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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 17/03/2026 12:24
La Fundación CAUCE: Cultura Ambiental Causa Ecologista presentó, junto a ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil de la región del río Uruguay, un pedido formal de acceso a información pública ambiental ante el Ministerio de Ambiente de la República Oriental del Uruguay. La solicitud está vinculada al proyecto de instalación de una planta de combustibles sintéticos que la empresa HIF Global impulsa en el departamento de Paysandú. El requerimiento surge ante la preocupación por los posibles impactos ambientales que la iniciativa industrial podría generar en la cuenca compartida del río Uruguay. Las organizaciones firmantes remarcaron la necesidad de contar con información precisa y completa para evaluar los efectos potenciales del emprendimiento, especialmente en comunidades de ambos países. En ese marco, el pedido incluye el acceso a documentación clave relacionada con el proyecto, entre ella el expediente administrativo completo, estudios de prefactibilidad, evaluaciones de impacto ambiental, informes técnicos de organismos públicos y resoluciones o autorizaciones otorgadas. También se solicita información específica sobre el uso de recursos hídricos, emisiones, efluentes, residuos y evaluaciones de impacto ambiental, social y sanitario. Asimismo, las organizaciones requirieron datos sobre posibles impactos transfronterizos, instancias de participación pública realizadas o previstas, convenios entre el Estado uruguayo y la empresa, y comunicaciones con el Estado argentino o con la Comisión Administradora del Río Uruguay. Otro de los puntos destacados del pedido refiere a la localización del proyecto en relación con el área natural protegida Islas del Queguay, incorporada al sistema de áreas protegidas de Uruguay en 2025, lo que añade una dimensión adicional de sensibilidad ambiental. Desde la Fundación CAUCE subrayaron que el acceso a esta información resulta esencial para garantizar el control democrático y la participación ciudadana informada, derechos contemplados en el Acuerdo de Escazú. Este acuerdo establece estándares para el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Finalmente, la solicitud recuerda que el acceso a la información pública constituye un derecho humano reconocido por la jurisprudencia del sistema interamericano, y enfatiza la obligación de los Estados de prevenir daños ambientales que puedan afectar a otros países, particularmente en contextos de ecosistemas compartidos.
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