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» La Nacion
Fecha: 09/03/2026 12:46
Así limpiamos la pared cuando matamos a uno: confirman la condena para un jefe policial por dos secuestros En el fallo donde confirmaron las penas de prisión para un subcomisario de la policía bonaerense y otros integrantes de la fuerza de seguridad provincial, un tribunal de alzada sostuvo que los uniformados traicionaron su deber institucional de proteger la libertad y la integridad física de los ciudadanos, convirtiendo a la propia estructura policial en un instrumento delictivo. Se trata de una resolución de la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó la pena de 15 años de prisión para el subcomisario Héctor García, quien al momento de los hechos investigado era el jefe del destacamento José Ingenieros de Ciudad Evita, en La Matanza, de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. En 2024, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de San Martín, a cargo del juicio, también le había impuesto a García la inhabilitación especial para desempeñarse como miembro de fuerzas policiales o de seguridad por el término de diez años, accesorias legales y costas, al considerarlo coautor de secuestros extorsivos agravados, en concurso con robos agravados y con el delito de falsedad ideológica cometida por funcionario público. Ahora, los jueces Carlos Alberto Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Mariano Hernán Borinsky confirmaron las penas impuestas a García y a los otros condenados: el exoficial subayudante Alán Juan José Vallejos, que lo sentenciaron a 13 años y 6 meses de prisión, y el exoficial inspector Matías Ezequiel Castillo, al que le impusieron 12 años y ocho meses de cárcel. En el juicio oral, el Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Alberto Gentili y el auxiliar fiscal Conrado Cotella, mientras que en la instancia de casación, intervino el fiscal general ante la Cámara, Mario Villar, quien solicitó el rechazo de todos los planteos presentados por las defensas, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar. Para el juez Geminiani, los uniformados no solo participaron en los hechos investigados, sino que, al hacerlo, traicionaron su deber institucional de proteger la libertad y la integridad física de los ciudadanos, convirtiendo a la propia estructura policial en un instrumento delictivo. El tribunal de alzada confirmó las penas impuestas y dejó firme la sentencia condenatoria dictada en primera instancia, al concluir que los agravios defensivos no lograron desvirtuar la solidez probatoria del fallo recurrido. Las víctimas Como había informado LA NACION en su momento, las víctimas de los secuestros extorsivos de la banda del subcomisario García eran supuestos ladrones al que un conocido les prometía una zona liberada para robar. Se valían de un ardid, convocándolos a un lugar previamente acordado a las víctimas para, una vez en el sitio escogido, privarlas ilegítimamente de su libertad, para luego ser retenidos y ocultados en la sede del destacamento policial de José Ingenieros de la policía bonaerense , con el objeto de sacar rescate a cambio de su liberación, había sostenido en diciembre de 2020 el juez federal de Morón Jorge Rodríguez en la resolución donde procesó a los sospechosos. La investigación había comenzado con la denuncia hecha por un familiar de las víctimas. El juez Rodríguez delegó la investigación en el Ministerio Público. La fiscal federal Mariela Labozzetta le dio intervención a su colega Santiago Marquevich, a cargo de Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada (Ufeco), dependencia que en ese momento se llamaba Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese). Hubo dos casos de secuestros extorsivos que le adjudicaron a la banda de poliladrones. El primer hecho sucedió entre las 22 del 28 septiembre de 2020 y las 4 del día siguiente, lapso en el que estuvieron privados de su libertad cuatro hombres que tenían planeado robar US$ 10.000 en una casa. El dato a los ladrones se los había entregado, según fuentes judiciales, una persona apodada Tati, que estaba en connivencia con los uniformados. Cuando los ladrones llegaron a la casa donde se tenía que concretar el robo, en Ciudad Evita, en La Matanza, fueron sorprendidos por uniformados de la policía bonaerense. "Las víctimas fueron agredidas física y verbalmente. Les colocaron precintos en sus manos, los amenazaron con llevarlos detenidos y con armarles causas. Fueron introducidos en un auto, donde hombres les exigieron oro y plata y, entre otras cosas, les refirieron que debían juntar $300.000 (trescientos mil pesos) en una hora", según el expediente judicial. Los cuatro supuestos ladrones fueron llevados al destacamento José Ingenieros donde estuvieron cautivos. Uno de los captores, a quienes el resto de los sospechosos llamaban jefe les exigió que reunieran $300.000 a cambio de su liberación. Durante el cautiverio las víctimas fueron amenazadas y agredidas constantemente por parte de los autores del hecho, quienes le propinaron golpes en sus cuerpos, provocándoles lesiones", explicó el juez Rodríguez en su resolución. Fue en esas circunstancias cuando, según una de las víctimas, el subcomisario García limpió de la pared una macha de sangre y dijo: Así limpiamos la pared cuanto matamos a uno. El rescate exigido fue pagado por familiares de una de las víctimas en cercanías del Hospital Alberto Balestrini, en Ciudad Evita. El pago se hizo desde un automóvil hacia otro, de ventanilla a ventanilla. Las personas que estaban privadas de su libertad fueron liberadas después de lavarse la sangre de las heridas en un baño del destacamento policial. El segundo caso por el que fueron procesados el grupo de policías ocurrió entre las 21 del 13 de octubre de 2020 y las 4 del día siguiente. El modus operandi fue similar al anterior hecho. Las víctimas, cuatro supuestos ladrones, iban a protagonizar un robo a una pareja de jubilados que, supuestamente, tenían $7.000.000 de pesos en su casa. Antes de irrumpir en la vivienda que iban a robar, en Ciudad Evita, los ladrones fueron sorprendidos por policías que circulaban en un patrullero y en dos automóviles sin identificación. Un familiar de las víctimas llegó a juntar US$ 300 dólares para pagar el rescate, que debía concretarse en el barrio de Constitución, pero se frustró esa negociación. Las víctimas igualmente fueron liberadas en la madrugada del 14 de octubre pasado. Las víctimas de los hechos pusieron a disposición de la investigación constancias objetivas emanadas de sus propios aparatos celulares que confirman, por una vía distinta, sus dichos, en cuanto a que fueron previamente convocados al lugar en donde finalmente fueron privados ilegítimamente de su libertad, como así también, los llamados de índole extorsiva recibidos por las víctimas pasivas. Por otro lado, se cuenta con las tareas de campo efectuadas por el personal de la División Operativa Central de la Policía Federal Argentina (PFA), permitieron, en lo sustancial, corroborar los datos brindados en declaración testimonial por las víctimas de los hechos investigados en lo que se refiere: a los vehículos utilizados para cometer los hechos, al lugar de cautiverio y a los efectivos policiales que prestaban funciones en el destacamento policial mencionado los días 28 y 29 de septiembre y 13 y 14 de octubre de 2020, sostuvo el juez Rodríguez.
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