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  • El Ejecutivo promulgó la reforma laboral y quedó habilitada su aplicación en todo el país

    Concordia » El Heraldo

    Fecha: 06/03/2026 19:58

    El Ejecutivo promulgó la reforma laboral y quedó habilitada su aplicación en todo el país La norma había sido aprobada recientemente por el Congreso y fue puesta en vigencia este viernes tras su publicación oficial. A una semana de su aprobación en el Congreso, el Gobierno nacional promulgó este viernes la Ley de Modernización Laboral, una normativa que introduce modificaciones relevantes en el sistema de relaciones laborales en la Argentina. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 137/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello. La norma, identificada como Ley 27.802, fue sancionada por el Senado el viernes pasado con 42 votos a favor, 28 en contra y dos abstenciones, luego de que la Cámara alta avalara los cambios incorporados previamente por Diputados. Entre esas modificaciones se destacó la eliminación del artículo 44 del proyecto original, referido al régimen de licencias médicas. El texto legislativo está compuesto por 25 capítulos y forma parte del paquete de reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo con el objetivo de incentivar la generación de empleo registrado, reducir la litigiosidad laboral y modificar algunos aspectos del sistema de contratación y despidos. Uno de los cambios más relevantes se vincula con el régimen de indemnizaciones por despido. La ley reformula el artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y establece que, en casos de despido sin causa, corresponderá una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año trabajado o fracción mayor a tres meses, fijando además nuevos criterios para el cálculo de la remuneración habitual y posibles topes. Otro de los puntos centrales es la creación de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL). Estos fondos serán cuentas específicas e inembargables que deberán constituir los empleadores con un aporte mensual derivado de las contribuciones patronales. El porcentaje será del 1% para las grandes empresas y del 2,5% para las pequeñas y medianas empresas, y su administración quedará bajo la órbita de la Comisión Nacional de Valores. La nueva legislación también introduce cambios en el régimen de vacaciones. A partir de la modificación del artículo 154 de la Ley de Contrato de Trabajo, las licencias deberán otorgarse entre el 1 de octubre y el 30 de abril del año siguiente, aunque las partes podrán acordar fechas diferentes. Además, se habilita el fraccionamiento de las vacaciones, siempre que cada período no sea inferior a siete días. En relación con la organización del tiempo de trabajo, la ley incorpora la posibilidad de implementar bancos de horas y sistemas de compensación de horas extras. El nuevo artículo 197 bis establece que empleadores y trabajadores podrán acordar voluntariamente este esquema, aunque deberá quedar formalizado por escrito y contar con mecanismos de control. La norma también contempla incentivos para la formalización del empleo, beneficios fiscales vinculados a inversiones productivas y una serie de modificaciones orientadas a desalentar la denominada industria del juicio en el ámbito laboral, mediante cambios en la dinámica de los procesos judiciales. En otro apartado, el texto fija nuevos criterios de financiamiento para organismos vinculados a actividades culturales. Entre otras disposiciones, establece que instituciones como el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) pasarán a financiarse exclusivamente con partidas asignadas en el Presupuesto Nacional a partir de 2028. La ley aclara además que sus disposiciones no se aplicarán a los empleados de la administración pública nacional o provincial, al personal de casas particulares ni a los trabajadores agrarios, así como tampoco a prestadores independientes de plataformas digitales o contratistas regulados por el Código Civil y Comercial, salvo que normas específicas determinen lo contrario. Desde el Gobierno nacional sostienen que la reforma busca generar un marco laboral más flexible que favorezca la creación de empleo formal, especialmente en el sector de las pequeñas y medianas empresas, mientras que sectores sindicales y de la oposición han cuestionado algunos aspectos de la norma por considerar que podría implicar una reducción de derechos laborales.

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