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Fecha: 10/03/2026 19:57
El tratamiento en la Cámara de Diputados del proyecto que propone modificar la Ley de Glaciares enfrenta posibles demoras en medio de reclamos de la oposición y de organizaciones ambientales por el formato de la audiencia pública convocada para debatir la iniciativa. Legisladores de distintos bloques enviaron una carta a las autoridades de la Cámara baja para pedir que se amplíe la convocatoria y la duración de la audiencia pública, al considerar que el esquema previsto impediría que participe la mayoría de las personas que se anotaron para exponer. Leé también: El Gobierno empieza a delinear la reforma política que Milei busca impulsar este año en el Congreso El planteo fue dirigido al presidente de Diputados, Martín Menem, a los titulares de las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales, José Peluc y Nicolás Mayoraz, y a la Secretaría Parlamentaria. El proyecto, que tiene media sanción en el Senado, propone modificar la Ley 26.639, que establece los presupuestos mínimos para la preservación de los glaciares y del ambiente periglacial. La norma, sancionada en 2010, protege estos ecosistemas al considerarlos reservas estratégicas de agua dulce y prohíbe actividades que puedan afectar su estado natural. Leé también: En medio de su interna, el peronismo bonaerense piensa en el 2027 y discute repetir la estrategia de desdoblar Según indicaron los legisladores, la convocatoria a la audiencia despertó un fuerte interés social. Hasta el momento se registraron más de 10.000 personas inscriptas, aunque algunas estimaciones hablan de cifras aún mayores a medida que avanza el proceso de inscripción. Sin embargo, el formato previsto dos jornadas de nueve horas cada una con intervenciones de cinco minutos permitiría la exposición de poco más de 200 oradores. Para la oposición, ese esquema dejaría afuera a la gran mayoría de los participantes que manifestaron su intención de intervenir en el debate. En la carta enviada a las autoridades de la Cámara Baja, los diputados advirtieron que las audiencias públicas en materia ambiental deben garantizar un proceso de deliberación real y no convertirse en una instancia meramente formal. En ese sentido, recordaron que el derecho a la participación ciudadana está reconocido en la Constitución Nacional, la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú, que obliga al Estado a asegurar mecanismos abiertos e inclusivos en decisiones con impacto ambiental. En paralelo, organizaciones de la sociedad civil también reclamaron mayor transparencia en el proceso. El Círculo de Políticas Ambientales solicitó formalmente que se publique la lista completa de personas registradas para participar de la audiencia pública. Según la entidad, la medida permitiría verificar la cantidad real de inscriptos y garantizar la validez del procedimiento, luego de que algunos participantes reportaran problemas para recibir los correos electrónicos de confirmación del registro. El reclamo también fue replicado por el diputado Maximiliano Ferraro, uno de los impulsores de la iniciativa de ampliar la audiencia. A través de su cuenta de X, sostuvo que las autoridades de Diputados deberían difundir el listado completo de inscriptos y actualizar la información periódicamente para asegurar la transparencia del proceso. El Congreso tiene la obligación de hacerlo público, señaló el legislador al referirse al pedido presentado junto a otros diputados para que se difundan los registros de participación. El debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares generó una fuerte movilización de organizaciones ambientales, especialistas y sectores productivos vinculados a las provincias cordilleranas. El proyecto ya cuenta con media sanción del Senado y ahora debe ser analizado en la Cámara baja antes de avanzar hacia su eventual aprobación.
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