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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 07/03/2026 09:19
El proyecto de reforma de la Ley de Glaciares, que ya cuenta con media sanción del Senado, comenzó a debatirse en comisiones de la Cámara de Diputados. La reforma de la Ley de Presupuestos Mínimos para la Protección de Glaciares (Ley 26.639), que ya cuenta con media sanción del Senado, encendió señales de alerta entre especialistas en derecho ambiental. La Red Argentina de Fiscalías Ambientales presentó una nota formal ante la Cámara de Diputados en la que advierte que varios cambios propuestos podrían ser inconstitucionales y representar una regresión en los estándares de protección ambiental. El documento -al que accedió ANÁLISIS- fue dirigido al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, y plantea que la iniciativa tensiona el sistema constitucional de presupuestos mínimos previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, además de debilitar la protección vigente sobre glaciares y ambientes periglaciares. La preocupación surge en un contexto global de crisis ambiental múltiple, marcada por la contaminación, la pérdida de biodiversidad y el cambio climático. En Argentina, la cuestión adquiere especial relevancia: según el inventario elaborado por el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales, el país cuenta con 16.968 glaciares que cubren más de 8.400 kilómetros cuadrados. Estas formaciones cumplen funciones clave como reservas estratégicas de agua dulce, reguladores de cuencas hídricas y motores del turismo en regiones cordilleranas. La advertencia coincide con evaluaciones científicas internacionales. El Intergovernmental Panel on Climate Change (Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático) ha señalado que la pérdida de masa glaciar a nivel mundial reducirá la disponibilidad de agua para consumo humano, agricultura y generación hidroeléctrica, aumentando la vulnerabilidad de las comunidades cercanas a los Andes. Desde el punto de vista jurídico, el principal cuestionamiento de los fiscales apunta a que la reforma alteraría el esquema de federalismo de concertación que rige en materia ambiental. Ese sistema establece que la Nación fija estándares mínimos de protección y las provincias pueden ampliarlos, pero no reducirlos. La modificación, sostienen, permitiría que cada jurisdicción adopte criterios técnicos propios para definir qué formaciones merecen protección, lo que generaría un mosaico regulatorio desigual y potencialmente habilitaría prácticas de dumping ambiental para atraer inversiones. Otro aspecto crítico es el posible retroceso en las garantías ambientales. El proyecto limitaría la protección a glaciares con función hídrica directa y reduciría el listado de actividades prohibidas en esos ecosistemas. Según la Red de Fiscalías Ambientales, esto abriría la puerta a que emprendimientos en zonas glaciares o periglaciares puedan ser evaluados y eventualmente autorizados por autoridades provinciales mediante estudios de impacto ambiental, sin estándares uniformes a nivel nacional. El planteo también invoca el principio de no regresión ambiental, reforzado recientemente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que establece que los Estados deben abstenerse de adoptar medidas que reduzcan los niveles de protección ambiental ya alcanzados. Frente a este escenario, la Red solicitó a Diputados revisar el proyecto antes de su tratamiento y abrir un debate que garantice la coherencia con la Constitución y los compromisos internacionales asumidos por el país en materia ambiental. Según advierten, lo que está en juego no es sólo una norma sectorial, sino el propio modelo de protección ambiental en la Argentina. El documento de la Red Argentina de Fiscalías Ambientales
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