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Concordia » 7paginas
Fecha: 06/03/2026 22:16
Segun supo 7Paginas, la iniciativa ingresó en la Cámara de Diputados y propone establecer un marco regulatorio claro para el procedimiento de juicio político en la provincia, con el objetivo de fijar reglas precisas que garanticen el derecho a la defensa, la participación ciudadana y el respeto a los principios constitucionales. Según se explicó, el proyecto busca saldar una deuda institucional al definir las reglas de funcionamiento de este mecanismo. En ese sentido, establece que el proceso se regirá estrictamente por la Constitución Provincial y, de manera subsidiaria, por el Código Procesal Civil y Comercial, lo que permitiría dotar al procedimiento de una estructura jurídica más sólida y evitar interpretaciones arbitrarias durante la investigación de posibles causales de mal desempeño. Uno de los aspectos destacados de la propuesta es que habilita a cualquier persona humana o jurídica a presentar un pedido de juicio político. Para ello, se requerirá contar con conocimiento prima facie de las causales constitucionales y realizar una denuncia por escrito, ya sea en formato papel o a través de medios digitales. Principales puntos del proyecto La iniciativa consta de 36 artículos de fondo y uno de forma. Entre sus disposiciones se destaca la definición del rol de la Comisión de Investigación prevista en el artículo 141 de la Constitución provincial como órgano clave del proceso. Además, el proyecto toma como referencia el Código Procesal Civil y Comercial para garantizar un debido proceso técnico y contempla el uso de herramientas digitales para la recepción de denuncias, lo que facilitaría la participación y el control ciudadano desde cualquier punto de la provincia. Los fundamentos de la iniciativa En los fundamentos del proyecto, Lena señaló que los antecedentes recientes vinculados a pedidos de juicio político dejaron en evidencia la falta de una reglamentación clara que ordene el procedimiento. La Constitución carece de una norma reglamentaria clara y detallada que garantice los principios y garantías constitucionales, sostuvo la legisladora. Entre esos principios mencionó el debido proceso, la igualdad ante la ley, la defensa en juicio, la presunción de inocencia, la separación e independencia de los poderes, la seguridad jurídica y la independencia judicial. En ese sentido, recordó que en los últimos años se registraron distintos pedidos de juicio político, entre ellos los presentados a fines de 2024 contra la vocal del STJ Gisela Schumacher y a fines de 2025 contra la vocal Susana Medina de Rizzo. Al cumplimentar con los artículos 138 a 154 de la Constitución Provincial advertí, junto a otros legisladores, diferentes vicisitudes y falencias en cuanto al proceso que debe regir para llevar adelante un juicio político, que es de carácter excepcional, señaló. La diputada explicó que la Constitución provincial dejó ciertos vacíos respecto del procedimiento a seguir en estos casos, por lo que el proyecto busca reglamentar esos aspectos utilizando herramientas del propio Código Procesal Civil y Comercial de Entre Ríos. Asimismo, la iniciativa establece la articulación entre los organismos que intervienen en el proceso: la Cámara de Diputados será la encargada de la etapa investigativa, mientras que la Cámara de Senadores tendrá a su cargo la resolución final, equiparable a una sentencia judicial. La propuesta también apunta a precisar cuestiones procedimentales que actualmente no están claramente definidas, como la forma de iniciar un expediente de juicio político, la apertura de una investigación, las notificaciones, el derecho a contestar la denuncia, el patrocinio legal, los plazos, la etapa probatoria y la resolución final. El derecho de fondo en este caso constitucional referido al juicio político debe estar respaldado por el derecho de forma o procedimental, falencia que veo en la normativa de esos artículos, remarcó Lena. Finalmente, la legisladora destacó que el texto fue elaborado tomando como referencia normas procesales vigentes en la provincia y remarcó que el objetivo es fortalecer la institucionalidad. Este proyecto de ley busca otorgar al proceso de juicio político un marco normativo claro, previsible y constitucionalmente consistente, que lo consolide como un auténtico instrumento de equilibrio institucional y no como un factor de incertidumbre o erosión del orden constitucional, cerró.
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