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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 07/03/2026 06:38
Violencia de género: El fiscal Juan Pablo de Giambattista advirtió sobre el aumento de denuncias y la falta de herramientas para abordarla En medio de un aumento sostenido de denuncias y casos vinculados a violencia de género, el debate sobre cómo interviene la justicia y qué herramientas existen para abordar el problema vuelve a tomar relevancia. En diálogo con Despertar Entrerriano, el fiscal Juan Pablo de Giambattista, uno de los cuatro integrantes de la Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia, analizó la situación actual, explicó cómo funciona el circuito judicial cuando se realiza una denuncia y reflexionó sobre los límites del sistema para trabajar también en la reeducación de los agresores. La Unidad de Violencia de Género y Abuso Sexual de Concordia está integrada por un equipo de fiscales que trabajan de forma conjunta en la investigación y abordaje de estos casos. Según explicó Juan Pablo de Giambattista, el espacio está conformado por los fiscales María Agustina Solé, Evelina Espinosa y Mauro Jaume, además de profesionales que acompañan el trabajo diario. Un problema histórico que sigue creciendo Desde la mirada del fiscal, la violencia de género es una problemática que lleva décadas presente en la sociedad y que hoy continúa mostrando indicadores preocupantes. Según señaló, el aumento de denuncias refleja que el problema no solo persiste, sino que también se vuelve cada vez más visible. Es un tema que viene desde hace muchísimo tiempo y la temática de por sí es preocupante porque vemos que los casos, con las herramientas que uno tiene, en algunos momentos más y en otros menos, siguen siendo los mismos. Incluso las estadísticas demuestran que hay un mayor porcentaje de femicidios y un mayor ingreso de denuncias vinculadas a distintos delitos relacionados con violencia de género, sostuvo. El fiscal explicó que el incremento de casos no se limita únicamente al ámbito penal, sino que también se refleja en otras instancias del sistema judicial: No solamente hablamos de delitos penales, sino también de todas las situaciones que llegan al juzgado de familia, que es quien alberga la gran demanda de denuncias. Uno nota que ha incrementado de forma preocupante. Y mientras el número de denuncias y de situaciones aumenta, las herramientas siguen siendo prácticamente las mismas que teníamos hace un tiempo, advirtió. En ese contexto, remarcó que la violencia suele manifestarse de distintas formas simultáneamente, lo que vuelve aún más compleja la intervención del Estado: Por lo general uno considera que las violencias pueden ser de distintos tipos, pero siempre van acompañadas. La violencia física suele estar atravesada por violencia psicológica y muchísimas veces también por violencia económica. También tenemos casos de violencia sexual en sus distintas modalidades, que pueden involucrar a niños, niñas, adolescentes o personas adultas. Hoy vemos que no se trata de una sola modalidad de violencia, sino de situaciones donde aparecen varias al mismo tiempo, explicó. Cómo actúa la justicia cuando se realiza una denuncia Cuando una persona decide denunciar una situación de violencia, el primer paso puede darse en distintos ámbitos del Estado. Según explicó de Jean Batista, cualquier dependencia pública tiene la obligación de recibir la denuncia: Las personas que sufren violencia o quienes conocen a alguien que está atravesando una situación así pueden denunciar en cualquier lugar: una dependencia policial, la fiscalía o un juzgado. Es una obligación de todas las instituciones recibir esa denuncia. Nunca una persona puede tener como respuesta un no por parte de la autoridad, señaló. A partir de ese momento se activa un circuito de intervención que involucra distintas áreas del sistema judicial. En una primera etapa se toman medidas preventivas destinadas a proteger a la víctima: Una vez realizada la denuncia, inmediatamente se pone en conocimiento al juzgado correspondiente. Como primera medida se dictan medidas de prevención, las típicas prohibiciones de acercamiento hacia la persona denunciante o hacia determinados lugares como la vivienda, el lugar de trabajo o algún espacio recreativo. También puede haber medidas relacionadas con cuestiones económicas cuando existen hijos en común, detalló. En muchos casos, explicó, las situaciones de violencia también incluyen conflictos vinculados al incumplimiento de obligaciones económicas por parte del agresor: Hoy vemos mucho lo que se conoce como violencia económica, que aparece cuando, por ejemplo, un padre deja de cumplir con sus obligaciones luego de una separación y no aporta lo que corresponde para el sostenimiento de sus hijos. Por eso siempre digo que casi nunca hablamos de una sola forma de violencia, sino de varias que se combinan, indicó. El juzgado de familia trabaja de manera articulada con el Equipo Técnico Interdisciplinario, encargado de evaluar el riesgo de cada situación: Los profesionales del equipo técnico realizan entrevistas tanto con la mujer como con el agresor y elaboran un informe de riesgo. A partir de ese informe el juzgado define qué medidas corresponden según el caso, explicó. Desde el punto de vista penal, la fiscalía interviene cuando la denuncia configura un delito: No todas las denuncias de violencia de género implican un delito penal. Nosotros intervenimos cuando existe una agresión física, amenazas, daños u otros hechos que encuadran dentro del Código Penal. A partir de ahí comienza la etapa de investigación para determinar cómo ocurrió el hecho y cuál fue la responsabilidad de cada persona, detalló. Tratamiento de agresores y límites del sistema Uno de los debates centrales en torno a la violencia de género es qué ocurre con los agresores una vez que el caso llega a la justicia. Según explicó el fiscal, muchas causas se resuelven mediante mecanismos previstos por el Código Procesal, como acuerdos de juicio abreviado o suspensiones de juicio a prueba. En esos casos, el agresor debe cumplir determinadas reglas de conducta establecidas por la justicia. Cuando se aplican estas salidas alternativas siempre se fijan reglas de conducta. Una de ellas es la certificación de un profesional de la salud mental, ya sea psicólogo o psiquiatra, que evalúe el estado de la persona agresora. Si el especialista considera que necesita tratamiento, esa persona debe iniciarlo y acreditarlo ante la justicia, explicó. Además, los agresores deben participar en instancias de formación vinculadas a la temática: También exigimos como obligación el cursado de un curso de concientización respecto de las violencias de género. Son capacitaciones que hoy pueden realizarse bajo distintas modalidades y que forman parte de los requisitos que establece la justicia para encaminar la situación, señaló. Sin embargo, el fiscal reconoció que esas herramientas resultan insuficientes frente a la complejidad del problema: Si me preguntás desde lo personal, no alcanza. No contamos con recursos más concretos que aborden la materia de una manera más profunda. Incluso para asistir a las mujeres que están atravesando una situación de violencia muchas veces tampoco tenemos la asistencia adecuada, afirmó. Entre las principales dificultades que observa se encuentran la falta de espacios de contención y recursos institucionales para acompañar a las víctimas: No contamos con lugares adecuados donde una mujer pueda refugiarse con sus hijos cuando decide denunciar. Tampoco existe un gabinete de asistencia a la víctima que brinde contención profesional en el momento de hacer la denuncia. Hasta hace un tiempo existía un equipo municipal que trabajaba en esta temática, pero hoy ese recurso es muy escaso y la demanda es cada vez mayor, señaló. Para Giambattista, la solución al problema no puede limitarse únicamente a la sanción penal, sino que requiere un abordaje mucho más amplio: Hay situaciones que quizás sean inevitables, porque una persona determinada a hacer algo puede hacerlo igual. Pero no tengo dudas de que con mayores herramientas podríamos evitar muchísimas situaciones que terminan agravándose, como femicidios o tentativas de femicidio. No se trata solo de sancionar desde lo penal, sino también de concientizar, educar y trabajar en la sociedad para prevenir estas situaciones, sostuvo. En ese sentido, también explicó por qué el femicidio tiene un tratamiento específico dentro del Código Penal: Un homicidio es cuando una persona mata a otra. El femicidio es un homicidio agravado: cuando un hombre mata a una mujer en un contexto de violencia de género. Esa figura se incorporó para visibilizar una problemática histórica. Hoy estamos hablando de que aproximadamente cada 24 o 25 horas en Argentina una mujer es asesinada por un hombre en este contexto, y por eso requiere una mirada distinta y herramientas específicas para su abordaje, concluyó. Fuente: Despertar Entrerriano
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