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Paraná » 9digital
Fecha: 10/03/2026 19:05
En un fallo dictado por Mariela Emilce Rojas, el Tribunal Oral Federal de Concepción del Uruguay condenó a Daniel Foti, de 39 años, como autor penalmente responsable del delito de uso de documento público adulterado o falso. La sentencia, alcanzada mediante un acuerdo de juicio abreviado, impuso una pena de tres años de prisión de ejecución condicional tras comprobarse la participación del imputado en dos hechos de estafa documental con automotores. El primero de los hechos ocurrió en julio de 2012, cuando Foti vendió una camioneta Ford EcoSport entregando un formulario 08, una cédula de identificación y un título del automotor que resultaron ser falsos. La irregularidad fue detectada por el personal del Registro Nacional de la Propiedad Automotor Seccional N° 2 de Concepción del Uruguay cuando un gestor intentó realizar el trámite de transferencia. El segundo caso, registrado en 2014, involucró a un vehículo Audi A1 Sportback vendido a través de la plataforma Mercado Libre. El comprador descubrió la estafa meses después, cuando el Registro Automotor de Colón le informó que el dominio del vehículo era mellizo de otro radicado en la provincia de Buenos Aires. La investigación posterior determinó que el Audi vendido por Foti tenía un pedido de secuestro vigente desde julio de 2014. Pruebas periciales determinantes La justicia logró acreditar la autoría de Foti mediante minuciosas pericias caligráficas, las cuales confirmaron que los documentos falsos y los boletos de compraventa habían sido confeccionados de puño y letra por el imputado. Asimismo, los informes técnicos revelaron que el título y la cédula del vehículo Audi eran reproducciones apócrifas realizadas mediante impresión a chorro de tinta, imitando los sellos y firmas de funcionarios registrales. Sentencia y reglas de conducta Al carecer de antecedentes penales y haber reconocido voluntariamente su responsabilidad en los hechos, la jueza Rojas avaló la pena de ejecución condicional. Foti, quien actualmente reside en El Palomar y se desempeña como peluquero a domicilio, deberá cumplir estrictas reglas de conducta, incluyendo la fijación de un domicilio permanente y el sometimiento al control del Patronato de Liberados. Finalmente, el Tribunal ordenó la destrucción de toda la documentación apócrifa secuestrada durante las investigaciones de ambos expedientes.
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