11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:33
11/03/2026 18:32
Concordia » 7paginas
Fecha: 11/03/2026 16:49
El pedido se da en el marco de la apertura del legajo N° 305.361, formalizado el 26 de noviembre, que amplía la investigación para determinar la responsabilidad penal de quienes ejercían la conducción política y administrativa del Poder Legislativo entre los años 2008 y 2018. De acuerdo a lo dispuesto por el Ministerio Público Fiscal, los citados ya no serán convocados como simples testigos, sino en calidad de sospechosos en una causa que investiga presuntos delitos de peculado y asociación ilícita vinculados al desvío de fondos públicos mediante contrataciones irregulares. Entre los nombres señalados aparecen figuras de peso en la política entrerriana que ocuparon cargos clave durante distintos períodos. En el Senado provincial deberán dar explicaciones los ex vicegobernadores José Eduardo Lauritto (2007-2011), José Orlando Cáceres (2011-2015) y Adán Humberto Bahl (2015-2018). En esta línea también se menciona al ex senador por La Paz y entonces vicepresidente primero de la Cámara, Aldo Ballestena, quien figura como firmante de numerosos contratos bajo investigación. En tanto, en la Cámara de Diputados fueron citados el ex presidente del cuerpo José Ángel Allende y el ex gobernador Sergio Urribarri, quien presidió la cámara baja entre 2015 y 2018. Según la hipótesis fiscal, el sistema investigado consistía en la contratación de personas que no prestaban servicios efectivos en la Legislatura. Los sueldos correspondientes a esos contratos eran retirados mediante tarjetas de débito por terceros en cajeros automáticos de Paraná, en un esquema que habría permitido el desvío de importantes sumas de dinero público durante más de una década. La fiscalía considera que un mecanismo de estas características no podría haberse sostenido sin el conocimiento o la omisión de las máximas autoridades políticas encargadas de la administración y control de los contratos legislativos. En el marco de la investigación también tomaron relevancia declaraciones de ex legisladores y empleados administrativos que admitieron haber firmado contratos de favor a pedido de autoridades de las cámaras, lo que para los investigadores constituye un indicio de que existía una estructura organizada para el manejo de esas contrataciones. La citación para designar defensa técnica implica un cambio de estatus procesal para los involucrados, ya que pasan formalmente a ser imputados dentro de la investigación. Este paso les permite acceder al expediente, conocer las pruebas reunidas en su contra y preparar su estrategia de defensa, antes de eventuales declaraciones indagatorias. No obstante, la situación del actual senador nacional Adán Bahl presenta una particularidad jurídica, ya que cuenta con fueros parlamentarios. Esto significa que, si bien puede ser investigado y citado en el marco de la causa, cualquier medida restrictiva de su libertad o allanamiento de sus domicilios requeriría previamente un pedido de desafuero ante el Congreso de la Nación. Con esta nueva etapa, la fiscalía busca avanzar sobre las responsabilidades políticas dentro del esquema investigado y determinar quiénes autorizaban los contratos, qué controles se realizaban y quiénes se habrían beneficiado con el presunto desvío de fondos públicos. Ricardo David
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por