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Paraná » 9digital
Fecha: 18/03/2026 11:57
El colectivo de discapacidad de Entre Ríos comenzó una medida de fuerza de dos jornadas para visibilizar una crisis que, según denuncian, ya es insostenible. El reclamo central apunta al incumplimiento de los pagos por parte de organismos como IOSPER, PAMI e Incluir Salud, sumado a un desfasaje arancelario que impide cubrir los costos básicos operativos de los servicios. Según supo AHORA, la situación es terminal para muchas instituciones y profesionales independientes. Amarú Méndez, presidenta de la asociación NEUROCEA (Asociación civil de Autismo, Asperger y Neurodiversidad de Entre Ríos), habló con Canal 9 Litoal y señaló que la falta de actualización en los valores de las prestaciones desde finales de 2024 ha dejado al sector sin margen de maniobra frente a la inflación. Deudas y éxodo de profesionales El principal eje de la protesta radica en la irregularidad de los cobros. Los prestadores denunciaron que, mientras los costos de vida y mantenimiento de los consultorios suben, los pagos llegan con meses de retraso. Esta asfixia financiera está provocando un fenómeno preocupante en la provincia: el éxodo de profesionales hacia la atención privada, dejando a miles de familias que dependen de la cobertura de seguridad social en un estado de total desamparo. La preocupación es mayor en el interior de la provincia, donde las opciones de atención son limitadas. Desde el sector indicaron que el sistema público de salud no tiene la capacidad de absorber la demanda de especialistas en neurología, psicología o fonoaudiología, lo que convierte a la crisis de los prestadores privados en un problema de salud pública generalizado. El cierre de centros de día Uno de los puntos más alarmantes del reclamo es la advertencia sobre el cierre inminente de centros de día. Estas instituciones, que brindan contención y terapia a personas con discapacidades severas, no pueden sostener sus estructuras con los aranceles actuales. A pesar de existir una Ley de Emergencia en Discapacidad, los trabajadores aseguran que las soluciones administrativas no llegan a los bolsillos de quienes prestan el servicio. El paro de 48 horas busca que el IPRODI y las autoridades provinciales intervengan de manera urgente para garantizar que el ajuste no siga recayendo sobre los derechos de las personas con discapacidad y la estabilidad laboral de sus terapeutas.
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