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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 16/03/2026 08:27
Carlos Merenson Los escándalos, denuncias, conflictos de interés y procesos de captura institucional que atraviesan al primer experimento gubernamental inspirado en el anarcocapitalismo no deben interpretarse como anomalías ni como desviaciones personales. En realidad, revelan algo más profundo: la tensión estructural entre la pureza teórica de una doctrina y las condiciones reales del ejercicio del poder. El anarcocapitalismo fue concebido como una crítica radical al Estado. Pero cuando esa crítica se traslada al interior del propio aparato estatal para gobernar, la teoría enfrenta una contradicción inevitable: para desmantelar el Estado primero es necesario controlarlo. Y es en ese punto donde la utopía comienza a mutar. Rothbard y la pureza marginal de una utopía sin mundo El anarcocapitalismo nació como reacción extrema frente al Estado moderno. Su principal arquitecto, Murray Rothbard, imaginó un orden social regulado exclusivamente por contratos voluntarios, competencia de mercado y justicia privatizada. Su crítica al Estado descansaba sobre una convicción ética radical: toda coerción es ilegítima y toda intervención pública constituye una forma de expropiación. Pero Rothbard nunca tuvo que gobernar. Nunca administró instituciones, nunca enfrentó conflictos sociales concretos, nunca tuvo que lidiar con infraestructuras públicas, desigualdades territoriales o límites ecológicos. Su coherencia descansaba en esa distancia. El anarcocapitalismo podía mantenerse conceptualmente puro precisamente porque permanecía fuera del mundo institucional real. Al no confrontar su teoría con el metabolismo social y ecológico que sostiene toda economía los flujos de energía, los territorios, los ecosistemas su propuesta resultaba moralmente consistente, pero materialmente imposible. Era, en definitiva, una utopía sin mundo. Argentina: cuando la utopía llega al gobierno Con la llegada al poder de Javier Milei, por primera vez el anarcocapitalismo dejó de ser un ejercicio doctrinario para convertirse en programa de gobierno. La paradoja es evidente: predicar la desaparición del Estado desde la cúspide del propio Estado. Ese gesto inaugura la contradicción central del experimento. El antiestatismo deja de ser una crítica al poder y pasa a convertirse en un instrumento para reorganizarlo. La reducción del Estado no implica necesariamente menos poder. Puede implicar simplemente un poder más concentrado y más permeable a intereses privados. Cuando los organismos públicos se debilitan, cuando los controles se desmontan y cuando la legalidad regulatoria es presentada como obstáculo ideológico, el aparato estatal se transforma en un territorio disponible para la captura. Lo que aparece entonces no es la desaparición del Estado. Es su privatización. Cuando la desregulación produce corrupción La experiencia histórica muestra que los procesos de desregulación extrema rara vez generan mercados transparentes y competitivos. Lo que tienden a generar es algo distinto: espacios institucionales donde la influencia económica puede operar sin restricciones. Cuando los controles desaparecen, el Estado no se vuelve irrelevante. Se vuelve vulnerable. Consultoras, grupos de presión, intermediarios financieros, certificadoras privadas y operadores políticos comienzan a ocupar el espacio que antes estaba regulado por instituciones públicas. En ese contexto, la corrupción deja de ser una desviación excepcional. Se convierte en una forma de funcionamiento del sistema. Capitalismo y mafia: una relación histórica La naturalización de prácticas mafiosas como parte inherente del capitalismo no es nueva. Desde la mafia siciliana que administraba contratos por fuera del Estado, hasta el capitalismo mafioso ruso de los años noventa o la articulación entre crimen organizado y mercados globales que analizó Susan Strange (1996), los momentos de desregulación extrema siempre generaron actores privados capaces de gestionar violencia, arbitrar disputas y controlar territorios en la frontera entre legalidad e ilegalidad. La Sicilia del siglo XIX ofrece un ejemplo clásico. Allí, la debilidad del Estado italiano dejó vastas zonas rurales sin instituciones capaces de garantizar contratos o proteger la propiedad. En ese vacío surgieron redes privadas de protección que ofrecían seguridad y arbitraje a cambio de rentas. Un fenómeno similar ocurrió en Rusia tras la disolución de la Unión Soviética. La privatización acelerada de empresas estatales se realizó sin marcos regulatorios sólidos ni sistemas judiciales capaces de garantizar derechos de propiedad. El resultado fue la aparición de un capitalismo donde empresarios, servicios de seguridad privados y organizaciones criminales actuaban simultáneamente como inversores, jueces y fuerzas coercitivas. A escala global, Strange observó un proceso comparable con la liberalización financiera de fines del siglo XX. Al debilitarse la capacidad regulatoria de los Estados frente a mercados transnacionales cada vez más complejos, las mismas infraestructuras financieras comenzaron a ser utilizadas por capitales legales e ilegales. El crimen organizado dejó de ser un actor marginal. Pasó a formar parte del ecosistema económico global. Cuando la ilegalidad se vuelve virtud En el discurso anarcocapitalista contemporáneo aparece además un desplazamiento moral significativo. Muchas leyes económicas son presentadas como ilegítimas. La evasión fiscal puede convertirse en una forma de autodefensa frente al Estado. Las regulaciones aparecen como obstáculos arbitrarios al intercambio voluntario. El resultado es un cambio profundo en la gramática política. La frontera entre legalidad e ilegalidad pierde relevancia normativa. Las propias declaraciones públicas de Milei permiten observar ese marco conceptual. El elogio a los evasores fiscales como héroes, la idea de que la venta de órganos puede ser un mercado más, o la defensa del acceso irrestricto a las armas como si se tratara de cualquier mercancía, componen una visión coherente del mundo. Si la ley es ilegítima, violarla deja de ser un problema moral. La promesa de destruir la casta y la realidad del poder Uno de los ejes discursivos centrales del ascenso político de Milei fue la denuncia de la casta. Con ese término se señalaba a la clase política tradicional como un bloque privilegiado que habría capturado al Estado para beneficiarse a sí mismo a costa de la sociedad. La narrativa era potente porque canalizaba un malestar social real: décadas de crisis económicas, frustraciones colectivas y desconfianza hacia las instituciones representativas. La promesa era radical: terminar con esa estructura parasitaria mediante la reducción drástica del Estado y la eliminación de privilegios políticos. Sin embargo, una vez en el gobierno, la dinámica real del poder mostró algo diferente. La llamada destrucción de la casta no implicó una disolución de las élites. Implicó su reconfiguración. En lugar de desaparecer, las redes de poder se reacomodaron. Funcionarios provenientes del mundo corporativo, operadores financieros, consultores privados y representantes de intereses empresariales comenzaron a ocupar posiciones centrales dentro del aparato estatal. Al mismo tiempo, el propio gobierno debió recurrir a acuerdos parlamentarios con sectores de la política tradicional para sostener su gobernabilidad. La casta, en ese contexto, no desapareció. Se transformó. El resultado no fue un Estado sin élites, sino un Estado donde las élites cambiaron de composición. Y donde, paradójicamente, el lenguaje de la rebelión contra el poder terminó facilitando una nueva forma de concentración del poder. La mutación del liberalismo Paradójicamente, el resultado político del anarcocapitalismo en el poder no conduce a la desaparición del Estado. Lo que emerge es un Estado diferente: más débil frente al poder económico, pero igualmente decisivo como instrumento de transferencia de recursos, desregulación selectiva y habilitación de negocios. Un Estado mínimo no es necesariamente un Estado pequeño. Puede ser simplemente un Estado más vulnerable a la captura corporativa. Como advertía André Gorz, esta mutación convierte la autonomía individual en una máscara que encubre nuevas formas de dominación estructural. La dimensión ecológica del problema La Ecología Política permite ver aún más claramente esta deriva. Las economías reales no existen en el vacío. Funcionan dentro de sistemas biofísicos que imponen límites materiales: energía disponible, ciclos del agua, fertilidad del suelo y resiliencia de los ecosistemas. La desregulación no elimina esos límites. Lo único que elimina son los mecanismos institucionales destinados a administrarlos. Cuando los controles ambientales se debilitan, los incentivos económicos tienden a acelerar procesos extractivos de corto plazo: permisos concedidos sin evaluaciones rigurosas, organismos técnicos neutralizados, certificaciones a medida y territorios convertidos en zonas de sacrificio. En ese contexto, la corrupción ambiental se vuelve una de las formas más graves de degradación institucional. Porque no solo compromete recursos públicos. Compromete los ciclos de la vida. De la utopía al poder La distancia entre la teoría anarcocapitalista y su aplicación política no es simplemente un problema de coherencia personal. Es un problema estructural. Una doctrina concebida para abolir el Estado necesita utilizar el Estado para implementarse. Y en ese tránsito abre espacios donde la retórica libertaria puede transformarse en legitimación ideológica de procesos de privatización institucional, debilitamiento democrático y expansión del poder corporativo. Lo que en Rothbard era una utopía moral sin mundo, en el anarcocapitalismo realmente existente se convierte en una forma de reorganizar el poder económico sobre el Estado. Cuando la libertad se vuelve coartada La evolución que va de la teoría anarcocapitalista a su aplicación política revela una paradoja inquietante. Una ideología concebida para liberar a la sociedad del poder estatal puede terminar facilitando nuevas formas de concentración de poder económico y político. Cuando todo puede privatizarse, nada puede considerarse ilícito. Y cuando el Estado se desmantela, no desaparece. Simplemente queda en manos de quienes pueden comprarlo. Frente a esta naturalización del saqueo, la ecopolítica recupera su sentido más profundo: reconstruir lo común, defender la autolimitación democrática y resguardar la trama viva que sostiene nuestras sociedades. Porque cuando la libertad se convierte en coartada del despojo, lo que está en juego no es solo la transparencia institucional. Es el futuro compartido. (Esta columna fue publicada originalmente en La Re Verde)
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