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    Fecha: 16/03/2026 17:28

    JUSTICIA Y POLÍTICA El desembarco fallido de Mahiques en Entre Ríos 16/03/2026 En el juego de sillas vacías de la Justicia Federal, el flamante ministro de Justicia tiene a la mano la designación de tres cargos en una provincia donde hay 38 por ciento de vacantes. Retrato de la familia Mahiques: Carlos, el padre; Juan Bautista, el ministro; Ignacio, el fiscal que juró para ejercer en Victoria y nunca llegó a pisar la localidad. Juan Cruz Varela De la Redacción de Página Judicial Cuentan dentro del círculo rojo que Juan Bautista Mahiques, flamante titular del Ministerio de Justicia, tiene terminales en Entre Ríos; dicen incluso que hay fotos que lo muestran con dirigentes entrerrianos en alguna visita furtiva a la provincia. Dejando las habladurías de lado, su entronización es la certificación de un pacto con el poder real, el que ordena desde los tribunales y el que manda desde los círculos empresarios. Basta recordar que Mahiques fue representante del gobierno de Mauricio Macri en el Consejo de la Magistratura el organismo que designa y remueve a los jueces y uno de los excursionistas a Lago Escondido, invitado por el Grupo Clarín. Desde esa perspectiva, su designación tiene dos objetivos: desde lo institucional, avanzar en la designación de unos trescientos jueces, fiscales y defensores en la Justicia Federal; y, desde lo político, fortalecer la posición del Gobierno en los tribunales. En su momento, el ex vocal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) Bernardo Salduna advirtió con preocupación sobre la existencia de una comisión que trabajaba en las sombras para influir en la designación de jueces federales, integrada por un doctor Mahiques y que respondía a operadores judiciales del macrismo. El fiscal que no La familia Mahiques tiene una relación muy particular con la provincia de Entre Ríos. Si Juan Bautista conoce la provincia, le saca ventajas a su hermano Ignacio, que llegó a ser fiscal federal de Victoria y nunca pisó el territorio entrerriano. Es curioso, pero los Mahiques hicieron carrera de la mano del peronismo. Se les atribuye una relación con Eduardo Wado de Pedro, oriundo de Mercedes, como ellos. Carlos, el padre del clan, llegó a la Cámara Federal de Casación Penal; Juan Bautista tiene una frondosa carrera en el Poder Judicial; y Esteban es funcionario de Cancillería. Ignacio es el menor de los hermanos. En junio de 2015, a sus 30 años, Cristina Fernández de Kirchner lo propuso como fiscal federal de Victoria. El juzgado no estaba habilitado, pero la fiscalía llevaba expedientes que tramitaban en Paraná. El joven Mahiques juró e inmediatamente la procuradora general Alejandra Gils Carbó dispuso su traslado a la Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Número 35 de la Ciudad de Buenos Aires. Nunca pisó la localidad entrerriana. No la conoce. A los pocos meses, ya con la ex Presidenta fuera del poder, pasó a colaborar con el fiscal Gerardo Pollicita en causas por corrupción contra la ex mandataria y su familia. El 6 de diciembre de 2022 un tribunal condenó a Cristina Fernández de Kirchnera a seis años de prisión por delitos de corrupción. Diego Luciani se llevó la marca y quedó retratado en las fotos de aquel juicio; pero fue Ignacio Mahiques, aquel a quien ella había designado y la entonces procuradora favoreció con un traslado, quien aportó la plataforma fáctica de los hechos que derivaron en esa condena. Mahiques retuvo el cargo hasta 2023, cuando renunció para asumir como juez de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se fue de Victoria sin haberla conocido. Terna renga Juan Bautista, el flamante ministro, ex funcionario de la Procuración General de la Nación y representante en el Consejo de la Magistratura durante el macrismo, tiene sobre su escritorio más de trescientas ternas de jueces, fiscales y defensores para cubrir vacantes en todo el país y tres de ellas en Entre Ríos. La situación de las vacantes en la Justicia Federal es problemática desde hace años, aunque se aceleró en el último tiempo, a partir de la renuncia de magistrados que están obligados cuando cumplen 75 años y otros que deciden acogerse a la jubilación ante la posibilidad de que se modifique el régimen previsional. El otro factor que una deliberada decisión de Javier Milei de no remitir pliegos ni promover los acuerdos en el Senado. El resultado es una demora en la tramitación de causas y un desorden en el funcionamiento del sistema judicial. En el universo de sillas vacías, Entre Ríos tiene trece vacantes, que representan el 38 por ciento del total de cargos; con la característica de que la distribución geográfica complejiza la cobertura con subrogantes que a veces cumplen funciones en distintas localidades, a cientos de kilómetros una de la otra. Si Mahiques se decidiera a avanzar en la cobertura de vacantes, tiene sobre el escritorio las ternas de tres concursos que están concluidos desde hace años: un juez en el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay, elevada al Poder Ejecutivo en 2020; el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Victoria, que se remitió en 2022; y el fiscal federal de Gualeguaychú, en stand-by desde 2024. La cobertura de cada vacante tiene sus complejidades. El Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay fue habilitado en 2017 y juraron como jueces Mariela Emilce Rojas, Jorge Sebastián Gallino y Juan Manuel Iglesias, que habían sido designados en 2015. Pero el ínterin, Iglesias pidió su traslado y fue autorizado a asumir en la provincia de Chaco. Sin embargo, en 2020, la Corte Suprema limitó los traslados a dedo, obligando al magistrado a retornar a su lugar de origen. Lo insólito fue que para ese momento el Consejo de la Magistratura ya se había convocado a un nuevo concurso y había tres postulantes esperando por esa vacante. Al día de hoy, siguen esperando. La solución será el incumplimiento de un fallo judicial, que se consumará el día que el Poder Ejecutivo remita el pliego del postulante para reemplazar al trasladado Iglesias. Pero no es el único problema. El Consejo de la Magistratura remitió al Poder Ejecutivo una terna integrada por Elena Beatriz Dilario, Claudio Daniel Galdi y Patricio Hugo Pagani, en ese orden. Pero la postulante que encabezaba la lista terminó designada en el Tribunal Oral Federal Número 2 de Rosario y la terna quedó renga. Un integrante del Consejo de la Magistratura dijo a Página Judicial que debería devolverse el expediente al organismo asesor para conformar una nueva terna con quien había quedado en el cuarto lugar. Aunque aclaró que hay antecedentes donde eso no ocurrió y el Poder Ejecutivo optó entre quienes quedaron en la lista. Mientras tanto, un tribunal incompleto atenta contra la operatividad y la celeridad de los procesos penales, ya que se requiere la integración con jueces de otras jurisdicciones para la celebración de juicios en la provincia, con la salvedad de que el Tribunal Oral Federal de Paraná también está incompleto. El resultado es una demora en los procesos y un recargo de funciones sobre quienes se mantienen en sus cargos, a tal punto que en la capital provincial hay una agenda de juicios fijada hasta 2029. Dos de tres El lote de designaciones a la mano del ministro, como se dijo, tiene otras dos ternas pendientes en la provincia de Entre Ríos. Por un lado, la postulación del fiscal federal de Gualeguaychú, actualmente en manos de Pedro Rebollo, que encabeza la terna remitida al Poder Ejecutivo. Es quien tiene a su cargo la investigación por el fallido intento de asesinato por sicarios del juez federal Leandro Ríos, el fiscal José Ignacio Candioti y el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia, Néstor Roncaglia. La terna la completan Leandro Gabriel DAscenzo y Juan Agustín Argibay Molina. La otra novedad podría darse con el defensor oficial ante el Juzgado Federal de Victoria, donde el ministro deberá elegir entre Paula Inés Lo Gioia, Ana María Blanco y José Alberto Boxler, que ocupa el cargo interinamente.

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