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Parana » Informe Digital
Fecha: 10/03/2026 03:19
La escena tiene algo de paradoja institucional. Mientras el viernes 6 de marzo, en nombre del gobierno de la provincia de Entre Ríos, la secretaria de Ambiente Rosa Hojman y el presidente del Ente Mixto de Turismo, Jorge Satto, presentaban oficialmente a la nueva autoridad del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay un área protegida creada para preservar uno de los ecosistemas fluviales más sensibles del litoral, a pocos kilómetros de donde se desarrolló ese acto un operativo de la Prefectura Naval Argentina terminó con la aprehensión de un concejal de Juntos por Entre Ríos en un presunto episodio de caza furtiva. El procedimiento tuvo lugar el viernes 6 de marzo en un camino rural cercano a la zona de Campichuelo. Allí, una patrulla preventiva de la fuerza federal detectó un vehículo detenido con tres ocupantes en un sector que suele utilizarse como acceso a áreas naturales ribereñas. La inspección posterior reveló elementos que, según las autoridades, configuraban un escenario típico de actividad de caza furtiva e ilegal. Entre los ocupantes del automóvil estaba el concejal del bloque de Juntos por Entre Ríos en la Municipalidad de Colonia Elía, Fernando Javier Heidenreij, de 52 años. Junto a él viajaban dos hombres de 37 y 33 años. Durante la verificación del vehículo, un Volkswagen Gol, los prefectos hallaron una carabina de repetición calibre .30-06 equipada con mira telescópica, municiones del mismo calibre listas para su uso y varias vainas servidas. El hallazgo más significativo se encontró en el baúl: un ejemplar de ciervo axis ya faenado. Aunque el arma contaba con documentación, la combinación de elementos incautados motivó la intervención de la Fiscalía de turno, a cargo de la fiscal Denise Caraballo. Por disposición judicial se procedió a la identificación formal de los tres hombres, al secuestro del vehículo, del arma de fuego y de las municiones, además del decomiso de la carne del animal. Las autoridades estimaron que el valor total de los elementos incautados considerando el vehículo y el armamento supera los diez millones de pesos. Más allá del expediente judicial, el episodio adquirió rápidamente una dimensión política por el rol institucional de uno de los involucrados. Heidenreij integra el bloque de Juntos por Entre Ríos en el Concejo Deliberante de Colonia Elía y responde políticamente a Alberto Zapata, dirigente de la misma estructura política que ese mismo día fue presentado por el gobierno provincial como nuevo responsable del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay. La coincidencia temporal expone una tensión difícil de ignorar en el debate público entrerriano: mientras el Estado provincial intenta consolidar una política de preservación ambiental y de desarrollo turístico sustentable en áreas protegidas, un dirigente del oficialismo local queda involucrado en un procedimiento vinculado, precisamente, con la depredación de fauna y la puesta en riesgo de terceros que implica la caza furtiva. En regiones donde los humedales y las islas del río Uruguay constituyen ecosistemas de alto valor ambiental, la caza furtiva representa uno de los principales desafíos para los organismos de control. Las dificultades logísticas para vigilar extensas zonas ribereñas y rurales hacen que la prevención dependa en gran medida de patrullajes esporádicos y de denuncias. En ese contexto, los episodios que involucran a actores con responsabilidades públicas adquieren una carga simbólica adicional. No sólo interpelan el cumplimiento de la ley, sino también la coherencia entre el discurso institucional de protección ambiental y las prácticas individuales de quienes forman parte del sistema político. Por ahora, la causa judicial se encuentra en una etapa inicial. Los tres hombres quedaron sujetos a la evolución del expediente, mientras se aguardan las actuaciones administrativas de los organismos de control de fauna y de tránsito que deberán determinar las sanciones correspondientes. Pero más allá de la resolución que eventualmente dicte la Justicia, el caso ya planteó una pregunta incómoda en el escenario político y ambiental entrerriano: qué ocurre cuando quienes forman parte de las estructuras del poder local aparecen involucrados en actividades que el propio Estado intenta erradicar de sus áreas naturales protegidas.
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