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Parana » AIM Digital
Fecha: 09/03/2026 07:14
El Gobierno nacional promulgó la Ley 27.801 que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil y reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma fue oficializada mediante el decreto 138/2026 publicado en el Boletín Oficial, luego de haber sido aprobada por el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias. La iniciativa fue sancionada en el Senado con 44 votos afirmativos, 27 negativos y una abstención. Entre los principales cambios se destaca la modificación de la edad de imputabilidad y la implementación de un sistema de sanciones diferenciado según la edad del adolescente y las características del delito. La normativa establece que el régimen penal juvenil deberá orientarse a la educación y resocialización de los adolescentes, con el objetivo de favorecer su integración social y evitar la reincidencia. En ese marco, la privación de la libertad queda definida como un recurso excepcional y por el período más breve posible. La legislación prohíbe la aplicación de penas perpetuas o indefinidas y también impide que los adolescentes queden con antecedentes penales permanentes. Asimismo, dispone que cualquier restricción de la libertad durante el proceso deberá ser debidamente fundamentada por la autoridad judicial y basada en riesgos procesales comprobados. La ley también establece condiciones específicas para la detención de menores. En caso de ser necesario el encierro, los adolescentes deberán ser alojados en establecimientos especialmente acondicionados y separados de las personas mayores de edad, bajo la supervisión de personal capacitado para su tratamiento. En relación con los menores considerados inimputables, la normativa dispone la intervención judicial para investigar los hechos y aplicar medidas de protección o tratamiento bajo la órbita de la justicia civil. Además, fija la obligatoriedad de que jueces, fiscales y defensores cuenten con especialización en materia penal juvenil. Por otra parte, el régimen reconoce de manera expresa los derechos de las víctimas de delitos cometidos por adolescentes. La ley garantiza su participación en el proceso penal juvenil, el acceso a información sobre el avance de las causas y la posibilidad de solicitar medidas de protección. La normativa también habilita mecanismos de conciliación o mediación en determinados casos, siempre que la víctima lo acepte de manera libre e informada y que la naturaleza del delito lo permita. Asimismo, establece que los progenitores o responsables legales de los adolescentes podrán responder civilmente por los daños ocasionados, en los términos que determine la sentencia judicial.
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