector de Balcarce 50 empuja una estrategia de confrontación con el kirchnerismo y busca correr el eje hacia las causas judiciales de Cristina Kirchner, otro espacio interno se inclina por esperar a que baje la espuma. En el entorno del jefe de Estado reconocen que Adorni sigue firme en su cargo, aunque lo describen golpeado y le reprochan haber salido a dar explicaciones sin una estrategia consolidada. Todo estuvo mal manejado, sintetizan en despachos oficiales. En el plano judicial, la causa ya avanzó sobre medidas concretas. Lijo dispuso levantar el secreto fiscal de Imhouse y de Agustín Issin Hansen, además de pedir información bancaria para reconstruir la trazabilidad del dinero que financió el viaje. Según la documentación incorporada al expediente, el vuelo de ida fue facturado por US$4830, mientras el regreso aparece dentro de un paquete de diez vuelos por US$42.250. También se requirieron informes a ARCA, ANAC, Aduana y a la Secretaría General para determinar si existió algún tipo de autorización, expediente, comisión de servicio, viáticos o respaldo institucional del traslado. La causa por el vuelo fue impulsada por los diputados Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro, mientras que en paralelo tramita otra denuncia promovida por Marcela Pagano, que incorporó cuestionamientos sobre el patrimonio familiar de Adorni y los contratos de la consultora de su esposa. En tribunales no descartan que los expedientes terminen concentrándose bajo una misma órbita. Leé también: El ministro de Defensa visitará el Pentágono para profundizar la cooperación militar con EE.UU. En el Gobierno siguen de cerca los avances de la causa y conviven diferentes posturas: mientras que en un sector creen que el caso no va a escalar, en otro espacio interno advierten que puede aparecer más material que profundice los cuestionamientos al jefe de gabinete. En los distintos despachos oficiales unifican esfuerzos en intentar correr el eje y apuntar contra la trabajadora del aeropuerto que aseguran haber identificado como la que filmó al ministro coordinador. Según pudo saber TN, es empleada de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y no hay ningún sumario ni investigación judicial en contra. Tampoco está previsto por el momento apartarla, más allá de que algunos funcionarios hablan de una denuncia judicial. El Ejecutivo apunta a blindar al ministro coordinador y busca reactivar la agenda legislativa con el envío de un paquete de reformas y el tratamiento de la Ley de Glaciares en Diputados.
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