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Paraná » Confirmado.ar
Fecha: 11/03/2026 19:53
La Justicia de Entre RÃos notificó a Aldo Ballestena para que designe abogado en el marco de la denominada mega causa de los contratos truchos, que investiga presuntas irregularidades en la gestión de fondos legislativos. Según la investigación, Ballestena no habrÃa actuado solo como un funcionario administrativo, sino que su intervención en la aprobación de ciertos contratos podrÃa haber funcionado como una suerte de moneda de cambio, beneficiando intereses propios a través de la asignación de contratos. En la causa identificada como legajo N° 305.361, bajo el nombre Contratos Truchos II, Ballestena ocupa un lugar central debido a su rol como vicepresidente primero durante la gestión de Adán Bahl. El Ministerio Público Fiscal apunta a que los desvÃos millonarios de fondos públicos no habrÃan sido posibles sin la complicidad o la omisión de quienes presidÃan las cámaras y los bloques legislativos en ese perÃodo. La investigación ha entrado en su fase más crÃtica. El fiscal Gonzalo Badano solicitó la citación de las principales autoridades que dirigieron ambas cámaras entre 2008 y 2018, para que se presenten ante la justicia y designen abogados defensores, dando inicio formal a la imputación contra los responsables polÃticos que manejaron los fondos durante más de una década. El procedimiento se intensificó tras la apertura formal de la causa el 26 de noviembre pasado, cuando se dio inicio a una nueva lÃnea de investigación destinada a determinar la responsabilidad penal de quienes tenÃan la firma y el control administrativo de los contratos legislativos. Entre los señalados, Ballestena aparece como el más comprometido. Se le atribuye haber firmado numerosos contratos irregulares y haber participado en un sistema que contrataba personal que nunca prestaba servicios los denominados empleados fantasmas cuyos salarios eran retirados por terceros mediante tarjetas de débito en cajeros de Paraná. Se estima que entre 2008 y 2018 los montos desviados ascenderÃan a cifras millonarias, equivalentes hoy a miles de millones de pesos. La causa, que involucra a autoridades de tres gestiones de gobierno, sigue avanzando y promete esclarecer el alcance de la administración de los fondos legislativos y las responsabilidades polÃticas detrás de los contratos irregulares.
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