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Parana » El Once Digital
Fecha: 15/03/2026 14:16
Universidades públicas inician clases con paros y reclamos por presupuesto El comienzo del ciclo lectivo en las universidades públicas estará marcado por una semana de protestas y paros convocados por gremios docentes y no docentes. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias. 15 de Marzo de 2026 El comienzo del ciclo lectivo en las universidades públicas estará marcado por una semana de protestas y paros convocados por gremios docentes y no docentes. Reclaman la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias. El conflicto presupuestario en las universidades públicas volverá a marcar el inicio del ciclo lectivo en todo el país. Desde este lunes 16 de marzo, gremios docentes y no docentes anunciaron una semana de protestas, paros y acciones de visibilización que afectarán el normal dictado de clases en universidades nacionales y colegios preuniversitarios. Las protestas, que se extenderán hasta el sábado 21, fueron convocadas por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales. Será un nuevo capítulo del conflicto universitario que comenzó en 2024 y que afecta a más de dos millones de estudiantes de las universidades estatales. Los gremios denuncian una pérdida salarial del 40% en los dos años del gobierno del presidente Javier Milei, cuestionan que el Poder Ejecutivo siga sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y reclaman la convocatoria a paritarias. Cabe aclarar que, entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, el presupuestonacional para la educación superior cayó 28,9% en términos reales, según datos del Presupuesto Abierto del Ministerio de Economía. Los salarios representan alrededor del 90% del presupuesto del sector, publicó Infobae. La Ley de Financiamiento Universitario obliga al Estado a recomponer salarios de docentes y no docentes y las becas estudiantiles en función de la inflación registrada desde diciembre de 2023, exige actualizaciones en gastos de funcionamiento y partidas para hospitales, ciencia y técnica, y ordena la convocatoria periódica de paritarias con mecanismos de ajuste automático. Su impacto fiscal equivale al 0,23% del PBI, según un estudio de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Aquella ley se aprobó en octubre de 2025 luego de seis votaciones legislativas, tres marchas federales y dos vetos presidenciales -el primero exitoso, el segundo no. El Gobierno suspendió su aplicación en el mismo decreto con que la promulgó, pero el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) presentó una cautelar. En diciembre, la Justicia avaló el planteo y exigió la aplicación inmediata de la ley. En febrero el Gobierno apeló e intentó recusar al juez Martín Cormick, que interviene en la causa, pero ese intento fue rechazado la semana pasada por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal. En diciembre el Gobierno también había intentado derogar la ley por medio de un artículo del Presupuesto 2026, pero no tuvo los votos suficientes en el Congreso. En paralelo a los intentos por neutralizar su aplicación, a fines de febrero, el Gobierno nacional anunció un proyecto alternativo que no deroga la ley aprobada, pero sí modifica varios de sus puntos centrales. El anuncio ocurrió luego de una reunión entre las autoridades del CIN y la Secretaría de Educación el secretario Carlos Torrendell y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Las mayores diferencias entre la ley aprobada y la reforma que impulsa el Ejecutivo se refieren a la cuestión salarial: mientras el proyecto vigente implica un aumento del 51% para docentes y no docentes -para recuperar lo perdido desde diciembre de 2023-, la iniciativa oficialista ofrece un 12,3% en tres cuotas en marzo, julio y septiembre, frente a una inflación estimada del 26,1% para este año. El proyecto del Gobierno mantiene la convocatoria periódica de paritarias -con un plazo máximo de tres meses-, pero elimina la cláusula que garantiza la actualización mensual por inflación. Desde 2024, todas las actualizaciones para el sector fueron unilaterales y rechazadas por insuficientes. La iniciativa del Gobierno contempla la actualización de los gastos de funcionamiento si la inflación supera el 14,5% según la cifra prevista en el Presupuesto 2026, pero no reconoce la pérdida de 2024. También prevé una partida de $80.000 millones para los hospitales universitarios, pero desestima los aumentos de partidas para becas, ciencia y extensión. Aunque en febrero se especuló con que la ley se tratara en las sesiones extraordinarias, aún no hay fecha para el debate. La cuarta marcha federal universitaria ya tiene fecha Las federaciones de docentes y no docentes que integran el Frente Sindical de las Universidades Nacionales expresaron un rechazo rotundo al proyecto del Gobierno: reclaman el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. En ese marco anunciaron las medidas de fuerza para esta semana y advirtieron que comienza un ciclo lectivo que no va a poder desarrollarse con normalidad. Conadu y Fagdut anunciaron paros durante toda la semana del 16 al 22 de marzo; Conadu también hará huelgas de cinco días las últimas semanas de marzo y abril. Fatun, la federación que nuclea a los no docentes de 55 universidades públicas, ya confirmó un paro nacional por semana, empezando el lunes 16 de marzo y terminando el jueves 23 de abril. Fedun adhirió al paro el lunes 16 y luego impulsará otras medidas de protesta. Entre los rectores hay malestar con el proyecto oficialista de reforma, pero algunos reconocen -en off- que puede ser un mal menor frente a la posibilidad de que el Gobierno impulse de nuevo la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario, en un escenario en que la composición del Congreso es favorable a las necesidades del Ejecutivo. En diálogo con Infobae, varios rectores mencionaron como problemas el aumento del pluriempleo, la desarticulación de cátedras y equipos de trabajo, y la migración de profesionales altamente calificados a otros países -incluso vecinos- donde los sueldos son más altos. También advirtieron por el impacto en las obras sociales universitarias, cada vez más desfinanciadas por la caída salarial. El panorama es especialmente crítico en las carreras cuyos profesores tienen un perfil profesional (y no exclusivamente académico): para ellos el salario docente resulta cada vez menos atractivo. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), que tiene 30 sedes distribuidas en 13 provincias. Pese a las diferencias en torno a algunas cuestiones, desde el Frente Sindical -que representa a los docentes y no docentes-, el CIN -que nuclea a los rectores- y la Federación Universitaria Argentina -que reúne a los centros de estudiantes- aseguraron que mantienen el diálogo y la coordinación de medidas ante la situación presupuestaria. Desde la FUA y el Frente Sindical no descartan convocar a una cuarta marcha federal; la fecha podría ser el 23 de abril, a dos años de la primera movilización. Después de dos años, todo indica que el conflicto por el presupuesto volverá a dominar la agenda de las universidades en 2026. En un escenario que, además de los recortes, estuvo signado por acusaciones de adoctrinamiento y falta de transparencia, varios rectores lamentaron que el diálogo con las autoridades nacionales aún no haya podido enfocarse en políticas constructivas para el futuro del sistema. Las bajas tasas de graduación, la escasa articulación con la escuela secundaria, la irrupción de la inteligencia artificial, la actualización de las carreras, la evaluación de la calidad educativa, la necesidad de fortalecer la conexión con las demandas productivas y de profundizar la internacionalización aparecen como algunos de los desafíos pendientes. 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