07/03/2026 02:24
07/03/2026 02:24
07/03/2026 02:24
07/03/2026 02:19
07/03/2026 02:19
07/03/2026 02:19
07/03/2026 02:19
07/03/2026 02:18
07/03/2026 02:17
07/03/2026 02:17
Parana » Cuestion Entrerriana
Fecha: 06/03/2026 23:34
La diputada provincial Gabriela Lena (UCR-Juntos por Entre Ríos) presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados que propone establecer un marco regulatorio para el procedimiento de Juicio Político en la provincia, con el objetivo de definir reglas claras, garantizar el derecho a la defensa y fortalecer la participación ciudadana. La iniciativa busca saldar una deuda institucional, ya que plantea fijar normas precisas para el desarrollo del proceso, que actualmente se rige por disposiciones constitucionales sin una reglamentación detallada. El proyecto establece que el procedimiento se regirá estrictamente por la Constitución de Entre Ríos y, de manera subsidiaria, por el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia, lo que permitiría otorgar una estructura jurídica más sólida y evitar interpretaciones arbitrarias durante la investigación de posibles causales de mal desempeño. Entre los puntos destacados, la propuesta dispone que cualquier persona humana o jurídica pueda presentar un pedido de Juicio Político, siempre que tenga conocimiento prima facie de las causales constitucionales. La denuncia deberá realizarse por escrito, en formato papel o a través de medios digitales. Alcances del proyecto La iniciativa consta de 36 artículos de fondo y uno de forma. Entre otros aspectos, establece a la Comisión de Investigación prevista en el artículo 141 de la Constitución provincial como órgano central del proceso. Además, incorpora herramientas del Código Procesal Civil y Comercial para garantizar un debido proceso técnico, y contempla la utilización de soportes digitales para la recepción de denuncias, con el objetivo de facilitar el control ciudadano desde cualquier punto de la provincia. Fundamentos En los fundamentos del proyecto, Lena sostuvo que recientes antecedentes de pedidos de Juicio Político evidenciaron la falta de una reglamentación clara. Según indicó, la Constitución provincial no cuenta con una norma detallada que garantice plenamente los principios y garantías constitucionales. Entre esos principios mencionó el debido proceso, la igualdad ante la ley, la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la separación e independencia de los poderes, la seguridad jurídica y la independencia judicial. La legisladora recordó que en los últimos años se registraron distintos pedidos de Juicio Político, entre ellos uno presentado a fines de 2024 contra la vocal del Superior Tribunal de Justicia Gisela Schumacher y otro a fines de 2025 contra la vocal Susana Medina de Rizzo. Al cumplimentar con los artículos 138 a 154 de la Constitución Provincial advertimos con mis pares diversas vicisitudes y falencias respecto del proceso que debe regir para llevar adelante un juicio político, que es de carácter excepcional, expresó. En ese sentido, señaló que la normativa constitucional dejó lagunas jurídicas en relación con el procedimiento, por lo que el proyecto busca reglamentar el proceso utilizando herramientas del Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos. La propuesta también establece la articulación entre los organismos que intervienen en el proceso: la Cámara de Diputados, encargada de la etapa investigativa, y la Cámara de Senadores, que posteriormente debe emitir una resolución equiparable a una sentencia judicial. Finalmente, Lena afirmó que la Constitución provincial no detalla aspectos procedimentales clave, como la forma de iniciar un expediente de juicio político, la apertura de una investigación, las notificaciones, la contestación de la denuncia, el patrocinio legal, los plazos o la etapa probatoria. El derecho de fondo en este caso constitucional referido al juicio político debe estar respaldado por el derecho de forma o procedimental, falencia que observo en la normativa vigente, sostuvo. Y concluyó: Este proyecto otorga al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, consolidándolo como un instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional.
Ver noticia original
.gif)
Examedia © 2024
Desarrollado por