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Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 10/03/2026 11:06
Luego de su aprobación en el Congreso, el Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue publicada en el Boletín Oficial mediante el decreto 138/2026, con lo que quedó formalmente en vigencia. La iniciativa se convirtió en una de las principales victorias legislativas del oficialismo durante las sesiones extraordinarias, luego de obtener respaldo en la Cámara alta. El proyecto fue aprobado en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Entre los cambios centrales se destacan la reducción de la edad de imputabilidad y la creación de un sistema de sanciones diferenciado según la edad y las circunstancias del adolescente que comete un delito. Edad de imputabilidad y régimen de penas La ley establece que el sistema penal juvenil deberá orientarse a la educación y la resocialización del adolescente, con el objetivo de favorecer su reintegración social y laboral. Según el texto aprobado, las sanciones deberán apuntar a que el joven comprenda la gravedad de la conducta cometida y reduzca el riesgo de reincidencia. En ese marco, la normativa también fija límites al uso de la privación de libertad. El encarcelamiento deberá aplicarse como último recurso y por el tiempo más breve posible, y quedan expresamente prohibidas las penas perpetuas o de carácter indefinido, así como la imposición de antecedentes penales permanentes. Además, se establece que toda restricción de la libertad durante el proceso deberá ser ordenada mediante una resolución judicial debidamente fundada, basada en la existencia de riesgos procesales concretos. Condiciones de detención Respecto de los lugares de alojamiento, la ley dispone que los adolescentes detenidos deberán permanecer en establecimientos especialmente acondicionados para ese fin, bajo la supervisión de personal especializado en el trato con menores. La normativa también prohíbe expresamente que los adolescentes detenidos sean alojados junto a personas mayores de edad. A pesar de endurecer el marco penal para los menores que cometen delitos, el texto remarca que los procesos deberán tramitarse con rapidez, especialmente cuando el adolescente se encuentre con prisión preventiva. En ese sentido, advierte que las demoras injustificadas en el trámite de la causa podrán derivar en responsabilidades disciplinarias para los magistrados intervinientes. Casos de menores inimputables En los casos en los que intervengan menores inimputables, la ley prevé la intervención judicial para investigar el hecho y aplicar medidas de carácter curativo o protectorio, bajo la competencia de la justicia civil. Asimismo, se establece la obligación de que jueces, fiscales y defensores cuenten con formación especializada en materia penal juvenil. Derechos de las víctimas La Ley 27.801 también incorpora de manera expresa los derechos de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. El texto garantiza que las personas perjudicadas puedan ser informadas sobre el avance del proceso, participar en distintas instancias judiciales y acceder a mecanismos de reparación. Entre las garantías previstas se incluyen el derecho a ser escuchadas, a recibir información clara sobre sus derechos y a solicitar medidas de protección. Además, la normativa habilita la posibilidad de exigir responsabilidad civil a los padres o responsables legales del menor, quienes deberán responder patrimonialmente en los términos que determine la sentencia judicial. La ley también contempla instancias de mediación o conciliación, siempre que la víctima lo acepte de manera libre e informada y que el tipo de delito lo permita, con el objetivo de favorecer soluciones restaurativas sin afectar los derechos de las personas damnificadas.
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