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Parana » Pagina Politica
Fecha: 10/03/2026 14:59
Hace una semana se conoció que el Ministerio Público Fiscal abrió una causa para investigar la responsabilidad política de las contrataciones truchas que se pudieron probar en una primera etapa y que hace unos meses viene dando una lucha incansable por elevarse a juicio. Ese entramado por el que se extraían fondos de la Legislatura entre el período 2008 2018 fue revelado por Página Política en una publicación con fecha del 3 de octubre de 2018. Las primeras medidas, en rigor los allanamientos a los estudios contables que hacían funcionar la maquinaria de extracción de fondos públicos, las llevaron adelante los fiscales Patricia Yendo e Ignacio Aramberry. Los mismos que iniciaron la apertura de esta segunda parte y que apunta, directamente, a quienes presidieron los cuerpos legislativos durante esa década a excepción de Jorge Busti, cuyo período al frente de la Diputados, fue excluido de la pesquisa. Según supo Página Politica, se llamará a comparecer a los tribunales a los ex vicegobernadores Adán Bahl, José Cáceres y Eduardo Lauritto; y a los ex presidentes de la Cámara de Diputados José Allende y Sergio Urribarri. Esta segunda parte de la investigación que se inició en 2018 viene a explicitar una idea que se repite a menudo: el Poder Judicial suele hacer caer el peso del martillo sobre los más débiles. En la causa Contratos I no hay un solo legislador ni autoridad política imputada. Un interrogante interesante es qué delitos se le imputarán a quienes debían autorizar esas contrataciones. La causa la tiene Gonzalo Badano, a cargo de los legajos en los que se investigan supuestos fraudes en la administración pública. Un dato: la apertura fue en noviembre y se conoció recién en marzo. Yedro y Aramberry son dos fiscales de extremado bajo perfil, de casi nula relación con la prensa. La noticia coincide con el regreso de la procuradora adjunta, Cecilia Goyeneche. El 22 de julio de 2022, Página Política dio cuenta de la ampliación indagatoria de Sergio Cardoso, director administrativo de la Cámara de Diputados, que en realidad había sido realizada el 28 de mayo. Cardoso decidió presentarse a ampliar su testimonio cuando se encontró con operaciones mediáticas que intentaron encubrir a unos y endilgar culpas a otros. Ante los fiscales, Cardoso dio detalles de quiénes eran los que autorizaron las contrataciones que luego ejecutaba bajo la orden del presidente del cuerpo. Declaró Cardoso: Cada diputado decidía qué persona contratar, qué persona no contratar, decidían los montos, si daban de alta o de baja a algún contratado. Ellos, los diputados, tenían la potestad sobre las personas que contrataban. Todos los contratos eran iguales, con el mismo modelo. Se regían con la misma normativa. Los que tenían la potestad absoluta y elegían a las personas a quién contrataban y a quienes no, eran los diputados. La causa se cerró el 1° de junio y ese testimonio quedó afuera. En la causa que se pretende llevar a juicio se fijó el fraude en una suma de 1.111.871.715 pesos según lo ha determinado una pericia oficial. La causa se inició el 20 de septiembre de 2018, cuando un policía avispado vio movimientos raros en un cajero del Bersa en Avenida Ramírez. Lo anómalo eran tres personas extrayendo dinero con varias tarjetas de débito que no les pertenecían. Fuente: Página Política
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