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» Clarin
Fecha: 15/03/2026 18:48
El Gobierno sale de compra de 129 votos Las primarias PASO, ese juguete rabioso que los oficialistas agitan para complicarles la vida a sus oposiciones, aportan esta semana el debate central de la agenda, estragada por el patrullaje sobre los vuelos adornados y la cantinela interminable del caso Libra, que arrastra a más desgracias. Se reúnen en el CARI este martes los jueces electorales (la Cámara Nacional y los jueces de CABA y La Plata) con legisladores para discutir si es oportuno aplicar la Boleta Única en las elecciones de todas las jurisdicciones, y la suerte que tendrán las PASO el año que viene. El encuentro se hace fuera del Congreso, donde debería ocurrir, porque el gobierno desvaloriza esa sede de construcción de políticas y evita que allí se discuta mucho. Todo exprés, todo entre gallos y medianoche, quitando la palabra, no favoreciendo la expresión. Un triste homenaje al llorado Habermas, que señaló la clausura del debate público como el verdadero rostro de la crisis de la democracia. Pero si no lo patrocina el Congreso lo hace el CARI. Boleta Única y PASO van de la mano Porque el sistema que elimina las boletas sábana, en unas primarias obligatorias, abiertas y simultáneas. presenta dificultades técnicas difíciles de resolver. Comenzando con que si un partido grande las aplica como prevé la ley, deberá confeccionar listas inmensas para incluir a todas las postulaciones a cargos nacionales. Este problema, un enigma para expertos, será el argumento que empleará el oficialismo, representado por Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem, para desalentar la continuación de las PASO en el sistema electoral. El ministro del Interior ya ha opinado que, si fuera por él, las PASO deberían abolirse. Admite, hasta ahora, que el oficialismo tiene dificultades para reunir los votos para hacerlo que podrán, en todo caso, conformarse con una nueva suspensión. Pero aún para eso, necesita juntar 129 votos en diputados, porque es una ley que exige mayoría especial en las dos cámaras. Su tarea será reunirlos. El vacío: quién selecciona candidatos El Gobierno argumentará que salen muy caras y que son impopulares según las encuestas. Si los gobiernos aboliesen todo lo que sale caro y es impopular quedaría impugnada su sola existencia. Hoy el PRO, Encuentro y el peronismo parecen apoyar la aplicación de las PASO. El Gobierno deberá salir con el juguete rabioso a capturar voluntades. Un punto que decidirá el debate va a ser la conducta que tuvieron los partidos en las elecciones de 2025 respecto de la selección de candidatos. En esas elecciones se suspendieron las PASO y se les ordenó a los partidos que dieran cumplimiento a las mandas de la Constitución y del Código Electoral para asegurar la democracia interna de los partidos, la transparencia en la elección de candidatos y el respeto a la igualdad de oportunidades para todos. El detalle de ese cumplimiento será expuesto por Hernán Goncalvez Figueiredo, secretario de Actuación Judicial de la CNE. El debate sobre este punto volcará los tantos sobre el destino de las PASO. El Gobierno se conforma con que se suspendan en 2027 aunque no se deroguen definitivamente. Sin PASO no hay paraíso, es decir, no hay fondos para imprimir boletas, que es la sal de la tierra para quienes viven de la política. Cristina ahora quiere PASO El debate se plantea con novedades. Una es que Miguel Pichetto reveló este fin de semana que Cristina Kirchner quiere PASO. Es importante porque la expresidenta, inhabilitada para hacer política, conserva predicamento en sectores del peronismo. Siempre fue crítica del sistema, como lo expresó cuando su gobierno perdió las elecciones de 2015. Sucedió después de la experiencia de las PASO letal en Buenos Aires entre Julián Domínguez y Aníbal Fernández. Pero consintió que volvieran a usarse en años siguientes. Hoy tiene claro que el peronismo que ella preside las necesita. "Está de acuerdo -dijo Pichetto en un reportaje a La Nación -, en lograr coincidencias muy fuertes para evitar que en la futura reforma electoral que el Gobierno quiere llevar adelante se elimine el sistema electoral de primarias, una herramienta que permite resolver los liderazgos previos de cualquier coalición. En eso coincidimos plenamente". Cristina tiene más seguidores en el peronismo del AMBA, en donde tiene una alianza odiosa con Axel Kicillof. Esa influencia declina en el interior. El punto es que la derrota del peronismo en 2023 bien puede atribuirse a que su conducción del PJ nacional fue castigada por el peronismo del interior que se desmovilizó y lo hizo ganar a Milei. Los gobernadores también deciden en esta La opinión de Cristina no es decisiva, pero traslada la responsabilidad de lo que hagan los legisladores del peronismo a la jugada de los gobernadores del interior, que han apoyado al gobierno en las votaciones del año 2025 y extraordinarias. ¿Quiere un gobernador que haya una elección nacional en su provincia? Si pudiera ponerle la fecha, seguro que sí. La idea de unificar fechas de elecciones está en la mente del Gobierno. Para eso debería negociar con los gobernadores que convoquen ese mismo día, y lograr que el Congreso apruebe una reforma del art. 3° de la ley de simultaneidad de elecciones (ley 15.262, que fue reformado cuando se sancionó la BUP) para unificar boletas. También deberá negociar que los gobernadores convoquen el mismo día que Nación. Habría excepciones porque hay constituciones como las de Córdoba y Santa Fe que no admiten que sean en la misma fecha. Cómo pagará Milei esos votos El Código Nacional Electoral reformado en 2004 unificó la fecha de las elecciones nacionales. Hasta ese momento cada gobernador decidía la fecha de las elecciones locales y también las de legisladores nacionales. En 2023 los gobernadores del peronismo del interior no quisieron elecciones nacionales en sus distritos en fechas puestas por la ley nacional. La suerte de las PASO dependerá de lo que el Gobierno nacional pueda ofrecerles a cambio a los mandatarios. Por ahora les dan fondos y, especialmente, apoyan la quimera de negocios RIGI que darán fruto en el futuro. Pero no se dan obras públicas y los fondos federales han castigado los salarios públicos. ¿Qué confianza pueden tener los gobernadores en que Milei los va a ayudar a reelegir, cuando en 2025 les armaron listas en contra o los obligaron a entregar sus candidaturas a La Libertad Avanza? Hará falta una prueba de amor que depende del Presidente y su capacidad de sostener un Gobierno que rinda frutos hasta 2027. Si Milei decae, perderá la gracia del Señor y la de los gobernadores. El killer de las PASO en funciones La otra novedad es que el Gobierno designará en las próximas horas al funcionario que se encargará de matar las PASO. Se trata de Diego Marías, un abogado que asumirá el cargo de Director Nacional de Reforma Política. Marías es un orgánico del PRO que quedó del lado de Santilli en el divorcio de su partido. Fue legislador porteño y tiene experiencia en temas electorales. Presidió la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura cuando se sancionó el Código Electoral de CABA. Incursionó en grandes ligas cuando integró el Consejo de la Magistratura Nacional en representación de los abogados de Capital. Después tuvo un paso breve por el gobierno de Milei como subinterventor del ente de Medios Públicos. Se lo registra como uno de los primeros macristas que apoyó a Santilli cuando el actual ministro respaldó la ley de Bases original. En enero de 2022 integró el equipo de Cambiemos para pelear en el Congreso al PJ, tras el fallo de la Corte que restableció la estructura original del organismo. En esa tarea trabajó junto a Mario Negri, Silvia Giacoppo, Pablo Tonelli, Lucas Clark, asesor de Alfredo Cornejo, el entonces secretario del Senado Juan Pedro Tunessi, Ernesto Sanz y Ricardo Gil Lavedra. Ganaron la partida porque el gobierno de Alberto Fernández no pudo dar vuelta ese fallo de la Corte. La llegada de Marías le aporta experiencia política a la tarea de Luz Landívar, Directora Nacional Electoral, que proviene del PRO. La otra experta del Gobierno en materia electoral partió en diciembre pasado en misión al Congreso. Se trata de la diputada Giselle Castelnuovo. Castelnuovo se formó con el legendario apoderado del PJ nacional Jorge Landau y llegó a ser la primera subsecretaria de Asuntos Políticos del gabinete de Milei, de donde depende la Dirección Nacional de Reforma Política, de la mano del apoderado del PRO José Torello. Ha sido convocada a uno de los paneles del martes en el CARI. Incertidumbres La suerte de esta reforma corre la misma incertidumbre que otros proyectos que el Poder Ejecutivo envía al Congreso y que tropiezan por la falta de experiencia política de sus gestores. Es la bisagra en donde se chocan los proyectos de abogados con sobrecarga de lecturas de experiencias foráneas, y que no entienden que sin política no hay superación de conflictos. Jesús Rodríguez recordó en el acto del jueves pasado en homenaje a Alfonsín en el Comité Nacional de la UCR la frase de Alem en el discurso del Frontón de 1890: No hay, no puede haber buenas finanzas, donde no hay buena política. El discurso explicaba: Buena política quiere decir, respeto a los derechos; buena política quiere decir, aplicación recta y correcta de las rentas públicas; buena política quiere decir, protección a las industrias útiles y no especulación aventurera para que ganen los parásitos del poder; buena política quiere decir, exclusión de favoritos y de emisiones clandestinas. Ahora se quieren ahorrar USD 50 mil En el mismo rango de torpeza figura otro proyecto que trata el Senado el miércoles de esta semana. Se trata de modificar el reglamento de la cámara en el artículo que ordena que los listados de postulantes a cargos judiciales se publiquen en el Boletín Oficial en internet, y en diarios de mayor circulación. El oficialismo de la cámara planteó la oportunidad de quitar esa mención a los diarios de más circulación, escudándose en dos argumentos. Uno, que es muy caro, porque la publicidad de las 200 ternas de postulantes le puede costar al Congreso unos 50 mil dólares. Dos, que en tiempos de redes es difícil decir qué significa diario de más circulación. En la reunión de Labor Parlamentaria, Patricia Bullrich expuso la necesidad de ahorrar ese dinero, quizá necesarios para cubrir otros gastos (viajes adornados, diría un lenguaraz). Todos los bloques apoyaron el proyecto, que si se aprueba quitará la mención a diarios de mayor circulación y solo exigirá que los nombres de los postulantes se exhiban en el Boletín Oficial y en la web del Congreso. En la sesión de Labor no estuvo Victoria Villarruel, a cargo del Poder Ejecutivo por el viaje de Milei. Presidió Bartolo Abdala y mocionó por el ajuste la senadora Bullrich. Se trata de modificar el art. 22 bis del reglamento y requiere 2/3 de los votos. Firmaron todos los bloques. El peronismo dijo que el oficialismo tenía 47 votos para lograr ese ahorro y que entonces ellos se desentendían y apoyaban. Lo hicieron con una sonrisa que recordó la máxima napoleónica: Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Glaciares: la audiencia de nunca acabar El Gobierno tuvo esos tropezones con la ley de Bases y con el fracaso de la designación de los jueces en la Suprema Corte de Justicia. En estos días tiene que enfrentar el tratamiento de la ley de glaciares en Diputados. Vino del Senado casi blindada para no recibir revisión en la Cámara baja, después de que senadores y diputados del oficialismo trabajasen para limar diferencias y lograr una sanción exprés -el senador fueguino Agustín Coto trabajó en eso con la diputada radical Pamela Verasay-. Llegado el proyecto a Diputados en celofán y con el moño, la Casa Rosada ordenó al bloque del oficialismo que abriese el debate en audiencias públicas. Lograron que se anotasen miles de interesados en discutir esa norma que, según el oficialismo, no vulnera el bien que busca proteger y les exige a los inversores condiciones más duras que la ley anterior. De lo que se trataba era de darles juego a las provincias para negociar con empresas un recurso que les dio la Constitución. Cuando uno pregunta a quién se le ocurrió abrir las audiencias, aparece señalada la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal, que pasó de un estudio de abogados a controlar la legalidad del Gobierno. Nadie puede explicar qué se buscó. Los empresarios ya calculan lo que les costará la judicialización de la norma después de este debate, que puede ser uno de los más estridentes en mucho tiempo. Los gobernadores de provincias mineras que pidieron esos cambios ya calculan los riesgos de acordar con un gobierno que rechaza la política. Sobre la firma Newsletter Clarín
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