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» Clarin
Fecha: 17/03/2026 06:19
La influencia de los gobernadores sigue en ascenso. Tras la decisiva aprobación de la ley de reforma laboral, el Gobierno buscará la modificación de la ley de glaciares ya durante el periodo de sesiones ordinarias. Pero las negociaciones para esta ley con la oposición dialoguista muestran quizás más dificultades que con la reforma laboral. El proyecto que impulsa Javier Milei busca ampliar el área de territorio bajo glaciares que pueda ser explotada económicamente. La relación de fuerzas en la Cámara Alta es muy estrecha, mucho más que la que tenía el oficialismo para la reforma laboral. El Gobierno cuenta con los votos justos: treinta y siete senadores, la cantidad mínima necesaria para alcanzar quórum y aprobar proyectos. Pero para ello necesita sumar a legisladores del peronismo cordillerano, cuya posición no está clara ni definitiva. En esta ley los particularismos provinciales juegan un rol decisivo, mucho más que en la anterior. Ello implicará un mayor esfuerzo negociador por parte del gobierno nacional. La Casa Rosada enfrenta dificultades en el peronismo dialoguista. Desde este sector se oponen los de Chubut, Córdoba y Corrientes; en cambio, lo apoyarían varios de Misiones, Salta y Neuquén. Es con este tipo de relación de fuerzas que el gobierno nacional se vería necesitado de negociar con el mayor bloque opositor, que acaba de tener tres nuevas escisiones. Aprovechando el viaje de Milei a Estados Unidos, la Casa Rosada buscó formalizar un apoyo institucional a este proyecto del gobierno nacional. Invitó a una decena de gobernadores a participar de la Semana Argentina en New York, en la que tendrían reuniones con empresarios y banqueros relevantes de JP Morgan, Bank of America y Citibank, entre otros. Fueron invitados los que recientemente se mostraron más alineados con el Gobierno en las negociaciones por la ley de reforma laboral, como Osvaldo Jaldo de Tucumán y Gustavo Sáenz de Salta, aunque el primero y el de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, eludieron la convocatoria, argumentando razones particulares. Los que aceptaron sin dudarlo fueron el radical Alfredo Cornejo de Mendoza (su provincia sería el máximo productor de cobre); el gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, que fue electo por el PRO y gobierna la provincia con mayor reservas de oro; y el chubutense Ignacio Torres, cuya provincia sería la más rica en tierras raras y uranio, y viajará unos días antes para participar en un simposio minero que se realiza en Canadá. No obstante, en lo que sí han coincidido los gobernadores es en no subirse al avión ARG-01 de la flota presidencial, evitando viajar con el presidente. Fueron invitados también al encuentro los gobernadores Carlos Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca) y Carlos Sadir (Jujuy). Al Gobierno le hubiera gustado aparecer presidiendo una foto con esta decena de gobernadores para mostrar ante los inversores la solidez de su apoyo a la Casa Rosada. Pero ellos hasta ahora parecen dispuestos a eludirlo. Es que el cambio de la geopolítica provincial que generó la reforma constitucional de 1994, que provincializó los recursos del subsuelo, es un cambio que favorece al poder de los gobernadores, que cada día se hace sentir más. Las provincias de Buenos Aires, CABA, Santa Fe y Córdoba (los distritos que concentran casi dos tercios de los votos del país) no estarán presentes en este encuentro para hablar con los inversores. Es que en el ámbito empresario se percibe claramente que hasta hace pocos años la Argentina era un país productor de alimentos, de los cuales la soja jugaba un rol central. Ahora, en cambio, se suman dos elementos nuevos: los hidrocarburos -petróleo convencional, no convencional, gas- y los minerales -cobre, oro, litio, plata, tierras raras y otros-. Este protagonismo de los gobernadores ha cambiado la política. Hasta el pasado reciente las decisiones las tomaban los partidos, en función de lo resuelto por las estructuras nacionales del peronismo y el radicalismo en la Ciudad de Buenos Aires. El centro del poder político estaba donde se encontraba también el institucional, pero esto hoy ha cambiado. Las provincias comienzan a organizar grupos locales y regionales que toman decisiones pensando más en los intereses provinciales que en los nacionales. Esta es la compleja situación política con la que el Ejecutivo enfrentará el desafío de aprobar la modificación de la ley de glaciares. Sobre la firma Newsletter Clarín
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