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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 11/03/2026 12:33
Colectivo de Trabajadores por la Ventana Los jubilados nacionales están inmersos en una crisis humanitaria por la violencia económica de los magros ingresos, a la hay que sumarle la miserable violencia institucional de las autoridades nacionales, llámese ANSES o PAMI. Cuando la política reaccionaria del ajuste festeja el superávit fiscal, los jubilados lo pagan con la vida. Los entrerrianos jubilados o por jubilarse no queremos ser empujados a las miserables condiciones de vida a la que nos han llevado a nivel nacional. Porque hemos aportado toda la vida dentro de las reglas existentes y la crisis del sistema no es responsabilidad de los trabajadores y trabajadoras. Por eso afirmamos que la reforma jubilatoria de Rogelio Frigerio, Gastón Bagnat y cía. es una estafa. Las políticas de maltrato y ensañamiento, nos llevan a preguntarnos: ¿La salud de las personas es del ámbito privado o es un bien público? Toda inversión social en calidad de vida es considerada por los gobiernos, un gasto, lo importante para los tecnócratas es que cierren los números. Esos oscuros intereses contables los podemos llamar propios, particulares, partidarios, clasistas, para corrupción y soborno, o para cumplir con la deuda externa con los organismos de crédito internacional, etc. La corporación política, con honrosas excepciones, está atravesada transversalmente por la descomposición y la corrupción. Y mientras vemos azorados tanta obscenidad del arriba, más grande es la brecha de la desigualdad por abajo. El Estado ha entrado en la barbarie quebrando las reglas y conductas morales por las cuales todas las sociedades regulan las relaciones entre sus miembros. Bajo estas circunstancias de desintegración política y social se van desmantelando las defensas contra la crueldad de la barbarie, y vamos naturalizando y/o acostumbrándonos a lo inhumano. Hemos aprendido a tolerar lo intolerable. Hay una privatización de la sociedad, mucha gente ha dejado de interesarse en los asuntos públicos. Desespera vivir en una sociedad sin proyectos colectivos, sin memoria, que solo mira el presente. Al mismo tiempo que se abandona todo proyecto de porvenir, también hay una pérdida de la memoria del pasado. Los que plantamos bandera con la defensa de los derechos humanos de todos, seguimos denunciando tanta vergüenza y deshonor, y reivindicando a un sector tan vapuleado como el de jubilados y pensionados marginados en la esfera pública. En ese sentido es necesario construir una agenda de abordaje multidisciplinario para focalizar en el sector, importante en número, en entrega al país, y que valore la experiencia y el saber acumulado. El Estado tiene la responsabilidad constitucional indelegable de garantizar una vida digna, tal como dicen todos los acuerdos de Naciones Unidas, tratados internacionales de derechos humanos y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Estado argentino tiene bajo su tutela a toda la sociedad y, en especial, a la niñez y los adultos mayores. No podemos admitir ninguna dilación más con los escandalosos números de pobreza en la que está inmersa la niñez y los haberes de indigencia de los jubilados. Este nivel de indigencia de las jubilaciones en Argentina conduce a optar entre mal comer o medicarse en una clara violación a los derechos humanos previsionales. ¡Quebrar la salud mental! La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores es un tratado internacional que reconoce y protege los derechos de las personas adultas mayores. Su articulado se enfoca en promover la igualdad, no discriminación, dignidad y participación en la vida social de las personas mayores. En Argentina y Entre Ríos las gobernanzas vienen desconociendo los tratados internacionales que son ley y anexos a la Constitución Nacional, y han decidido ir a contramano de la población, en un camino de cornisa que vira entre la vida y la muerte. La salud mental de las personas es un proceso en el cual influyen múltiples factores, y ya no es un problema individual como, quizás, se creía antes. A partir de la Ley Nacional de Salud Mental (2010) se sabe que el contexto y las condiciones de existencia impactan en las personas, su bienestar y su calidad de vida. Así, los factores socio-económico, político y cultural actúan como determinantes sociales de la salud mental de las personas, volviéndose un problema de salud pública, y ya no individual. Cortar o disminuir descuentos y/o elegir cual medicamento tomar, como si fuera elegir un gusto de un dulce, en el PAMI o el IOSPER, es criminal. Salir a trabajar cuando ya estás jubilado, es un atentado a la salud, a la recreación, a los placeres mundanos y familiares, y un claro desprecio al aporte que realizamos en la vida activa dentro del mercado laboral dónde hemos generado riqueza. Volver a discutir los regímenes jubilatorios provinciales en la Legislatura nacional y/o provincial con las imposiciones de los Poderes Ejecutivos (Milei-Frigerio) es de cipayos que hacen los deberes neocoloniales a los organismos de créditos internacionales como el FMI. Estas políticas regresivas están en la boca de muchos funcionarios locales o nacionales intentando justificar lo injustificable al afirmar que en las provincias los jubilados percibimos haberes tres o cuatro veces cosa que es cierto- mayores a los nacionales como si esa igualdad a la baja implicara intervenir las Cajas que no han sido transferidas a la Nación. La corporación política es la que nos llevó a esta situación de tragedia social y quiere descargar su incapacidad sobre los sectores más vulnerables. Depositar la resolución de las dificultades por lo que le pasa a los jubilados y jubiladas en las familias, es desconocer la situación de las múltiples pobrezas que estamos atravesando. De alguna manera se está justificando una sociedad absolutamente desigual y discriminatoria; una minoría muy poco ilustrada que ostenta el poder sin problemas económicos mientras que al resto nos llevan a la marginación y a la postración. Abandonar a la suerte individual la exclusión por la condición de vejez corriendo al Estado de su responsabilidad es un gerontocidio. No dejemos pasar, ni minimizar, ni naturalizar este embate cruel y deshumanizante. No tienen ni idea ni les interesa lo que significa contener, sostener y acompañar a una persona quebrantada en su salud física, mucho menos en la salud mental. (*) Agrupación de docentes independientes
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