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Crespo » Estacion Plus
Fecha: 20/03/2026 09:37
Milagros Bernart advirtió por una crisis caótica en discapacidad tras el cese nacional Prestadores de servicios para personas con discapacidad llevaron adelante un cese de actividades a nivel nacional durante el miércoles 18 y jueves 19 de marzo, en reclamo por demoras en los pagos por parte del Estado. La medida profundiza un escenario que los trabajadores del sector califican como crítico y de creciente deterioro. En diálogo con Estación Plus Crespo, la licenciada en Psicopedagogía y Educación Especial, Milagros Bernart, explicó que la medida no se trató de un paro tradicional, sino de una interrupción forzada de las prestaciones ante la imposibilidad de sostener el funcionamiento. Este es un cese que no fue un paro, sino que se obligó a los profesionales a dejar de prestar el servicio por la falta de pagos, afirmó. En ese sentido, precisó que la situación se arrastra desde semanas anteriores, con una primera medida iniciada el viernes 13 de marzo, que ya había afectado a transportistas, centros de día y escuelas de educación especial. La profesional indicó que el reclamo involucra a múltiples actores del sistema: Se han adherido profesionales de todo el país y no solo profesionales, sino también transportistas, que ya venían cesando actividades desde antes por la demora en los pagos. Respecto a la situación financiera, Bernart detalló a Estación Plus Crespo que existen deudas que superan los tres meses. Desde noviembre del año pasado se dejaron de pagar inspecciones correspondientes a PAMI y desde diciembre hubo un corte en la cadena de pagos de Incluir Salud, señaló. En ese marco, confirmó que se realizaron presentaciones formales ante organismos nacionales, entre ellos el Ministerio de Salud, PAMI y el programa Incluir Salud, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas concretas. Siempre dicen que la respuesta va a llegar, pero nunca se da, sostuvo. Además, advirtió sobre cambios administrativos que, según explicó, han complejizado la gestión de los reclamos: Ya no hablamos más de la Agencia Nacional de Discapacidad, sino de una secretaría dentro del Ministerio de Salud, lo que genera más burocracia y dilata los tiempos. Impacto directo en personas con discapacidad Uno de los aspectos más sensibles de la medida es su impacto directo en quienes requieren estas prestaciones. Bernart fue contundente: Al no haber pagos, las personas con discapacidad quedan sumamente desprotegidas. La interrupción de servicios afecta, entre otras cosas, el traslado a instituciones, la asistencia en centros de día y el acceso a espacios de contención y desarrollo. El cierre de un centro de vida no es como el de una empresa. Es un espacio fundamental para las personas, donde desarrollan habilidades y reciben contención, explicó. En ese sentido, alertó sobre el cierre de instituciones y la reducción de servicios en distintas provincias. Si bien indicó que no existen datos oficiales actualizados por falta de relevamientos, mencionó antecedentes recientes en Santa Fe y reducciones de jornadas en Entre Ríos. Los datos sobre discapacidad son muy escasos porque no se realizan relevamientos a nivel nacional, agregó. Incertidumbre sobre la continuidad del reclamo De cara a los próximos días, la continuidad de las medidas dependerá de la respuesta de las autoridades. Esperamos tener una respuesta, pero tampoco nos gusta dejar tan desprotegido al sector, manifestó Bernart. Finalmente, remarcó la urgencia de una solución estructural: Es importante que el Estado escuche este reclamo y destine los fondos necesarios. Los derechos de las personas con discapacidad no son privilegios, son una cuestión de dignidad y derechos humanos. La situación, según coinciden los prestadores, atraviesa un punto crítico que pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y la atención de miles de personas en todo el país.
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