19/03/2026 23:46
19/03/2026 23:46
19/03/2026 23:42
19/03/2026 23:39
19/03/2026 23:37
19/03/2026 23:37
19/03/2026 23:36
19/03/2026 23:36
19/03/2026 23:36
19/03/2026 23:34
Concordia » Diario Junio
Fecha: 19/03/2026 22:08
Según surge del requerimiento fiscal, los hechos investigados habrían ocurrido en reiteradas oportunidades entre los años 2018 y febrero de 2024, en dos inmuebles de la ciudad, coincidentes con los lugares donde la denunciante se desempeñaba laboralmente, un geriátrico de calle San Luis y Vélez Sarsfield y otro ubicado en calle Corrientes casi Entre Ríos. La acusación sostiene que las conductas se habrían producido sin su consentimiento y en un contexto que será materia de análisis en el eventual juicio oral. Este caso ya había tomado estado público en noviembre de 2025, cuando DIARIOJUNIO informó que se había formalizado la imputación contra el empresario, en una causa exponía un presunto entramado de abuso en un ámbito laboral atravesado por relaciones de poder y dependencia económica. De acuerdo a lo informado en aquel momento, la denuncia describe una situación prolongada en el tiempo, en la que la mujer habría sido sometida a presiones y condicionamientos vinculados a la conservación de su fuente de trabajo. En ese marco, la investigación también puso el foco en el estado de vulnerabilidad en el que se encontraba la denunciante, soltera y madre de dos hijos. La víctima, que habló con este medio, contó que desde el inicio de su relación laboral, comenzó a notar que el empleador la controlaba de manera constante, tanto dentro como fuera del horario laboral. Según sus declaraciones ante la Justicia, el hombre exigía favores sexuales como condición para mantener el empleo. Ni bien ingresaba al establecimiento, él me veía por las cámaras y empezaban los mensajes de WhatsApp. Me pedía que le dijera el color de la ropa interior y siempre eran mensajes de contenido sexual, relató. Según el relato, el acusado la habría convocado frecuentemente a su oficina, trasladándola al turno noche cuando había menos personal y pocas posibilidades de pedir ayuda. Allí se habrían producido los episodios más graves, siempre bajo la amenaza de perder el empleo. Nunca lo miraba a la cara ni lo tocaba. Me hacía poner las manos en el escritorio y él se ponía detrás. Siempre así, recordó la mujer. Sabía que estaba mal, pero no tenía opción. Tenía que mantener a mis hijos y pagar el alquiler. No podía hacer otra cosa, recordó la mujer, reflejando la dependencia económica que facilitó la explotación. Agobiada por las presiones y el hostigamiento, renunció en febrero de 2024. Tras dejar el empleo, perdió su vivienda y se mudó con sus hijos al garaje de la casa de su madre, y desde entonces sigue viviendo ahí y casi no sale a la calle por miedo cruzarse con su ex empleador. Una pericia oficial concluyó que el relato fue siempre coherente, estable y sin contradicciones, y detalla un impacto traumático profundo sobre la víctima, con ansiedad, pensamientos negativos persistentes y miedo a interactuar socialmente. En cuanto a la calificación legal provisoria, los hechos fueron encuadrados como abuso sexual con acceso carnal reiterado, en concurso real, atribuido al imputado en calidad de autor. Entre los elementos reunidos por la Fiscalía se mencionan declaraciones testimoniales, informes periciales y entrevistas realizadas en sede judicial. En particular, se destaca un informe técnico que señala la presencia de indicadores compatibles con situaciones de violencia sexual, así como testimonios de personas del entorno de la denunciante que refieren a su estado emocional en relación a los hechos denunciados. La denunciante habría brindado un relato detallado sobre las circunstancias en que se habrían producido los episodios, incluyendo referencias temporales y espaciales que fueron consideradas consistentes con el resto del material probatorio recolectado. La causa judicial está a cargo del fiscal auxiliar Mauro Jaume, con querella del abogado Diego Briceño. El defensor del imputado es Leopoldo Lambruschini, reconocido penalista de Paraná y tal vez uno de los letrados más influyentes de la provincia, habituado a moverse en causas donde se cruzan política, poder y dinero. Su trayectoria lo ubica en el centro de algunos de los procesos más ruidosos de los últimos tiempos: defendió a José Humberto Flores en un caso de dádivas donde los principales imputados fueron el ex gobernador Sergio Urribarri y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros; tuvo a su cargo la defensa del contador Juan Domingo Palito Orabona, ex responsable del Servicio Administrativo Contable del Senado, acusado en la causa por el escándalo de los contratos truchos en la Legislatura; ejerció la defensa en causas de corrupción del exdiputado provincial y referente del gremio UPCN José Ángel Allende, y también fue defensor de la «fiscal anticorrupción» Cecilia Goyeneche en el jury que terminó destituyéndola. En paralelo a esta causa penal, se tramita un juicio laboral ante el Juzgado de Trabajo Nº4, a cargo del Dr. Roberto Masara, por incumplimientos de derechos laborales que también serían un reflejo de la situación de vulnerabilidad de la víctima. Con este pedido del Ministerio Público Fiscal, ahora será el juez interviniente quien deberá resolver si hace lugar a la solicitud y dispone la remisión a juicio de la causa donde se debatirá la prueba y se determinará la eventual responsabilidad penal del imputado.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por