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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 12/03/2026 13:58
El diputado provincial Enrique Tomás Cresto, acompañado por sus pares Silvina Deccó y Silvia Moreno, formuló un pedido de informes en la Cámara baja de Entre Ríos para conocer la situación actual del sistema penitenciario y los dispositivos destinados a adolescentes en conflicto con la ley penal. La iniciativa solicita al Poder Ejecutivo Provincial información detallada sobre la infraestructura carcelaria, centros de guarda, detención y tratamiento para adolescentes mayores de 14 años, así como también la cantidad de equipos técnicos interdisciplinarios disponibles, su ubicación, capacidad de alojamiento y nivel de ocupación de los establecimientos existentes. Asimismo, la solicitud requiere conocer si existen establecimientos o sectores específicos destinados al alojamiento de personas menores de 18 años en conflicto con la ley penal, la cantidad actual de adolescentes privados de libertad en la provincia, su edad, situación procesal y el lugar donde se encuentran alojados, publicó El Entre Ríos. Otro de los puntos del proyecto apunta a conocer la capacidad total del sistema penitenciario provincial, la cantidad de plazas disponibles y el número actual de personas privadas de libertad, además de consultar si el gobierno cuenta con planes de ampliación de infraestructura o construcción de nuevos establecimientos ante una eventual modificación del régimen penal juvenil a nivel nacional. La presentación surge en el marco de la modificación del Régimen Penal Juvenil y la reducción de la edad de imputabilidad a 14 años, lo que implicaría nuevas responsabilidades para las provincias en materia de alojamiento, atención especializada y programas de reinserción social. El documento también advierte que el sistema penitenciario entrerriano ha registrado un crecimiento significativo en las últimas décadas: mientras que alrededor del año 2000 la población carcelaria rondaba las 700 personas privadas de la libertad, actualmente oscila entre 2800 y 2900 detenidos, lo que implica que en aproximadamente 25 años la cantidad de personas alojadas en el sistema prácticamente se triplicó. En ese sentido, se remarca por parte de Cresto que las últimas inversiones relevantes en ampliación de infraestructura penitenciaria se realizaron durante gobiernos peronistas, particularmente con obras ejecutadas en distintas unidades penales. Asimismo, se advierte que en la actualidad no se conocen proyectos finalizados de ampliación de la capacidad carcelaria. Según se plantea en los fundamentos del pedido de informes, desde la asunción del gobernador Rogelio Frigerio en diciembre de 2023 no se ha inaugurado ni finalizado ninguna nueva unidad penal ni pabellones de gran escala, en un contexto donde distintas unidades penitenciarias presentan altos niveles de ocupación. Finalmente, los autores del proyecto señalaron que contar con información clara y actualizada es fundamental para dar un debate serio y responsable sobre una problemática que involucra tanto la seguridad pública como la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes, especialmente frente a los desafíos que podría implicar una eventual reforma del régimen penal juvenil.
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