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» La Nacion
Fecha: 19/03/2026 18:31
Bajo la fachada de un boliche funcionaba un prostíbulo donde explotaban a 50 mujeres frente al cementerio de Recoleta La maquinaria investigativa judicial se activó como una denuncia anónima. Una persona llamó a la línea gratuita 145, que depende de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), para dar cuenta de que bajo la fachada de un boliche situado frente al cementerio de Recoleta funcionaba un prostíbulo encubierto donde se cobraba entre 30.000 y 50.000 pesos para sentarse en una mesa acompañado de una mujer. También relató que en el lugar se arreglaban encuentros sexuales que se concretaban en un hotel cercano y que las chicas, entre las que había menores de edad, no podían salir antes de las 6.30. Eso fue el 6 de abril de 2022. Casi cuatro años después, el juez federal Sebastián Casanello procesó sin prisión preventiva a nueve hombres por el delito de trata de personas, acusados de explotar sexualmente a 50 mujeres, algunas de ellas menores de edad. El comercio DLirio, situado en Vicente López 2134 bajo la máscara de un bar en pleno centro porteño funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio para la explotación sexual de mujeres de manera clandestina. La investigación de campo y las comunicaciones entre las personas imputadas dieron cuenta de la captación y del desarrollo progresivo de la explotación bajo un estricto dispositivo de control (estaba regulado el acercamiento a los clientes, el tipo de acuerdo que debían realizar, la actividad sexual y el producido económico en favor de los dueños del negocio), sostuvo el juez Casanello en la resolución a la que tuvo acceso LA NACION. Durante la investigación se determinó que dos de las 50 mujeres explotadas sexualmente eran menores de edad, como se sostuvo en la denuncia anónima que dio inicio a la causa. Según consta en el expediente, los sospechosos se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y las sometieron a un estricto sistema de control. Los hechos habrían ocurrido al menos entre abril de 2022 y el allanamiento realizado el 9 de julio de 2024. Cinco de los acusados quedaron procesados como presuntos coautores del delito de trata de personas agravado por la existencia de menores de edad, mientras que los otros cuatro fueron considerados partícipes necesarios del mismo delito. El magistrado trabó un embargo sobre los bienes de los nueve imputados hasta cubrir la suma de $7800 millones. La pesquisa estuvo a cargo de la Fiscalía Federal N°12, conducida por la fiscal Mángano, quien junto con su colega Marcelo Colombo también es titular de la Protex. El local funcionaba bajo la cobertura formal de la sociedad Gran Recoleta S. A., integrada por dos de los actuales imputados y un tercero fallecido en 2024, quienes se ubicaban en la cúspide de la organización y utilizaban la firma como pantalla para obtener habilitaciones comerciales y encubrir la actividad ilícita. A su vez, uno de esos acusados también se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres y asignarles clientes; otro imputado cumplía funciones de administración general e incorporación de nuevas trabajadoras; un tercero realizaba tareas de reclutamiento a través de redes sociales; y otro gestionaba las reservas y registraba las ganancias derivadas del consumo de copas. Asimismo, otros cuatro imputados intervenían como partícipes necesarios en tareas operativas vinculadas con la administración del local, el registro de las mujeres, la recepción del dinero y la coordinación logística diaria", se informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. Las víctimas eran captadas en redes sociales, como Instagram, Facebook y WhatsApp, mediante ofertas laborales bajo el término presencias: era el engaño para convencerlas. El local abría sus puertas de lunes a domingo en horario nocturno (de 22 a 6). El acceso era exclusivo para clientes varones y, como condición para su ingreso, debían contar con reserva previa de una mesa o el pago de una consumición mínima. Aunque funcionaba bajo el modelo comercial de un bar, su función principal era servir de espacio para prostituir mujeres (contaba con habilitación de la Agencia Gubernamental de Control para los rubros restaurante, cantina, casa de lunch, café bar y despacho de bebidas), explicó Casanello en el momento de dictar los procesamientos. Según se desprende de la citada resolución, los encuentros sexuales se concretaban en un hotel alojamiento cercano al prostíbulo y en los hoteles Alvear y Faena. Los montos de los encuentros sexuales (pases) oscilaban entre 150 y 500 dólares, y ellos debían contar con la aprobación de los organizadores, quienes retenían un mínimo de 100 dólares, se sostuvo en el expediente judicial. Y se agregó: El local funcionaba como empresa y mantenía un control administrativo riguroso de sus ingresos y deudas. Se aceptaban diversos medios de pago, incluyendo efectivo, tarjetas de débito y crédito, Mercado Pago, dólares y transferencias bancarias directas a la firma Gran Recoleta. No obstante, se incentivaba el uso de efectivo mediante el ofrecimiento de descuentos. El registro de los ingresos se llevaba a cabo mediante listados manuscritos y fotografías de comprobantes no fiscales, detallando la recaudación de cada mesa y los importes percibidos por cada medio de pago. Asimismo, los clientes habituales contaban con cuentas corrientes y deudas que los encargados registraban minuciosamente en cuadernos. Además se explicó que los clientes solo eran hombres que podían ingresar con reserva o comprando mesas (modalidad de adquirir un espacio exclusivo, generalmente con ubicación preferencial), precios que variaban entre los 200.000 y 500.000 pesos. Para el juez, quedó probada la hipótesis de la fiscalía de que las mujeres eran exhibidas como objetos y debían tolerar abusos por parte de los clientes, bajo el aval y permiso de los organizadores. Todo como camino introductorio a los encuentros sexuales a cambio de dinero.
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