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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 19/03/2026 19:27
La intendenta de Paraná evitó dar explicaciones de fondo sobre los sobreprecios en seguros, se respaldó en un discurso institucional sin autocrítica y redobló la presión sobre opositores y medios críticos. En el trasfondo, un entramado de contratos, vínculos y decisiones que siguen sin aclararse. Rosario Romero volvió a escena con un tono cuidadosamente calibrado: moderado, didáctico, casi académico. Habló de institucionalidad, de respeto y de los riesgos de negar lo que hizo el otro. Pero esa construcción discursiva, prolija en las formas, dejó al descubierto un problema de fondo mucho más serio: no hubo autocrítica, no hubo explicaciones y, en cambio, sí hubo una defensa cerrada del sistema, cuestionamientos a la oposición y un mensaje cada vez menos disimulado contra quienes investigan y exponen. En ese mapa, el destinatario resulta evidente: La Caldera. Detrás de la retórica sobre la convivencia democrática, lo que apareció fue un intento de blindaje. Porque cuando Romero tuvo la oportunidad de responder sobre el escándalo de los seguros, optó por esquivar el eje central. No explicó los montos, no justificó las decisiones administrativas y no aclaró por qué una contratación oficial terminó envuelta en denuncias de sobreprecios millonarios. En lugar de eso, eligió correrse hacia un terreno más cómodo: el de las formas, el del tono, el de la supuesta violencia del debate público. Pero el problema no está en las formas. Está en los hechos. Y los hechos son concretos: se investigó, se publicó y se denunció con documentos oficiales en la mano. No hubo insinuaciones vagas ni acusaciones al aire. Hubo decretos, cifras exactas y una reconstrucción detallada de contrataciones en seguros que superan los 500 mil dólares. A partir de ahí se abrió una discusión política que el oficialismo, hasta ahora, no logró cerrar con argumentos sólidos. Ese es el núcleo que Romero intenta evitar. Porque mientras no se responda por qué se pagaron esos montos, cualquier discurso institucional suena vacío. La cuestión nunca fue la existencia de un régimen que obliga a contratar con el instituto provincial de seguros. Nadie discute eso en abstracto. Lo que sí está bajo sospecha es cómo se utilizó esa obligación: si fue un mecanismo legítimo o una pantalla para convalidar cifras completamente desproporcionadas. Una ley puede fijar el canal de contratación. Lo que no puede hacer es justificar cualquier precio. Mucho menos montos que, según la denuncia pública, multiplican varias veces los valores de mercado. Y eso fue precisamente lo que se puso sobre la mesa: no una contratación cara, sino un presunto esquema de sobreprecios de enorme magnitud. En ese contexto, el giro discursivo de Romero resulta revelador. Ante la imposibilidad de desarmar la denuncia en términos técnicos o administrativos, elige cambiar el foco. Ya no se habla de los decretos, sino del clima político. Ya no se discuten los números, sino la conducta de quienes los publican. El denunciante pasa a ser el problema, y el poder intenta ocupar el lugar de víctima. Pero el cuadro se vuelve aún más delicado cuando se incorporan otros elementos que la propia defensa política intenta minimizar. En el caso de los llamados contratos truchos, la estrategia fue desligar responsabilidades y anticipar escenarios judiciales ajenos, señalando que otros como Bahl podrían ser imputados mientras ella no tendría vinculación. Sin embargo, lo que no se dijo es igual de relevante que lo que se intentó instalar. Porque dentro de ese entramado aparecen nombres propios y relaciones directas: su marido, José Carlos Halle; el entonces yerno de Daniel Carubia, Alejandro Canepa; y su propio yerno, Álvaro Pierola. Este último, además, desestimó la denuncia de contratos irregulares antes del episodio policial del cajero, sin impulsar una investigación y sin excusarse, pese a que hasta meses antes de esa intervención había sido contratado por la propia gestión de Romero. Un dato que, lejos de despejar dudas, las profundiza. En paralelo, la defensa implícita del sistema judicial y político tampoco pasa desapercibida. Porque cuando desde el poder se pide moderación frente a denuncias documentadas, muchas veces lo que se busca no es equilibrio sino silencio. Cuando se invoca institucionalidad frente a pruebas concretas, el objetivo no es transparentar sino disciplinar. Y cuando se apunta contra quienes investigan, lo que se protege no es la democracia, sino un circuito de decisiones que se resiste a ser expuesto. El ataque a sectores opositores completa el cuadro. Es la reacción clásica de un oficialismo incómodo: construir enemigos externos para evitar dar explicaciones internas. Pero en este caso, la estrategia parece insuficiente. Porque no se trata de opiniones ni de operaciones políticas. Se trata de actos administrativos firmados, de cifras precisas y de decisiones que requieren una respuesta clara: por qué se pagó lo que se pagó y quién se benefició. A eso se suma otro elemento que lejos de aliviar la situación la agrava: la continuidad del mecanismo. Que una gestión posterior, como la de Frigerio, sostenga o reproduzca ese esquema no lo vuelve legítimo. La repetición no sanea. Si una práctica es irregular, su persistencia solo la consolida como un problema estructural más profundo. En ese escenario, las palabras de Romero sobre la violencia y los ánimos fundacionales funcionan más como una maniobra de control de daños que como una reflexión genuina. Hay una puesta en escena de diálogo sin revisión real. Una apelación a la convivencia que convive, paradójicamente, con mensajes cada vez más directos hacia quienes denuncian. Un intento de bajar el tono ajeno mientras se evita responder por los hechos propios. Pero el punto central sigue intacto: lo que se denunció no fue una exageración ni un exceso retórico. Fue una exposición basada en documentos oficiales. Y frente a eso, no alcanza con buenas formas ni discursos institucionales. Porque cuando hay decretos con montos exactos que evidencian contrataciones por más de 500 mil dólares, el problema no es el tono del periodismo ni la incomodidad del poder. El problema es lo que esos documentos muestran. Al final, la intervención de Romero, que pretendía elevar el debate, terminó dejando algo mucho más concreto en evidencia: la incomodidad de un poder que, cuando es observado de cerca, elige cerrarse antes que explicar. No hubo autocrítica. Hubo blindaje. No hubo respuestas. Hubo desplazamiento. Y, sobre todo, quedó un mensaje claro: la preocupación ya no es la denuncia, sino quienes se animan a sostenerla.
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