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» tn24
Fecha: 20/03/2026 13:47
El abogado de Diego Landriscina se refirió al avance de las causas judiciales y cuestionó con dureza la postura del exministro de Economía, hoy querellante en el expediente provincial. EL ESCÁNDALO DE LA BOLSA Las causas judiciales que investigan las operaciones financieras de riesgo realizadas por el municipio de Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio de la provincia del Chaco continúan avanzando tanto en el fuero federal como en la Justicia provincial. En ese marco, el abogado de Diego Landriscina, Marco Molero, explicó que actualmente se transita una etapa de análisis del material secuestrado en distintos procedimientos. Se está en un proceso de lo que se llama la desintervención de la prueba, señaló, al referirse a la documentación, celulares y computadoras incorporados a la investigación. Según detalló, en la causa federal se están procesando elementos reunidos a partir de medidas solicitadas por el fiscal Patricio Sabadini y autorizadas por la jueza de garantías Zunilda Niremperger, mientras que en el expediente que tramita en Sáenz Peña comenzaron a responderse cuestiones vinculadas a la denuncia impulsada por el exministro de Economía y actual diputado provincial, Santiago Pérez Pons, junto a concejales de esa ciudad. Fue justamente sobre la figura del legislador donde Molero puso el acento y lanzó sus críticas más duras. Siempre me llamó la atención la labor del exministro de Economía, profundamente me llama la atención, expresó el letrado, antes de cuestionar su doble intervención en el caso. Por un lado, destacó que haya sido aceptado como querellante en la causa provincial; por el otro, advirtió que le resulta llamativo el posicionamiento político y jurídico que asumió. No he visto abogado que ejerza enérgicamente una defensa de la Bolsa como lo viene haciendo el exministro de Economía actual diputado, sostuvo. Molero fue más allá y apuntó directamente contra la postura que Pérez Pons habría mantenido cuando la Justicia ordenó restituir al municipio los fondos invertidos. Es el único funcionario que celebra o pretende celebrar que el dinero de una entidad pública como es Sáenz Peña esté en manos de una organización particular como es la Bolsa de Comercio, afirmó. En ese sentido, remarcó que le resultó sorprendente que se cuestionara judicialmente una decisión que, según planteó, permitió que esos recursos volvieran a las arcas municipales. A mí me deja atónito esto, insistió. Al referirse al fallo que habilitó la recuperación de esos fondos, el abogado elogió tanto la estrategia jurídica del municipio como la decisión política del intendente Bruno Cipolini. Destaco los rapidísimos reflejos del intendente de Sáenz Peña, que protegió los fondos públicos y los llevó donde tienen que estar, señaló. Además, consideró que el dinero debía estar bajo control del municipio y no en una entidad privada que hoy se encuentra bajo investigación. Celebro y festejo que el vecino de Sáenz Peña tenga el dinero, remarcó. Sobre la situación de Landriscina, Molero aseguró que no existen elementos objetivos que justifiquen una eventual detención y sostuvo que incluso, desde una mirada estrictamente jurídica, ni siquiera debería ser imputado. No hay ni un solo elemento, afirmó, aunque reconoció que en este tipo de procesos pueden darse decisiones difíciles de anticipar. También indicó que su defendido mantiene contacto permanente con la defensa, aporta información a la causa y que, además de su rol institucional, también fue perjudicado a título personal por inversiones que no habrían sido canceladas. Finalmente, el abogado explicó que en la causa federal podría convocarse una audiencia de imputación si así lo considera la Fiscalía, mientras que en el expediente provincial será el avance de la prueba el que determine si se fortalece o no la hipótesis acusatoria. Si se fortalece la hipótesis del querellante y denunciante, podrá imputar a algunas personas. Si se desvanece esa hipótesis, posiblemente no impute a nadie, concluyó. Mientras tanto, la investigación sigue su curso con el foco puesto tanto en la operatoria financiera como en las responsabilidades políticas y judiciales que podrían surgir del caso.
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