11/03/2026 09:02
11/03/2026 09:02
11/03/2026 09:02
11/03/2026 09:02
11/03/2026 09:01
11/03/2026 09:01
11/03/2026 09:01
11/03/2026 09:01
11/03/2026 09:01
11/03/2026 09:00
Parana » AIM Digital
Fecha: 11/03/2026 07:36
Legisladores de distintos bloques de la oposición reclamaron ampliar las audiencias públicas convocadas para debatir la reforma de la Ley de Glaciares, al advertir que la cantidad de inscriptos supera ampliamente la capacidad prevista para las jornadas de participación. Según supo AIM, ya se registraron cerca de 18 mil personas interesadas en intervenir en la audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para los días 25 y 26 de marzo. Frente a este escenario, diputados de diferentes bancadas enviaron una nota a las autoridades parlamentarias para solicitar la extensión del proceso participativo. La presentación fue realizada por Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, junto a Sabrina Selva, de Unión por la Patria, y María Inés Zigarán, de Provincias Unidas. El pedido fue dirigido al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; al secretario parlamentario, Adrián Pagán; y a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz. En el documento, los legisladores solicitaron que se amplíe la audiencia pública convocada para tratar el proyecto que ya cuenta con media sanción, con el objetivo de garantizar una participación ciudadana amplia y efectiva en línea con los estándares establecidos por el Acuerdo de Escazú, aprobado por la Ley 27.566. Fuentes parlamentarias indicaron a AIM que el formato previsto contempla dos jornadas de nueve horas cada una, con exposiciones limitadas a cinco minutos por participante. En ese esquema, el número máximo de oradores que podría intervenir sería de alrededor de 216, una cifra muy inferior a la cantidad de personas inscriptas. Los diputados que impulsaron el pedido señalaron que la obligación del Estado no se limita a convocar formalmente a una audiencia pública, sino que implica adoptar medidas que permitan una participación real y sustantiva, especialmente cuando existe un interés público masivo en el proceso. En ese sentido, recordaron como antecedente el debate parlamentario de 2018 sobre la legalización del aborto, cuando la Cámara de Diputados realizó 15 audiencias públicas durante casi dos meses, con más de 106 horas de debate y 738 expositores, a lo que se sumaron cinco audiencias adicionales en el Senado. Especialistas consultados por este medio indicaron que la elevada inscripción refleja la diversidad de sectores interesados en el debate, entre ellos representantes del ámbito científico, académico, productivo, empresarial y territorial. En ese contexto, advirtieron que restringir la posibilidad de intervención podría limitar la deliberación pública sobre una norma vinculada a la protección ambiental. Además, señalaron que un proceso legislativo con instancias de participación consideradas meramente formales podría derivar en cuestionamientos judiciales, ya que la legislación ambiental y el Acuerdo de Escazú establecen estándares de participación ciudadana en decisiones que afectan derechos colectivos.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por