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Paraná » 9digital
Fecha: 16/03/2026 19:56
La remisión a juicio de la causa por enriquecimiento ilícito contra el exgobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, y el empresario paraguayo Diego Armando Cardona Herreros, dueño de la firma Relevamientos Catastrales SA, esta semana no tendrá actividad producto de que el juez de Garantías, Mariano Budasoff se dedicará a resolver los primeros planteos realizados por los defensores y los fiscales. En el expediente también figura Rubén Martínez, considerado hombre de paja dentro del entramado, quien ya firmó una probation de tres años aún le restan diez meses de cumplimiento, representado por el abogado Tomás Virgala. Tras un cuarto intermedio dispuesto por el juez de Garantías Nº 7, Mariano Budasoff, en la audiencia del 12 de marzo, se fijó la continuidad de la audiencia de remisión de la causa a juicio para el miércoles 25 de marzo, a las 9, en el Salón de Audiencias Nº 1. Quedaron sin efecto las audiencias previstas para los días 17, 18 y 19 de marzo. Durante las audiencias, los abogados defensores José Velázquez, Miguel Ángel Cullen e Ignacio Díaz plantearon tres ejes centrales: Prescripción y plazo razonable, argumentando que los tiempos del proceso exceden lo permitido por la ley. La causa se inició en 2015 e investiga el periodo 2008-2015. Se estima que el exgobernador no puede justificar un patrimonio de 11.000.000 dólares. Doble persecución penal, al sostener que se utilizan las mismas pruebas en la causa de negociaciones incompatibles y en la de enriquecimiento ilícito. Exclusiones probatorias, cuestionando principalmente la evidencia digital y la cadena de custodia de dos computadoras secuestradas en la vivienda de Cardona Herreros. Según la defensa, el acta de allanamiento consignó el secuestro de dos equipos, pero el acta de entrega registró solo uno, lo que afirman evidencia irregularidades en la custodia. La Fiscalía, en cambio, sostuvo que ambos equipos llegaron a Paraná y que la diferencia en las actas fue un error administrativo sin impacto en el fondo de la causa. La resolución de estos planteos quedará en manos del tribunal, mientras la causa avanza hacia una instancia clave que definirá si se eleva a juicio. La acusación fiscal La acusación estima que el enriquecimiento injustificado asciende a más de 11.000.000 de dólares. Para ocultar este patrimonio, la fiscalía sostiene que Urribarri se valió de una estructura de testaferros, señalando como partícipes necesarios al empresario Diego Armando Cardona Herreros y a Rubén Ángel Martínez. La investigación penal preparatoria, basada en peritajes contables y una vasta evidencia digital, detalla cómo los fondos habrían sido canalizados hacia inversiones y consumos de lujo que beneficiaron directamente a Urribarri y su familia. Entre los puntos más destacados de la acusación se encuentran: - Propiedades en Puerto Madero: Se le atribuye la compra de un departamento en el exclusivo complejo Zencity, en el edificio Zafiro, por un valor superior al millón de dólares. La fiscalía halló correos electrónicos donde se referían a esta propiedad como el Depto Pato, en alusión al apodo del exgobernador. - Turismo internacional de élite: La acusación documenta numerosos viajes familiares a destinos como Atenas, París, Roma, Venecia, Miami y Nueva York. Estos paquetes turísticos, a menudo facturados a nombre de Cardona Herreros o gestionados por sus secretarias, habrían sido pagados con dinero no declarado del exgobernador. - Vehículos de alta gama: Se detectaron automóviles (incluyendo modelos VW Tiguan, VW Golf y Ford Focus) registrados a nombre de terceros pero utilizados por el grupo familiar Urribarri. - Bienes suntuarios: La pericia detectó la compra de un reloj Rolex para su cónyuge y esculturas de cristal de Murano adquiridas en Italia. La sigla SDU y el amigo Una de las pruebas clave presentadas por los fiscales es el hallazgo de registros contables paralelos en las computadoras del empresario Cardona Herreros. En estos archivos, el dinero era identificado con la sigla SDU (Sergio Daniel Urribarri) o bajo el concepto de el amigo. Según la fiscalía, Cardona Herreros administraba y custodiaba fondos en efectivo que pertenecían a Urribarri, utilizándolos para cubrir desde deudas impositivas personales del exgobernador hasta multas de tránsito de sus hijos. Pedidos de pena Por estos hechos, el Ministerio Público Fiscal ha adelantado que solicitará penas de cumplimiento efectivo: Sergio Urribarri: 5 años y 10 meses de prisión, inhabilitación absoluta perpetua y una multa del 100% del valor del enriquecimiento. Diego Cardona Herreros: 5 años de prisión y multa equivalente al monto en el que participó. La fiscalía concluye que el daño a la probidad de la función pública ha sido descomunal, considerando que el ilícito se consumó mientras Urribarri ocupaba los cargos más altos de la provincia, lo que implica una mayor conciencia de la ilicitud de sus actos.
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