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Concordia » Hora Digital
Fecha: 20/03/2026 14:07
La discusión en torno a la reforma de la Ley de Glaciares sumó un nuevo capítulo judicial tras la presentación de un amparo colectivo por parte de diversas organizaciones ambientalistas. El recurso busca frenar las limitaciones impuestas a la participación ciudadana en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para debatir el proyecto de reforma. El reclamo de estas entidades apunta a garantizar condiciones reales de intervención en un proceso que ya cuenta con más de 85.000 inscriptos, cifra que podría aumentar y establecer un récord histórico de convocatoria para una audiencia pública. Según denuncian, las restricciones actuales podrían impedir que una gran parte de la población interesada pueda expresarse de manera efectiva. La acción judicial está a cargo del juez Enrique Lavie Pico y fue promovida por organizaciones como la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, la Red Universitaria de Ambiente y Salud, Greenpeace Argentina y el Círculo de Políticas Ambientales, junto a otros espacios como el Observatorio del Derecho a la Ciudad. En la presentación solicitaron una medida cautelar para suspender el formato vigente de la audiencia, exigir al Congreso la readecuación del cronograma y garantizar la participación efectiva de la ciudadanía. El núcleo del planteo se centra en la limitación establecida por el oficialismo, a través del presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Nicolás Mayoraz. La propuesta contempla solo dos jornadas de debate: el 25 de marzo de manera presencial y el 26 de forma virtual, con exposiciones orales restringidas a solo 200 personas. Esta cifra representa menos del 0,3% del total de inscriptos, mientras que el resto solo podrá enviar intervenciones por escrito o mediante videos para su difusión en el canal institucional de Diputados. El propio Nicolás Mayoraz confirmó que el miércoles 25 de marzo solo podrán ingresar a la audiencia pública los diputados integrantes de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, junto con dos asesores por bloque. Será una audiencia pública hermética, indicó una fuente parlamentaria a elDiarioAR, en referencia a las restricciones impuestas. Las organizaciones denunciaron que este esquema es censurador y excluyente y advirtieron que vulnera el derecho a la participación en asuntos de interés público, especialmente en un debate relacionado con recursos estratégicos como el agua. Por ello, reclamaron que se garantice la exposición oral de todos los inscriptos, se amplíe la cantidad de jornadas de audiencia y se eliminen mecanismos que limiten el acceso a la palabra. En un comunicado, señalaron que el Estado debe ampliar su capacidad receptiva, no reducirla y destacaron que la masiva convocatoria no representa un problema organizativo, sino una muestra de una democracia deliberativa vibrante. Además, alertaron que avanzar con el tratamiento legislativo sin asegurar estas condiciones podría afectar la validez del proceso y violar derechos consagrados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales, como el Acuerdo de Escazú. Este tratado ambiental, vigente desde 2021 en América Latina y el Caribe, busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales. Desde el oficialismo, en cambio, argumentan que la gran cantidad de inscriptos hace materialmente imposible asegurar la participación de todos en un plazo razonable sin afectar el funcionamiento del Congreso. Sin embargo, los sectores críticos sostienen que esta justificación encubre una intención de acelerar el tratamiento del proyecto, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, cuando fue aprobado por 40 votos a favor y 31 en contra. El proyecto de reforma propone modificar la Ley 26.639, vigente desde 2010, que protege los glaciares como reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades como la minería o la explotación de hidrocarburos en esas zonas. El nuevo texto busca limitar esa protección solo a los glaciares considerados hídricamente relevantes y permitir el desarrollo de actividades productivas en otras áreas, lo que podría tener un impacto particular en provincias como Mendoza, San Juan, Catamarca, Jujuy y Salta.
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