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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 21/03/2026 11:52
Maqueta de la futura planta de HIF Global en Paysandú, sobre el río Uruguay, frente a Colón. La disputa por la instalación de una planta de combustibles sintéticos de la empresa HIF Uruguay SA en la ciudad de Paysandú, a escasos kilómetros de Colón, sumó en las últimas horas un capítulo judicial que reconfigura el escenario del conflicto ambiental binacional. La causa, caratulada como Expediente 3276/2026, avanza en el fuero federal argentino con el impulso de legisladores entrerrianos que buscan frenar eventuales impactos sobre el río Uruguay. El punto de inflexión se produjo el pasado 18 de marzo, cuando la Fiscalía Federal de Concepción del Uruguay, a cargo de la fiscal María José Minatta, dictaminó a favor de la competencia del fuero federal local. De este modo, el expediente quedaría radicado en el Juzgado de esa jurisdicción, habilitando la posibilidad de analizar medidas preventivas concretas, entre ellas inspecciones judiciales en las costas y estudios sobre la calidad del agua del río. La presentación fue impulsada por los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, quienes sostienen que el proyecto no cumple con los estándares jurídicos establecidos en el Estatuto del Río Uruguay ni con la jurisprudencia emanada del caso Botnia-UPM de la Corte Internacional de Justicia. La acción judicial se encuadra en la figura de prevención del daño ambiental, contemplada en el Código Civil y Comercial argentino, y busca anticiparse a posibles consecuencias derivadas de una iniciativa industrial que, por su escala y ubicación, reaviva tensiones históricas entre ambas márgenes del río compartido. No es menor el dato geográfico: la planta proyectada se ubicaría a apenas tres kilómetros de territorio argentino, en un corredor donde el turismo, la biodiversidad y las economías regionales dependen estrechamente de la salud del ecosistema fluvial. En ese marco, el pronunciamiento de la Fiscalía adquiere relevancia no sólo jurídica sino también política. La posibilidad de que la Justicia ordene medidas como peritajes ambientales o relevamientos in situ introduce un nuevo actor -el Poder Judicial- en un conflicto que hasta ahora se desarrollaba principalmente en el plano diplomático y administrativo. Las declaraciones de Michel, en tono crítico hacia el gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, reflejan además la dimensión interna de la controversia. La inacción y falta de gestión llevó a esta situación de tener que recurrir a la Justicia, sostuvo el legislador, en una frase que evidencia cómo el conflicto trasciende lo estrictamente ambiental para inscribirse también en la disputa política provincial. Mientras tanto, del lado uruguayo, el proyecto continúa en etapa de evaluación ambiental bajo la órbita del Ministerio de Ambiente de Uruguay, que ha requerido estudios de impacto que contemplen incluso posibles efectos en territorio argentino. Este punto resulta clave: el propio Estado uruguayo reconoce el carácter transfronterizo de la iniciativa, en línea con los compromisos asumidos en el marco del río compartido. La apertura de un canal judicial en Argentina no implica, por ahora, una paralización del proyecto, pero sí establece un precedente relevante. Introduce la lógica precautoria en un escenario donde la memoria del conflicto por las pasteras aún persiste como telón de fondo. En ese sentido, la causa podría convertirse en un espacio de tensión -o de articulación- entre el derecho ambiental, la política y la diplomacia. Pero, no hay que soslayar un antecedente: en el caso de la demanda contra la pastera UPM (ex Botnia, proyecto Orión), que se tramita ante el Juzgado Federal de Gualeguaychú, a cargo del juez Hernán Viri; el gobierno uruguayo impide por decreto que los directivos de esa pastera sean notificados por la Justicia. Además de violentar el Acuerdo de San Luis del Mercosur, se niega a las poblaciones ribereñas el acceso elemental a la Justicia. De todos modos, con la información del expediente ahora disponible públicamente a través de una plataforma digital impulsada por los propios legisladores, el conflicto suma un nuevo elemento: la disputa por la transparencia y el acceso a los datos. En un tema donde el río no reconoce fronteras, la información -como el agua- también se vuelve un bien en disputa. Contextos y perspectivas El Ministerio de Ambiente de Uruguay exigió a la empresa HIF la presentación de la Autorización Ambiental Previa (AAP), que es el instrumento central del Estado uruguayo para habilitar el proyecto. Dentro de esos términos oficiales se ordenó incluir impactos en territorio argentino, algo poco habitual pero clave en este caso transfronterizo. Y se exigió relevar los ecosistemas (ríos, montes nativos, áreas protegidas) como los centros poblados (incluida Colón), además de actividad turística y recreativa. ¿Qué significa esto? En términos políticos, para el Estado uruguayo el conflicto no está negado, sino incorporado como variable técnica dentro del estudio. Además, se admitió oficialmente el carácter binacional de sus efectos y consecuencias. Por otro lado, tanto Uruguay como Argentina reconocen formalmente que el proyecto se ubica sobre el río Uruguay, lo que implica que debe ser regulado por el Estatuto del Río Uruguay; y -nuevamente- que tiene impactos transfronterizos, lo que obliga a la más estrictica y amplia cooperación. En ese marco, el gobierno uruguayo afirmó que el proyecto está en etapa de análisis ambiental con equipos técnicos trabajando y que se incorporaron preocupaciones argentinas. Desde la presidencia uruguaya de Yamandú Orsi, se plantea la necesidad de evitar una escalada diplomática y canalizar el conflicto por vía institucional. En otras palabras, el conflicto está institucionalizado, no judicializado plenamente (todavía) a nivel interestatal. Pero, qué pasa con la posición del Estado argentino. Aquí la respuesta es confusa y contradictoria y es necesario diferenciar los niveles de gobierno. a) Nivel nacional (Cancillería): no hay una oposición al proyecto, todo lo contrario. Además, esa postura ha sido expresada por vía diplomática y pública. b) Nivel provincial y legislativo (Entre Ríos): los diputados nacionales Guillermo Michel y Marianela Marclay, junto al senador Adán Bahl, son los únicos que han presentado una denuncia judicial por posible violación del Estatuto del Río Uruguay y por riesgo de daño ambiental irreparable. Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, planteó que no se puede permitir otra Botnia. Ante este panorama, está claro que el Estado nacional es moderado y permisivo; mientras que los actores provinciales tienen una postura más confrontativa: los legisladores de la oposición recurriendo a la Justicia Federal; el oficialismo por momento con gestiones gubernamentales cuyo resultado es incierto. Así las cosas, este conflicto plantea como mínimo cuatro desafíos o tensiones: 1) Impacto ambiental transfronterizo: aire, agua, biodiversidad y áreas protegidas. Lo que implica la necesidad de medir efectos en ambas orillas. 2) Uso del río Uruguay: extracción de agua y posibles descargas. Está claro que la normativa rectora es el Estatuto del Río Uruguay. 3) Impacto socioeconómico indirecto: del lado uruguayo se alienta porque sostienen que es una inversión estratégica y generará empleo. Del lado entrerriano, se advierte que hay serios riesgos para el ambiente y el desarrollo turístico. 4) No se puede ignorar el antecedente histórico que implicó el conflicto por la pastera UPM-Botnia, todavía irresuelto. Por eso, ambos gobiernos reconocen el riesgo de repetir el conflicto 20052010. El Estado uruguayo impulsa el proyecto como estratégico, y lo somete a evaluación ambiental formal e incorpora explícitamente la dimensión argentina. El Estado argentino no bloquea el proyecto, y deja que sea la provincia la que active los controles políticos; mientras la oposición motorizó la instancia judicial. El final está abierto. Si se mira en el espejo del conflicto pastero: el oficialismo y la oposición uruguaya se abroquelará detrás de la empresa; y en Entre Ríos oficialismo y oposición ensancharán sus grietas, pero sin conmover -en definitiva- a la empresa HIF Uruguay SA de Paysandú. El río Uruguay continuará como un peregrino en medio de un ecocidio. El escrito de la Fiscalía
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