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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 18/03/2026 06:01
El tratamiento de la Ley de Glaciares se convirtió en un foco de tensión en el Congreso. Tras la sanción exprés en el Senado, el proyecto se empantanó en Diputados y ahora enfrenta un obstáculo inesperado: la audiencia pública convocada por obligación legal desbordó todas las previsiones. Hasta el momento se anotaron más de 70 mil personas para participar en las dos jornadas previstas, aunque la inscripción sigue abierta hasta el viernes. La magnitud del interés choca con la estrategia del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), que busca acelerar el trámite para favorecer la explotación minera en la cordillera. Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Ambiente, Nicolás Mayoraz y José Peluc, advirtieron que será imposible dar lugar a todos los inscriptos. Según el esquema definido, solo podrán exponer los primeros anotados de cada provincia, con un máximo de cinco minutos por intervención. El resto deberá enviar un texto o video que será anexado, lo que deja afuera a más de 69 mil participantes. La oposición y organizaciones ambientalistas reclaman ampliar el debate a más días y acusan al oficialismo de restringir la participación ciudadana, incluso con la amenaza de judicializar la norma por violar el Acuerdo de Escazú. El peronismo insiste en que la organización fue deficiente y que la exclusión masiva vulnera derechos de acceso a la información y participación ambiental. El trasfondo es la presión de las empresas mineras, que buscan una sanción rápida y definitiva. Sin embargo, la masiva inscripción de ciudadanos y colectivos ambientales muestra un escenario de resistencia social que podría frenar los tiempos legislativos. La gente se está anotando masivamente, vamos a ser cientos de miles, celebran desde el movimiento ambientalista, que llama a seguir inscribiéndose para visibilizar el rechazo. La disputa por la Ley de Glaciares se convierte así en un nuevo capítulo de la tensión entre desarrollo extractivo y defensa ambiental, con un Congreso que deberá decidir si escucha la voz de miles de ciudadanos o prioriza la urgencia de las corporaciones.
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