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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 08/03/2026 01:45
El pueblo de la Patria, ante la agresión extranjerizante y solapada de la subversión y el desorden generalizado, ha entendido dónde está la verdad y dónde y la mentira, y cuánto vale su Ejército, dijo Reynaldo Bignone, director del Colegio Militar, el 8 de marzo de 1976. Lo hizo en la ceremonia de iniciación de los cadetes que empezaban ese año a transitar esa institución. Faltaban algo más de dos semanas para que las Fuerzas Armadas rompieran el orden constitucional de la Argentina y tomaran el poder, y algo más de seis años para que el mismísimo Bignone se convirtiera en el último presidente de facto de esa dictadura, la más sangrienta de la historia del país. En ese mismo acto, Bignone también les dijo a los cadetes ingresantes, a los que eran alumnos de años anteriores y a sus familias: Este Ejército que con humildad y estoicismo aguantó afrentas, soportó calumnias y perdió sangre, mostró la hoja de su sable más afilada que nunca. Se aferró a los valores de Dios, la Patria y la familia y fue comprendido por su pueblo. Por eso esta guerra está ganada. Algunas de las palabras y los argumentos que la dictadura usaría para justificar su plan sistemático de secuestro, tortura y desaparición forzada de personas ya se deslizaban en ese acto del primer lunes de marzo de 1976. Bignone, que también era general de brigada del Ejército, sostuvo: Los agentes de la subversión no son ni soldados ni profesionales, sino mercenarios de una idea extranjera". Como no tienen jerarquía para enfrentar a un ejército, ensucian la lucha y apelan a los métodos de las bandas de delincuentes (...) apelan a la forma de pelear que les enseñó la doctrina extranjera a la que sirven y entonces manejan con rara habilidad la bomba que mata inocentes, siguió. Ese día, Bignone celebró que la inscripción para nuevos cadetes del Colegio Militar había superado con creces la de años anteriores. Lo interpretó como un signo del apoyo popular al Ejército. Arrestos en las facultades y los comercios También hubo, el 8 de marzo de 1976, muchos inscriptos para ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Ese día se rindieron los exámenes de ingreso a esa facultad, y también a Arquitectura, Derecho y la carrera de Sociología. Por primera vez en mucho tiempo, Medicina se imponía a Ciencias Económicas como la facultad más elegida por los ingresantes. Había 2.500 vacantes para los 5.100 aspirantes a un lugar en la carrera de Medicina. En la Facultad de Arquitectura hubo un detenido. Alejandro Calabria, integrante del Centro de Estudiantes de esa casa de estudios, fue arrestado por la Policía luego de la manifestación que hizo en contra de los exámenes de ingreso por considerarlos limitaciones en el acceso a la educación superior. En Derecho y Medicina no hubo ni arrestos ni Policía, pero sí varias quejas por la desorganización a la hora de tomar los exámenes a los ingresantes. También hubo detenidos en la calle. La Policía Federal se puso al servicio del control de precios, tal como lo había dispuesto el Poder Ejecutivo. En medio de esas inspecciones, se produjeron incidentes y algunas terminaron con comerciantes e incluso clientes subidos a los patrulleros. El contexto era el de una escalada inflacionaria que se pretendía amortiguar con ese control de precios, y a eso se sumaba el desabastecimiento de productos básicos. Por eso, en su inspección de precios la Policía encontró tres cosas: comerciantes que los cumplían, comerciantes que no y muchos comercios cerrados porque no tenían mercadería suficiente como para levantar la persiana y recibir a su público. El fallido Plan Mondelli El escenario de desabastecimiento y de control de precios era una de las tantas aristas de una economía que temblaba. El ministro de Economía, Emilio Mondelli, había presentado el popularmente llamado, justamente, Plan Mondelli. Implicaba devaluación de la moneda, aumento supervisado de precios y ajustes de tarifas. El rechazo fue generalizado. Tanto que incluso parte de la bancada peronista en el Congreso encabezó un pedido de interpelación al ministro en la Cámara de Diputados. Julio Bárbaro y Nilda Garré, diputados peronistas del Grupo del Trabajo, eran algunos de los que exigían a Mondelli que explicara ante la Cámara Baja si su plan era coherente con la filosofía económica peronista. También querían que respondiera si no consideraba que el plan impactaba directamente en los sectores de más bajos recursos y que por eso hería de plano los principios de la doctrina peronista, y si no había sido lesivo hacia el Poder Legislativo negar información a la Comisión de la Presupuesto y Hacienda a la par que se hacía llegar esa información al Fondo Monetario Internacional. Las 62 Organizaciones, comandadas por Lorenzo Miguel, instaban a sostener el apoyo al gobierno peronista. Incluso interpelaron a la CGT para que emitieran un comunicado urgente en esa dirección. Pero la CGT, en sus distintas seccionales de provincias como Mendoza, San Juan y Santa Fe empezó a acusar recibo de las manifestaciones espontáneas de los obreros que integraban sus sindicatos. A esa oleada se sumaron distintas zonas del cordón industrial del Conurbano, y las autoridades cegetistas decidieron que sumarse al comunicado de apoyo de las 62 Organizaciones sería imposible de cara al descontento de sus bases. Reclamaban, sobre todo, ajustes salariales que acompañaran el aumento del costo de vida, que no paraba de crecer. Lorenzo Miguel controlaba lo más de cerca que podía esa especie de rebelión a su pedido en la que incurría la otra gran central obrera, pero sabía que ese descontento obrero estaba basado en hechos reales. El Congreso, enardecido contra la Presidenta La crisis no era sólo económica sino, sobre todo, política. La Justicia argentina ordenó el pedido de extradición y prisión preventiva de José López Rega, que había sido no sólo ministro de Bienestar Social de los gobiernos de Cámpora, Perón e Isabelita, sino también el secretario privado -y una máxima influencia- de la entonces Presidenta. López Rega era acusado de defraudación a la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos. La Cancillería recibió el exhorto de extradición que debía hacer valer en España. El juez federal Alfredo Nocetti Fasolino atribuyó la demora argentina en tomar esa decisión a la noticia (falsa) que había corrido unos meses antes sobre la supuesta muerte de El Brujo en la Península Ibérica. Y explicó que tomaba la decisión de ordenar su prisión preventiva después de dar por demostrado el desvío de fondos que se iban a usar presuntamente para actividades benéficas y que finalmente no llegaban a destino. A esa estafa al erario público cometida por el máximo colaborador de la Presidenta se sumaba una consideración cada vez más pobre su desempeño. En ese sentido, el presidente provisional del Senado, Ítalo Lúder, tuvo que dar una conferencia de prensa para descartar la posibilidad de encabezar una Asamblea Legislativa que, en pleno, analizara urgentemente la crisis del Poder Ejecutivo Nacional y tomara una decisión al respecto. Ante los periodistas, Lúder explicó que 133 legisladores le habían presentado esa petición y sostuvo que no era viable hacer una Asamblea Legislativa pensando en un reemplazo presidencial ya que esa herramienta se preveía, eventualmente, ante un caso de muerte o de enfermedad inhabilitante. En cambio, sostenía la máxima autoridad de la Cámara Alta, la destitución de María Estela Martínez de Perón debía en todo caso instrumentarse a través de un juicio político. Ricardo Balbín, histórico presidente de la Unión Cívica Radical, convocaba por esos días a una reunión multipartidaria para decidir los pasos a seguir respecto de esa enorme crisis institucional. Invitó a una futura reunión al Partido Intransigente, al Comunista, al Demócrata Progresista y al Revolucionario Cristiano. Pero no le puso fecha concreta a esa reunión: estaba a la espera de que se conformara el Consejo Nacional Justicialista para que el oficialismo también participara de la reunión. Cadáveres en la ruta Mientras todo eso ocurría, la Policía confirmó el paradero de tres cadáveres que se habían encontrado desnudos y con las manos amputadas a la vera de la ruta 2, cerca de Dolores. Eran Federico Báez, de 52 años, Agnes, su esposa de 47, y María Ercilia, la hija de 23. Fueron reconocidos por tres dirigentes de la UCR de Mar del Plata, que era la ciudad en la que vivían. Es que el padre de familia militaba en el radicalismo e incluso había llegado a ser Director de Transporte de la Provincia. Los Báez habían permanecido desaparecidos durante varios días y se había llegado a denunciar su secuestro. Se sabía que un grupo armado había irrumpido en su casa. Cuando confirmaron el paradero de los cadáveres, fuentes que investigaban el caso revelaron a la prensa la hipótesis de que ese grupo armado sin identificar buscaba a otro integrante de la familia, el hijo de Federico y Agnes, que era empleado bancario y que, según esas fuentes, estaba relacionado con actividades extremistas del quehacer subversivo. Faltaban sólo dieciséis días para que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada ocuparan el Poder Ejecutivo por la fuerza. El Colegio Militar ya daba la supuesta guerra por ganada.
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