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» tn24
Fecha: 07/03/2026 17:58
El gobierno de Javier Milei comenzó a delinear su estrategia legal para sostener la reforma laboral luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) presentara un amparo judicial con el objetivo de frenar la entrada en vigencia de algunos artículos de la nueva legislación. La central sindical acudió al Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavié Pico, para pedir la nulidad y la inconstitucionalidad de los puntos que habilitan el traspaso de la Justicia laboral de la Nación a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el planteo sindical, la medida no habría cumplido con los requisitos constitucionales y podría generar incertidumbre en el funcionamiento de los tribunales y en la situación laboral de los trabajadores judiciales. Ante este escenario, el Ejecutivo anticipa que la reforma será objeto de múltiples presentaciones judiciales. La defensa de la normativa quedará principalmente en manos del nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien asumió recientemente y tendrá la responsabilidad de coordinar la estrategia legal del Gobierno. En ese esquema también tendrán participación otros organismos del Estado. Entre ellos, la Procuración del Tesoro de la Nación, que representa jurídicamente al Estado y que ahora estará encabezada por Sebastián Amerio. Asimismo, continuará la coordinación con la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia, dirigida por María Ibarzabal Murphy, área que intervino en el diseño jurídico de la reforma. Dentro del oficialismo consideran que la judicialización de la medida era previsible y aseguran que el conflicto podría terminar siendo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Entre los aspectos de la reforma que generan mayor controversia se encuentran la prioridad de los convenios laborales de empresa por sobre los acuerdos sectoriales, la limitación de la ultraactividad de los convenios colectivos y los cambios en el cálculo de las indemnizaciones. Además, la transferencia del fuero laboral a la órbita porteña reavivó una discusión institucional que se remonta a la reforma constitucional de 1994. El proceso de traspaso fue habilitado mediante el Decreto 95/2026, que autoriza al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a firmar los acuerdos correspondientes con la administración de la Ciudad. Sin embargo, desde la CGT cuestionan el procedimiento y sostienen que debería haber intervenido la comisión bicameral del Congreso. El conflicto no solo enfrenta al Gobierno con los sindicatos. También la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional manifestó reparos sobre el tratamiento legislativo, mientras que autoridades de la Ciudad, como el procurador porteño Javier Martínez Zabaleta, señalaron la necesidad de que el eventual traspaso del fuero laboral se realice de forma ordenada. Pese a las críticas, en la Casa Rosada confían en que la reforma resistirá los planteos judiciales y sostienen que la modernización del sistema laboral es una prioridad para la administración de Milei.
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