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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 18/03/2026 16:10
La salud global se enfrenta a un dilema que trasciende fronteras y economías: cómo garantizar que, ante una nueva emergencia sanitaria, el acceso a vacunas y tratamientos no dependa del azar del nacimiento o la riqueza de un país. El debate actual pone en cuestión el significado mismo de equidad. La pandemia vino a cambiarlo todo: obliga a repensar si el derecho a protegerse será un privilegio de pocos o una responsabilidad compartida por todos. A pocas semanas de una nueva ronda de negociaciones en la sede de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se discuten reglas que podrían determinar el acceso global a vacunas, diagnósticos y tratamientos en futuras pandemias. El debate se centra en cómo repartir estos recursos esenciales y evitar que se repita la desigualdad vivida durante la pandemia de COVID-19, cuando los países más recuersos accedieron primero. El Anexo sobre Acceso a Patógenos y Reparto de Beneficios (PABS), considerado por la OMS un componente clave del Acuerdo sobre Pandemias adoptado en mayo de 2025, es el foco de atención internacional. Según el organismo, este mecanismo busca que los países que comparten muestras de virus y datos científicos reciban también una parte proporcional de los beneficios derivados, como nuevas vacunas o tratamientos. Actualmente, más de 80 países en desarrollo exigen contratos estándar obligatorios para regular el uso de muestras y datos genéticos con potencial pandémico, según informó la organización de salud pública AIDS Healthcare Foundation (AHF). Estos contratos incluirían condiciones claras de reparto de beneficios, transferencia de tecnología, cooperación científica y acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos. Según advirtió AHF la Unión Europea está bloqueando compromisos vinculantes de equidad sanitaria en estas discusiones. El Director de Incidencia de AHF para América Latina y el Caribe, Francisco Rubio, afirmó: Durante el COVID vimos cómo los países con más recursos aseguraban vacunas y tecnología médica mientras millones de personas en regiones como América Latina esperaban acceso a herramientas básicas para salvar vidas. La equidad sanitaria no puede depender de donaciones tardías; requiere compromisos claros Los ejemplos abundan. Solo por citar un ejemplo de tantos, AHF Argentina y Fundación Huésped firmaron recientemente, un acuerdo de colaboración para impulsar acciones en salud sexual integral y prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS) en Argentina. Enfermedades como el VIH, son parte vital de un ecosistema que necesita además de equidad, información precisa. Una alerta reciente infundada sobre la transmisión del VIH evidenció cómo las redes sociales pueden ser un canal para la desinformación, que dificultan los avances en prevención y tratamiento, además de reforzar la discriminación hacia las personas que viven con esta patología. Una cadena viral circuló el año pasado en redes sociales y servicios de mensajería, asegurando que un niño de 10 años en Barbados había adquirido VIH tras consumir piña presuntamente contaminada con sangre de una persona infectada. Este contenido fue rápidamente desmentido por especialistas y organizaciones como AIDS Healthcare Foundation, quienes afirmaron que la información no tiene ninguna base científica. Fernando Ariel García Terrón, director del Instituto AHF de Salud Pública Global para Latinoamérica y el Caribe, explicaba en una nota anterior a Infobae: Nuestro compromiso es brindar información certera, sustentada en la evidencia científica, para educar a la población y evitar una pandemia de desinformación. La importancia de las garantías de acceso equitativo en futuras emergencias sanitarias Según informan desde AHF, durante las negociaciones en la OMS, la Unión Europea propuso liberar únicamente el 20% de la producción de vacunas, diagnósticos y tratamientos en caso de pandemia. De ese porcentaje, solo la mitad el 10% del total estaría garantizada como donación, mientras que el resto dependería de acuerdos comerciales entre fabricantes y países interesados, según los documentos presentados por la delegación europea. Esta postura generó preocupación entre países en desarrollo, que alertan sobre el riesgo de que se repita una fila VIP en el acceso a vacunas. Bajo este esquema, los países con mayores recursos económicos tendrían prioridad para adquirir la mayor parte de la producción, mientras otras regiones quedarían en lista de espera, detalló AHF. La pandemia de COVID-19 evidenció profundas desigualdades en la distribución mundial de vacunas y tratamientos. Iniciativas como COVAX, impulsada por la Alianza para las Vacunas GAVI y la Organización Mundial de la Salud, distribuyeron cerca de 2.000 millones de dosis de vacunas en 146 economías. Sin embargo, la cobertura fue muy desigual. Los países de altos ingresos aseguraron el acceso temprano a los insumos, mientras que regiones enteras, especialmente América Latina y el Caribe, enfrentaron retrasos considerables para obtener herramientas básicas de protección. En 2021, América Latina concentraba alrededor del 8% de la población mundial, pero registró aproximadamente el 30% de las muertes por COVID-19, según datos de AHF. Esta disparidad se reflejó en la adquisición anticipada de vacunas. Según análisis publicados en la revista médica The Lancet, los países de mayores ingresos, que representaban solo el 16% de la población mundial, lograron asegurarse al menos el 70% de las vacunas disponibles durante ese año. Esta brecha dejó a la mayoría de la población mundial esperando el acceso a recursos esenciales para salvar vidas. Diversos estudios estiman que más de 1 millón de muertes en 2021 podrían haberse evitado si las vacunas se hubieran distribuido con mayor equidad. Estas cifras y experiencias pasadas son ahora argumentos centrales en las negociaciones internacionales, donde países y organizaciones buscan evitar que la historia se repita en futuras emergencias sanitarias. Las organizaciones de salud pública y la sociedad civil han presentado exigencias concretas ante la Unión Europea para evitar que se repitan los patrones de desigualdad sanitaria observados durante la pandemia. La principal demanda establece que sin equidad, no hay acuerdo Entre los mecanismos propuestos destacan los contratos vinculantes para fabricantes y usuarios comerciales, quienes deberían participar en sistemas obligatorios de reparto de beneficios. Esto implica garantizar acceso equitativo a vacunas, diagnósticos y tratamientos, conceder licencias no exclusivas a fabricantes de países en desarrollo durante emergencias y establecer contribuciones financieras anuales. Además, se reclama la creación de mecanismos de registro de usuarios y trazabilidad que permitan identificar quién accede a los patógenos y con qué fines. La participación significativa de la sociedad civil es otro de los ejes reclamados. Las organizaciones insisten en la importancia de la transparencia, la rendición de cuentas y la integración de comunidades en el proceso de toma de decisiones para resguardar la equidad sanitaria. Advierten que aprobar un anexo débil podría perpetuar las desigualdades vistas durante el COVID-19 y limitar los esfuerzos por fortalecer la producción regional y la soberanía sanitaria de los países de ingresos bajos y medios.
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