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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 12/03/2026 02:08
Entre gallos y medianoche, a espaldas del gobierno, se había fraguado una nueva reunión en la mesa chica del Ejército. Los rumores hablaban de que el comandante general de la fuerza, teniente general Jorge Rafael Videla, se había juntado en la Guarnición Campo de Mayo con los cuatro comandantes de cuerpos de Ejército, así como con el comandante de Institutos, el director de la Gendarmería Nacional y el de Fabricaciones Militares. Hubo una ausencia muy llamativa: se decía que el jefe del Estado Mayor, general Viola, no había participado de la misma. Sin embargo, el Comando General del Ejército repitió una y otra vez, ante la prensa, que Videla no se había reunido con nadie en dicha dependencia. En el Edificio Libertador no podría haber pasado inadvertida. Si la hubo en Campo de Mayo, por las características tan peculiares de los distintos accesos comunes y los no comunes al centro militar, puede ser del desconocimiento total aún para los jefes y oficiales destacados en esas unidades, se leyó en una editorial de La Nación, con un dejo de suspicacia. No era una novedad. A esa altura las reuniones de Videla en las sombras del poder, oculto ante los periodistas que lo acechaban a preguntas, competían a la par con las de Emilio Eduardo Massera. Tanto como el líder del Ejército, el almirante se la pasaba de viaje en viaje y de encuentro en encuentro ordenando las internas de la Armada, preocupado por alinear la tropa detrás de su figura. Su jugada maestra había sido plantar un infiltrado en el entorno de Isabel Perón. Una suerte de edecán presidencial que hacía las veces de espía, a quien le encomendó la tarea de informarle detalladamente de cada movimiento de la Presidenta, desde gustos gastronómicos y visitas protocolares a sus preferencias de ministros. En paralelo, y casi sin momentos de descanso, eran horas agitadas en Casa de Gobierno. Se anunciaban vientos de cambio. El 12 de marzo, en efecto, hubo nuevos nombres en el Gabinete. Isabelita despertó cansada y atenta a los diarios: hace unos días había dado un breve discurso, de casi veinte minutos en la CGT, donde anunció aumento salarial y un llamado a paritarias. De pie y micrófono en mano, aquella vez no pudo disimular la indiferencia del público: Por ahí veo caras medio tristonas. Es lógico, pues cuando hay que ajustarse el cinturón las caras se ponen serias. En un tono cordial y por momentos enérgico, la máxima autoridad contestó a algunas preguntas que permitió que se le formularan pese que, de a ratos, se la interrumpía porque, dijo, era necesario hablar en familia, ya que esta es la familia peronista. Una familia peronista resquebrajada en su conjunto, a derecha e izquierda, con una conducción que languidecía lentamente y sin reacción ante la inminencia de un inexorable y secreto golpe de Estado. Consciente de las graves dificultades del país, Isabelita trataba de echar un manto de calma en un contexto efervescente, de no retorno a la estabilidad política, acosado por todos los frentes, tanto sociales como económicos. Yo estoy segura que vamos a seguir adelante. Si no lo estuviera, no estaría acá con ustedes, dijo en la CGT con un énfasis en la voz que ya pocos parecían escuchar. Pocas horas después, en Olivos, recibió a dirigentes peronistas. Concurrieron, principalmente, los integrantes del nuevo consejo nacional del Partido Justicialista. En el cerco oficialista se intentaban disipar los rumores, cada vez más insistentes, de un supuesto quiebre del orden institucional. En algunos medios se barajó que el propio Ricardo Balbín había estado cerca de la reunión mientras otros funcionarios de Isabelita distraían el foco confirmando que, en las siguientes semanas, se recibiría un crédito del FMI por alrededor de 130 millones de dólares, correspondientes a la duplicación de la ayuda concedida en 1975 por la caída de las exportaciones, de acuerdo a lo comunicado por fuentes oficiales. Fue entonces que, pasado el mediodía de aquel 12 de marzo, en su agitada agenda, la mandataria tomó juramento a los dos nuevos ministros: Pedro Saffores, en Justicia, y José Deheza, en Defensa. Deheza, en rigor, venía desempeñando la cartera de Justicia desde la última reestructuración del gabinete nacional. Por su parte, Saffores, ex interventor federal en Santa Cruz, ejercía el cargo de subsecretario de Justicia. Sobre Deheza, los más ortodoxos ponían reparos: argumentaban un ánimo de desconfianza porque había sido jefe de la secretaría privada del entonces presidente Eduardo Lonardi en la llamada Revolución Libertadora de 1955. La sensación de orfandad, sin embargo, se respiraba en el aire. Que el cargo de ministro de Defensa haya sido removido cinco veces desde que el gobierno peronista comenzara su mandato el 25 de mayo de 1973 primero con Héctor Cámpora, luego con Juan Domingo Perón, que el 12 de octubre asumió la presidencia con Isabelita como vicepresidenta, y finalmente con la asunción de María Estela Martínez de Perón el 1 de julio de 1974, tras la muerte de Perón, significaba toda una señal política. Un cargo sensible a las presiones de las Fuerzas Armadas, cada vez más envalentonadas en la represión contra la guerrilla armada y toda forma de lo que consideraban subversión contra el orden institucional. Mientras tanto, ocurría otro grave hecho en el norte argentino: el secuestro del ex gobernador peronista Miguel Ragone. El dirigente había dejado la primera magistratura de Salta en noviembre de 1974, cuando la provincia había sido intervenida. Al momento de su secuestro, era candidato a presidente del Partido Justicialista en los comicios internos y se descontaba que iba a volver a ser candidato a la gobernación salteña. Considerado por su amplio abanico de apoyo popular como el médico del pueblo, había empezado en la política de muy joven de la mano del ministro de Salud del primer gobierno de Perón, Ramón Carrillo. Ragone propugnaba un socialismo nacional y postulaba que los medios de producción estuvieran en manos de la clase trabajadora. Planteaba, además, la disyuntiva liberación o dependencia. Al momento de su secuestro, Ragone iba en su automóvil Peugeot 504. Fue interceptado por una patota paraestatal que se movilizaba en dos automóviles. Dos hombres bajaron y abrieron con violencia la puerta del auto del ex gobernador y lo desplazaron del asiento del conductor. Luego, según testigos, hubo al menos cinco disparos y enseguida pasaron el cuerpo inerte de Ragone al asiento de atrás. No fue el único político del peronismo progresista en sufrir violencia. Otros cuadros norteños cercanos a Ragone sufrieron la persecución y luego debieron exiliarse. Ragone, hasta hoy, sigue desaparecido. La noticia se leyó como una nueva victoria del ala de la derecha peronista más feroz, los que proclamaban, como en su momento José López Rega, que estaba en juego la supervivencia de la Nación. Isabelita, agobiada ante tantos frentes abiertos, minimizó las consecuencias. A la vez, a su alrededor, se anunció que la Secretaría de Comercio fijó precios máximos para el azúcar después de que los secretarios presidenciales recibieran las objeciones de los empresarios ante el cierre masivo de comercios. En otro comunicado oficial se transmitió que el Poder Ejecutivo había remitido al Congreso nuevos proyectos en el compromiso de aniquilar la subversión, con nuevas concesiones a las Fuerzas Armadas. En ese sentido, se buscó perfeccionar los procedimientos judiciales con la siguiente letra: Se hace indispensable el más pronto juzgamiento de los delitos subversivos y su inmediata represión para que a la guerrilla apátrida conteste el Estado con la severa reacción de la fuerza legítima. El círculo íntimo de Isabelita, en tanto, no podía detener del todo a las protestas sindicales contra el plan Mondelli, especialmente de los gremios metalúrgico y mecánico de la Capital Federal, Gran Buenos Aires y del interior. Si bien la CGT se había comprometido a desestimar medidas de fuerza contra Isabelita, los ministros actuaban a contrarreloj para contener a las bases que denunciaban el llamativo silencio del consejo de la central obrera, como publicó Clarín. Por caso Miguel Unamuno, ministro de Trabajo, frenó un paro de 48 horas del gremio ferroviario con incesantes gestiones tanto con dirigentes como con sectores rebeldes del sindicato. El personal jerárquico desactivó la medida a última hora. A poco más de diez días del golpe de Estado, se supo de una reunión de mandos aeronáuticos presidida por el brigadier general Orlando Ramón Agosti. Allí se fraguaba la ejecución del plan maestro. La operación, contada por Facundo Pastor en su libro Isabel, incluía tres fases: la captura de la Presidenta; una cacería con secuestros y asesinatos durante la madrugada; y más tarde, ya con las radios y los canales intervenidos, se emitirían los comunicados informando a la población que el país se encontraba bajo el control operacional de la Junta Militar. Se especulaba que en el entorno de Isabel había funcionarios que estaban armados y dispuestos a resistir a los tiros. El dato había llegado a oídos de las Fuerza Armadas, por eso resultaba imposible secuestrar a la Presidenta dentro de la Casa Rosada o en la Quinta de Olivos. Esa decisión obligó a la comandancia a agudizar la creatividad. Fue así que surgió la idea de secuestrarla en el aire en los primeros minutos del 24 de marzo de 1976, escribe Pastor, en lo que sería la crónica de un final anunciado.
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