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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 12/03/2026 00:12
Imagen de la Comisión de Legislación General, presidida por el diputado Marcelo López, que emitió dictamen de mayoría con modificaciones sobre la propuesta proveniente del Poder Ejecutivo en torno a investigar la evolución y estado de los compromisos financieros de la provincia y extendió el período de estudio a partir de 1991. En las últimas horas, un proyecto de ley del Poder Ejecutivo presentado en octubre del año pasado se convirtió en el eje de las principales noticias políticas. Se trata de una iniciativa que impulsa el gobernador Rogelio Frigerio y que apunta a auditar la deuda pública entrerriana desde los años 90 a la fecha. Este proyecto surge, obviamente, ante los cuestionamientos cruzados que hay en torno de este tema con la gestión anterior. Desde el gobierno lograron recientemente una colocación de 300 millones de dólares y aseguran que no les quedó otra que endeudarse porque Gustavo Bordet les dejó una deuda impagable, que defaulteó en la pandemia y que reprogramó para que todos los vencimientos cayeran en la actual gestión. Además, cuestionan que nunca se supo en qué se usó la plata. En varias entrevistas de los últimos meses le preguntamos a Bordet sobre el tema y explicó que la deuda que él tomó era también para reestructurar deuda heredada y que, con esos fondos, además, se hicieron viviendas que el gobierno de Mauricio Macri (que Frigerio integraba como ministro del Interior) había paralizado. Incluso dijo que cuando los gobernadores acudían a Frigerio, tomar deuda era el camino que el entonces ministro del Interior les señalaba. Ante la controversia, Frigerio mandó este proyecto para crear una Comisión Investigadora. El texto original ponía el inicio en 1995 y luego se amplió hasta 1991: esto comprende los gobiernos de Mario Moine, Jorge Busti, Sergio Urribarri y Gustavo Bordet, donde, en el medio hubo varias privatizaciones de importancia y mucho dinero que entró al Estado y también a los bolsillos de algunos referentes y que incluso fueron denunciados y hasta condenados por la justicia. No fueron pocos los que se convirtieron en nuevos ricos en esta provincia, con mansiones e inversiones fastuosas e incluso con depósitos en cuentas en el exterior. Recordemos que en ese período pasó a manos privadas el ex Frigorífico Regional Santa Elena, el Banco de Entre Ríos, Líneas Aéreas de Entre Ríos o la empresa de energía, entre otras, que fue privatizada y luego estatizada. Esta semana el proyecto comenzó a ser debatido en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Legislación General que preside el concordiense Marcelo López. En ese ámbito, el peronismo se negó a firmar el dictamen argumentando, entre otros aspectos, que las funciones de esa comisión que se quiere crear ya están previstas que las cumplan la Contaduría General y el Tribunal de Cuentas. Y ahí comenzó la polémica que lleva varios comunicados cruzados. Pero, vamos por parte. Los legisladores del peronismo entrerriano deberían saber que a los organismos de control de nuestra provincia se les han pasado elefantes por adelante históricamente. Hay un exgobernador, como Sergio Urribarri, a punto de ir preso a la cárcel nuevamente, que en su defensa se la pasó exhibiendo dictámenes de los organismos de control que jamás detectaron absolutamente nada. Acotemos, había gente muy allegada a Urribarri manejando esos organismos. Y, además: ¿cuál sería el problema de auditar la deuda pública histórica? ¿Qué es lo que molesta? A nosotros como periodistas nos interesaría mucho contar con esa información, desde ya, y damos por hecho que acceda la ciudadanía también. Por ahí podría dudar sobre la voluntad, el compromiso y hasta la capacidad de algunos legisladores -del oficialismo y la oposición- para embarcarse en serio en esta historia, estudiar lo que corresponde, indagar y ver qué aspectos pueden servir para modificar algunas cosas en el Estado provincial. ¿Cuál es la razón para oponerse y exponerse? Porque desde el oficialismo obviamente se aprovechó para cuestionar que en la comisión en la que el peronismo se negó están la exvicegobernadora de Bordet (Laura Stratta) y la esposa de Bordet (Mariel Ávila) y que de allí proviene la negativa. De alguna manera, se la dejan servida al oficialismo. Con más razón estas legisladoras deberían alentar que se audite y se investigue. Pero, evidentemente no asa. Mientras tanto, los dirigentes del peronismo están en su derecho de reclamar respuestas a Frigerio o al ministro Fabián Boleas, una y otra vez, en torno a la deuda tomada por el gobierno entrerriano en el exterior y las dudas que aparecen sobre los plazos y los intereses que habrá que pagar. Los funcionarios deben responder y darle transparencia a cada movimiento que hacen en esta administración, porque fue, sencillamente, la línea que trazó el propio gobernador cuando asumió en el cargo en diciembre de 2023. Hay que responder por las deudas que se toman, por los actos de gobierno, como por cada modificación que se hace en la proyectada reforma previsional, cuyo debate recién empezó en esta provincia. Esperemos se profundice la discusión (tal como lo viene pregonando el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, Gastón Bagnat), se convoque a todos los sectores y haya disposición del gobierno para aceptar críticas e iniciativas que ayuden a mejorar el sistema previsional. ¿No podrán tener un gesto histórico los legisladores y magistrados en torno al sistema previsional? Y que el esfuerzo no lo paguen siempre los mismos. **** No es la única actitud controvertida que ha tenido el peronismo en los últimos días. La semana pasada dimos a conocer en Análisis una noticia que se convirtió en una de las más leídas de la historia de nuestro sitio web: uno de los hijos del senador nacional justicialista Adán Bahl presentó un reclamo en Tribunales para que lo reincorporen a la Cámara de Diputados, le paguen los sueldos caídos y lo indemnicen por ello. Pese a que nunca pisó la Legislatura. La indignación fue instantánea. Miles de comentarios negativos en las redes. Y nadie de la familia Bahl hizo aclaración alguna. En ambos casos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué se hacen estas cosas, por qué exponerse de esta manera, por qué negarse a la transparencia, por qué querer hacer persistir prácticas que ya no van más? Y, encima, el reclamo proviene de una familia donde el senador nacional percibirá ahora un sueldo de 11 millones de pesos mensuales y su esposa senadora provincial -Claudia Silva- ronda los 7 millones. O sea, más de 18 millones de pesos mensuales, en medio de una sociedad quebrada por la realidad económica, que sigue sin lograr respuestas ni la atención que requieren de sus gobernantes. **** En el ámbito judicial, sin dudas la noticia más saliente fue la condena a 5 años y 8 meses de prisión efectiva contra el exfuncionario provincial Juan Enrique Ruiz Orrico, por la muerte de cuatro jóvenes en la Ruta 39. Recordemos que Ruiz Orrico, excandidato a intendente de Concepción del Uruguay por el oficialismo y luego presidente del Instituto Portuario, iba alcoholizado y manejando un vehículo oficial. A primera vista a cualquier ciudadano de a pie le puede parecer que la condena es baja en comparación con la muerte de cuatro jóvenes. Pero, lo cierto es que eso es lo que prevé el Código Penal argentino para el delito que se juzgó. Y el propio abogado querellante, que representa a las familias de las víctimas, dijo que la consideraba un éxito judicial rotundo. El juez Darío Crespo -un magistrado muy reconocido y respetado por propios y extraños en su Gualeguay natal- podría haberle dado a Ruiz Orrico los 6 años que pidió la querella, los 5 que solicitó la Fiscalía o una pena menor, incluso excarcelable. Pero, le dio casi el máximo, en razón de que Ruiz Orrico no tenía antecedentes penales. Además, durante 9 años quedará inhabilitado para conducir (la máxima era 10 años), que también es una pena alta, según prevé la ley. Este fallo despeja cualquier duda, razonable, que pudo haber habido por la condición de funcionario de Ruiz Orrico y su cercanía al poder. No lo salvaron, no lo protegieron y lo más probable es que más temprano que tarde vaya a la cárcel un buen tiempo, como corresponde. Lo que quedó en una zona gris fue el uso del auto oficial. ¿Habrá alguna denuncia contra Ruiz Orrico por incumplimiento de los deberes de funcionario público? ¿Adoptará el gobierno de Frigerio alguna medida de seguridad para impedir que vuelva a ocurrir una cosa así? Habrá que ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Lo que sí va a suceder es el avance de la acción civil en torno a este tema. Las familias de las víctimas realizaron una presentación en su momento contra el propio Ruiz Orrico y contra el Estado provincial. Esto tramita en el Juzgado Civil y Comercial Nº 7, a cargo de Martín Furman. Hubo una audiencia de mediación que fracasó y se espera que, ahora que está la sentencia penal, haya movimientos en breve. (*) Editorial compartida en el programa Cuestión de Fondo (Canal 9, Litoral) del miércoles 11 de marzo de 2026.
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