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Parana » Informe Digital
Fecha: 19/03/2026 20:51
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOCF) N°3 de la Capital Federal condenó ayer a seis de los diez imputados que llegaron a juicio por la comercialización del medicamento adulterado a base de hierro identificado como Yectafer, que entre 2003 y 2004 provocó la muerte de al menos tres personas y causó daños en la salud de otras 29 víctimas. Además, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, el tribunal ordenó el pago de indemnizaciones por un total de 1.030 millones de pesos por el daño moral y material causado. Entre las víctimas figura Luciana Giménez, una joven entrerriana de 26 años, embarazada de 22 semanas, que murió junto a su bebé en noviembre de 2004 tras recibir el medicamento adulterado. En el debate intervinieron el titular de la Fiscalía General N°7 ante esos tribunales, Miguel Ángel Osorio, y la auxiliar fiscal Denise Belieres, con la asistencia del equipo conformado por Clara Acevedo Freixas, Federico Donth Leger y Guillermo Mengarelli. En su alegato, los representantes del MPF habían pedido penas que iban desde 7 hasta 16 años de prisión para nueve de los acusados. El juicio se había iniciado en noviembre de 2023 y el TOCF N°3 estuvo integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. El próximo 19 de mayo se darán a conocer los fundamentos de la sentencia. Las penas más altas, de 8 y 7 años de prisión respectivamente, recayeron sobre Pablo Jorge Cernadas y Daniel Rabinovich. Cernadas era director de compras y Rabinovich, uno de los dueños de la droguería Quimbel que comercializó el producto. Ambos fueron considerados coautores del delito de venta de sustancias medicinales peligrosas para la salud, disimulando su carácter nocivo, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas por la cantidad de víctimas con lesiones graves, en concurso material con el delito de asociación ilícita en calidad de miembros. El diseñador gráfico Miguel Cervera, dueño de la empresa Ampopack que proveyó las ampollas para el medicamento adulterado, fue condenado a 5 años de prisión como partícipe necesario del delito de suministro de sustancias medicinales peligrosas para la salud, en concurso ideal con homicidio culposo múltiple y lesiones culposas agravadas. Al empresario Alberto Mario Akawie (que cobró cheques en la maniobra), al comerciante Adrián Quintela y al repartidor Víctor Scattolini (ambos aportaron facturas truchas), el tribunal les impuso 4 años de prisión como miembros de una asociación ilícita. Por su parte, el empresario Santiago Lucio Gavazza fue absuelto al no haberse formulado acusación fiscal en su contra en el juicio. También resultaron absueltos, por los delitos de comercialización de sustancias medicinales peligrosas agravada por muerte y asociación ilícita, el empresario Roberto Gegenschatz (el otro dueño de la droguería Quimbel), el chofer Diego Hernán Manzotti y la vendedora de ampollas Sandra Liliana Vitale. Además, el tribunal absolvió a Cervera por el delito de asociación ilícita y a Akawie, Quintela y Scattolini por el delito de comercialización de medicamentos disimulando su carácter nocivo agravado por muerte. En una causa conexa (N°5924/2007) que investigaba la adquisición del medicamento Tobi en la droguería Quimbel producto que provenía del mercado ilegal tras una estafa con cheques falsos la acción penal por encubrimiento agravado fue declarada extinguida por prescripción. En consecuencia, Akawie, Cernadas, Gegenschatz, Quintela, Rabinovich y Scattolini fueron absolvidos por ese delito. El tribunal fijó las indemnizaciones para las víctimas por un monto global de 1.030 millones de pesos: $450 millones para los familiares de una de las víctimas fatales que estaba cursando un embarazo, $300 millones para los familiares de otra víctima fatal y montos de entre $10 y $20 millones para las personas que sufrieron lesiones, por el daño moral y material causado, con los intereses que se calculen desde la fecha de la sentencia. El caso Durante su alegato del 19 de agosto pasado, la fiscalía consideró acreditada la adulteración del lote N° 03100718 de Yectafer, con vencimiento en octubre de 2006. Según expuso, se falsificó e imitó el producto original cuya elaboración autorizada correspondía al laboratorio AstraZeneca para disimular sus propiedades nocivas. Los peritajes, según los representantes del Ministerio Público Fiscal, determinaron que el producto adulterado contenía una concentración de citrato de hierro tres veces superior a la indicada en el envase, además de presentar diferencias en el pH y la densidad respecto del medicamento genuino. Aunque al término de la instrucción el fallecido fiscal federal Federico Delgado había pedido llevar a juicio por la muerte de cinco personas y daños a 33 víctimas, el fiscal Osorio finalmente atribuyó a los imputados responsabilidad por cuatro muertes y por las lesiones sufridas por otras 29 personas. Los tres homicidios culposos por los que finalmente condenó el TOCF fueron los de Verónica Díaz (22), Luciana Giménez (26) y Paulina Álvarez (35). Sufrieron una muerte dolorosa con fallas hepáticas, afirmó durante su exposición. El Tribunal estuvo integrado por los jueces Andrés Fabián Basso, Javier Feliciano Ríos y José Antonio Michilini. En relación con una de las víctimas, el representante del MPF recordó que la entrerriana Giménez cursaba un embarazo de 22 semanas, fue sometida a una cesárea de urgencia el 21 de noviembre de 2004; su hijo nació sin vida y ella murió a los pocos días. En el fallo reciente, la justicia fijó una indemnización histórica de $450 millones para sus familiares. Con el caso Yectafer ha quedado claro el funcionamiento de la organización criminal y la distribución de roles de esta asociación ilícita destinada a falsificar y poner en circulación en el mercado formal medicamentos obtenidos en forma irregular, tanto de procedencia ilegítima como de fabricación ilegal, sintetizó el fiscal en su alegato. Osorio subrayó que el accionar de los imputados causó un gravísimo daño a la salud pública y puso en riesgo a la población. También insistió en que lo relacionado con Yectafer no se trató de una operación aislada sino el funcionamiento de una organización criminal. Según consignó el sitio Fiscales, la investigación incluyó además a otros cinco acusados que no llegaron a la instancia de juicio debido a su fallecimiento durante el proceso. Entre ellos se encontraban Ángel Luis Cirullo y Carlos Guido Maidana, a quienes la fiscalía sindicó como jefe y organizador de la asociación ilícita que habría montado el laboratorio clandestino donde se elaboró el medicamento adulterado.
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