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» Clarin
Fecha: 17/03/2026 06:49
Las familias del Barrio Padre Mugica, en Retiro, están asistiendo a una serie de controles en el espacio público y en la actividad comercial que los tiene en vilo. Según datos oficiales, hay 1.517 locales en la trama de este asentamiento, que tiene 90 años de historia en la Ciudad, 72 hectáreas y más de 45.000 habitantes. En estos días se viralizaron videos y publicaciones en redes sociales de operativos organizados por la Ciudad, en los que participó la policía, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y diversos ministerios. El objetivo es implementar "un plan de ordenamiento" en el barrio, tal como lo define el Ejecutivo porteño. Entre otras cosas, impedir que las viviendas y los locales comerciales se "expandan" hacia el exterior; que dejen de operar los corralones de venta de materiales y limitar así la construcción en altura; formalizar las actividades comerciales; y desalojar terrenos ocupados. Para dar contexto, el barrio tiene su propia ley de urbanización que le pone normativa a la construcción y también a los usos comerciales. Se trata de la ley 6.129 (de 2018) que dio el marco legal para las obras de infraestructura -como el saneamiento, apertura de calles, de espacios verdes y deportivos- y el mejoramiento de las viviendas; además de la construcción de vivienda nueva. Una de zonas más sensibles del proceso de urbanización fue la mudanza de cientos de familias del Bajo Autopista, que vivían en condiciones deplorables; son las que fueron trasladadas a las nuevas viviendas, distribuidas en 26 edificios bajos, de 3 pisos. Ahora esta zona desalojada es un gran predio deportivo, con un centro comunitario, canchas de fútbol y de pickleball. Justamente usando parte de la cancha de pickleball, Marcial y Rolo charlan con Clarín mientras arreglan motores de autos. Tienen claro que, con los nuevos controles a los comercios, su oficio está en jaque: "Por el momento, seguimos trabajando. Estamos en alerta, sobre todo preocupados por nuestras herramientas. No queremos que se lleven nuestras cosas". Video En uno de los operativos, los vecinos filmaron cómo la policía se llevaba herramientas, mercadería e insumos de corralones; incluso maquinaria. Por eso temen que les pase lo mismo. Marcial llegó a la 31 en 2013, desde Paraguay. Aquí formó familia, tiene una hija de 7 años que ya está en segundo grado en una escuela pública de Recoleta. Y aunque en los últimos años su situación económica no mejoró, tiene claro no vuelve a su país: quiere que se hija continúe su educación aquí. La Ciudad aclaró que las clausuras alcanzan sólo a los rubros prohibidos, como corralones, distribuidores mayoristas y metaleras (que comercializan los metales que se roban y vandalizan en el espacio público). También se desmanteló un lavaderos de autos, una gomería y un taller de chapa y pintura; y carteles publicitarios que se veían desde la Autopista Illia, mano al Centro. La Ciudad entiende que a nivel de la infraestructura se avanzó con obras sanitarias -cloacales y pluviales-, tendido de redes de electricidad, agua, apertura de calles y construcción de viviendas. Y si bien se continúan haciendo algunas obras anexas, ven necesario avanzar en otros aspectos: "A medida que se fueron resolviendo los temas de infraestructura críticos, empezaron a aparecer otros temas a resolver que quizá son más incómodos para el rol del Estado. Y el espacio público que se ganó con la urbanización hay que respetarlo. Si no se respeta, hay que hacerlo respetar desde el Estado", le dijo a Clarín Guillermo Barberis, Subsecretario de Abordaje Territorial y Obras del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El primer paso hacia este ordenamiento se dio en febrero de 2024, cuando se desalojó una feria enorme sobre calle Perette. Comenzó como una feria de venta de ropa usada y terminó transformada en un caos que avanzaba hasta practicamente hacer imposible el ingreso al barrio. Incluso puestos que se habían convertido en viviendas ultra precarias; y la Ciudad detectó la venta de objetos que habían sido robados. En este sentido, Barberis refleja de alguna manera el concepto que el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, agita como bandera; esa idea de "recuperar el orden en las calles", en relación a los cortes, los manteros, las personas que revuelven los contenedores y la recuperación de viviendas tomadas. Armando fue uno de los primeros puesteros en la feria de Perette, vendiendo zapatillas y zapatos usados. Ahora logró un lugar en la feria oficial: "El uso del espacio es un drama en el barrio. Siempre hubo mucha disputa, pero ocurre porque para la mayoría es el sostén económico familiar. Desde que desalojaron Perette, el orden se sostuvo y no tenemos mayores conflictos", le dijo a Clarín. Llegó al barrio desde Tarma (Perú) hace 11 años y vive en el sector Güemes. Aunque no es zapatero, se da mañana para arreglar y mejorar algunas de las zapatillas que revende. En estos días muchos comerciantes con locales a la calle están trabajando a puertas cerradas. Tienen miedo que en los controles les quiten la mercadería. Así es que no se expanden hacia las veredas con su mercadería y lógicamente calles como Flor de Otoño -que es donde funciona el centro comercial más importante del barrio- se ven más despejadas. Al menos durante los días de semanas, porque los vecinos le dijeron a Clarín que los sábados y domingos sí están sacando las cosas a la calle. El propietario de una carnicería se preguntó: "¿Corren los mismos controles para nosotros que para las mesas y las sillas en los bares y restaurantes, que invaden todo en toda la Ciudad? Nosotros entregamos verduras en un local de Palermo que no sólo ocupa toda la vereda, sino que además en la calle puso macetones para que los autos no estacionen al lado de las mesas". Pascuala vende pimientos, ajos enormes, laurel, canela en rama, condimentos y salsas para la cocción de platos típicos peruanos y bolivianos; vende también un pesto de cilantro muy elogiado por los vecinos. Hace 28 años que vive en el barrio, su casa está ubicada sobre la Flor de Otoño. Tiene montado su puesto en un carrito de supermercado que puede mover con facilidad, no sólo para sacarlo y guardarlo en su casa, sino también en caso de que haya alguna emergencia y tenga que circular una ambulancia, por ejemplo. "Entiendo la preocupación de los comerciantes, pero también hay que decir que por esta calle casi no podían circular autos por la cantidad de puestos y manteros. Acá nomás hay una biblioteca, un CeSAC, el cuartel de bomberos, la policía, una oficina de documentos, la casa de la cultura. Hay muchas familias circulando todo el tiempo, muchos chicos. Si hubiera una desgracia, no sé como pasaría un camión de bomberos", dice la vecina. Ya lleva viviendo aquí 28 años; llegó desde Perú (Lima) y orgullosa cuenta que tiene 12 nietos. En este paseo comercial todo el mundo conoce a Petita. ¿Es posible la formalidad en el barrio? "Para habilitar los comercios se necesita cumplir con mínimos requisitos. Tengamos en cuenta que los vecinos del barrio no pagan agua, luz, ni ABL. Mientras que los vecinos del resto de la Ciudad pagan todo esto y además el IVA, Ingresos Brutos, expensas, etc. Entonces la idea es hacer un poco de justicia con estos temas, más teniendo en cuenta que aquí el Estado hizo una inversión muy importante. Pero por otro lado, porque en la villa esta irregularidad da pie para que haya personas que aprovechen para hacer negocios inmobiliarios. Hay comerciantes que pagan hasta $1.800.000 por mes para alquilar un local", aseguró Barberis. Reforzaron el concepto de que un kiosco o un almacén, una verdulería o un bazar, no van a ser clausurados. "Van a tener la oportunidad de presentar los documentos requeridos. Y también lo mínimo sobre los cuidados para el local y el barrio, como es un matafuegos, que haya a mano una herramienta que mitigue un incendio antes que lleguen los bomberos", explicaron. Desde 2021 existe una normativa específica para habilitar locales en el barrio: se requiere inscribir la actividad en ARCA, contar con DNI o CUIT, título de propiedad o contrato de alquiler, y realizar el trámite en la AGC. "¿De qué título de propiedad están hablando? El principal problema que hay en el barrio es que no tenemos titulo de propiedad. Justamente vivimos en la informalidad. Por otro lado, muchos no tampoco tenemos un contrato de alquiler, porque es nuestra vivienda. No se entiende qué buscan con esto", le dijo a Clarín un kiosquero que en la zona del barrio YPF estaba trabajando con las cortinas bajas. Su preocupación es que les impidan vender las garrafas de gas domiciliarias (las de 10 kg). Como las garrafas tienen una gran demanda en el barrio -no hay red de gas formal-, muchos comercios las venden, se consiguen en kioscos, verdulerías, almacenes, etc. Tienen un costo aproximado de $ 22.000. Y se ven todo el tiempo los carro-motos trasladando las garrafas de un lado al otro. YPF también tiene permiso de ingresar al barrio y cargar las garrafas que son más grandes, de hasta 100 kg. Asomada a las rejas de su local, Genoveva lamenta que estos controles están complicando la venta en un momento muy difícil. "Yo no tengo miedo porque no vendo nada que pueda generar problemas, pero me complica no poder exponer en la vereda todos mis productos, porque es claro que así vendo menos", dijo. Hace casi 30 años que vive en el barrio; construyeron un edificio estrecho, de tres pisos, en el que viven también sus hijos. Sólo familia. Y en la planta baja, el local de venta de productos de limpieza. "La gente conoce perfectamente la ley. Te puedo asegurar que acá en el barrio hay un alto nivel de conocimiento. Por ejemplo, todos saben como reclamar por sus viviendas, por los servicios, cómo hacer los trámites. Estas normativas tienen muchos años y nosotros desde fines de 2024 venimos informando qué se necesita para habilitar los comercios. Ahora los vecinos nos están reclamando que avisemos cuándo vamos a hacer los controles, lo que es absurdo, lógicamente", explicó Barberis. Según datos oficiales, hay en el barrio 12.657 unidades funcionales. Y rige la prohibición de construcción y ampliación en aquellas que fueron intervenidas por el Estado en años anteriores. Actualmente no se hacen más obras en viviendas. Hay dos obras cloacales y pluviales en curso y otras dos, de centrales de baja tensión de electricidad; explicaron que se hacen según normativa de Edesur y Edenor, para que en el futuro puedan "conectar" las viviendas y que comiencen a pagar el servicio. Hay 880 viviendas escrituradas. SC Sobre la firma Newsletter Clarín
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