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Concordia » 7paginas
Fecha: 07/03/2026 09:10
La medida fue impulsada por la fiscal Gisela Muñiz, de la Unidad Fiscal de Feliciano, quien solicitó una orden de allanamiento que fue autorizada por el juez de Garantías Emir Gabriel Artero. El operativo fue encabezado por el delegado judicial José Nicolás Morabes. La investigación busca acceder a documentación vinculada a la atención psicológica que el profesional brindó a una adolescente que había sido derivada por la Justicia a fines de 2025. Según se informó, la menor había denunciado un caso de abuso y, ante la imposibilidad de recibir tratamiento en el Hospital Francisco Ramírez de Feliciano, fue derivada al CIC, un dispositivo dependiente de la Municipalidad. Entre noviembre y diciembre de 2025 la adolescente mantuvo dos entrevistas con el psicólogo Quintana. Luego de esas consultas no volvió a concurrir al centro. La búsqueda de informes y el allanamiento Durante febrero, la fiscal Muñiz solicitó mediante oficio judicial acceder a los informes diagnósticos elaborados por el profesional. Desde la Municipalidad respondieron que el psicólogo se encontraba de vacaciones y que el material solicitado estaba protegido por el secreto profesional, por lo que ningún funcionario municipal tenía acceso a esa documentación. Ante esa respuesta, la fiscalía avanzó con el pedido de allanamiento al CIC con el objetivo de encontrar los registros de las entrevistas realizadas. Sin embargo, durante el procedimiento no se halló la documentación requerida. Tras ello, la comitiva judicial se trasladó al domicilio particular del psicólogo Quintana, donde también se concretó un allanamiento. Según trascendió, al ser consultado por el procedimiento el delegado judicial Morabes habría señalado que si hubieran mandado lo que pedimos esto no habría ocurrido. La respuesta del psicólogo Luego de lo ocurrido, el psicólogo Ernesto Quintana difundió un comunicado en el que defendió su accionar profesional y remarcó el compromiso con la atención de personas en situación de vulnerabilidad. En mi carácter de psicólogo que se desempeña en el ámbito público, he actuado siempre con absoluto compromiso con la salud mental, la protección de las infancias y el acompañamiento de las personas en situación de vulnerabilidad, expresó. El profesional explicó que su intervención se ha guiado por los principios éticos de la profesión, entre ellos el deber de confidencialidad y el respeto por la intimidad de quienes consultan. Asimismo, manifestó su apoyo a las víctimas de violencia y abuso. La escucha, contención y protección de quienes atraviesan estas situaciones constituye una prioridad absoluta en el ejercicio de mi profesión, señaló. Respecto del allanamiento, consideró que algunas medidas adoptadas en la investigación resultan desproporcionadas en relación con la naturaleza de la información requerida. El secreto profesional no es un privilegio personal del profesional, sino una garantía fundamental para las personas que buscan ayuda en el sistema de salud, afirmó. Malestar en la Municipalidad El procedimiento también generó un fuerte malestar en el ámbito de la Municipalidad de San José de Feliciano, que conduce el intendente Damián Arévalo. La asesora legal del municipio, Guadalupe Pereyra, explicó que en el CIC no se guardan historias clínicas ni registros terapéuticos de los pacientes atendidos por profesionales de la salud mental. En el CIC no hay documentación ni algo parecido a una historia clínica de las personas que se atienden con el psicólogo. No hay un registro de lo que se trata en terapia porque sería revelar el secreto profesional, indicó. La funcionaria sostuvo además que la Municipalidad siempre actuó con transparencia y disposición para colaborar con la Justicia. No hay nada que ocultar ni documentación que retener y siempre que corresponde estamos a disposición, aseguró. Pereyra también consideró que el allanamiento fue una medida excesiva y desproporcionada para el tipo de documentación que se pretendía obtener, al tratarse de información protegida por el secreto profesional. El planteo del intendente Arévalo A través de un comunicado oficial, la administración del intendente Damián Arévalo expresó su preocupación por el procedimiento judicial realizado en el CIC. El municipio sostuvo que siempre ha estado dispuesto a colaborar con la Justicia, pero consideró llamativo el despliegue de un procedimiento de allanamiento en una dependencia pública municipal para requerir documentación que podría haber sido solicitada a través de otras vías institucionales. Desde el Ejecutivo local también se explicó que el CIC únicamente cuenta con registros administrativos básicos de atención, mientras que la información terapéutica forma parte de la práctica profesional del psicólogo y está bajo su custodia. Además, el municipio recordó que la información vinculada a tratamientos psicológicos está especialmente protegida por los principios de confidencialidad y secreto profesional. En ese marco, la administración municipal también mencionó que el Código Procesal Penal de Entre Ríos prevé mecanismos menos invasivos, como la orden de presentación de documentos, justamente para evitar medidas más gravosas como los allanamientos. Por último, desde el municipio señalaron que la razonabilidad del procedimiento deberá ser evaluada en las instancias correspondientes, teniendo en cuenta la sensibilidad de los datos vinculados a la salud mental y la protección de los derechos de las personas involucradas. Con información de Ahora Entre Rios
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