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    Fecha: 06/03/2026 18:17

    CONTRATOS TRUCHOS 2: la puesta en escena y el blindaje del poder En Entre Ríos, cuando explota un escándalo de corrupción, casi nunca se lo niega del todo. Se lo administra. Se arma una escena intermedia: audiencias, títulos grandilocuentes, promesas de ahora sí, y una cobertura mediática que funciona como fábrica de tranquilidad. Mientras tanto, lo verdaderamente importante queda afuera: la decisión política, la conducción y el beneficiario final. La megacausa de los contratos truchos de la Legislatura es el ejemplo más obsceno. Durante una década, con contratos apócrifos y prestanombres, se drenaron recursos públicos por un monto que ya se estima en decenas de millones de dólares. No fue un desorden administrativo: fue un sistema aceitado que atravesó Diputados y Senadores, con circuito de cuentas, extracciones y retornos al corazón del poder. El problema, como siempre, no es solo lo que se robó. Es a quiénes se acusa y a quiénes se les garantiza impunidad. LOS PEREJILES CON NOMBRE Y APELLIDO En el expediente aparecen nombres del engranaje operativo: Sergio Cardoso, Flavia Beckman, Hugo Mena, Juan Domingo Orabona, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, entre otros. En esa lista se ubican quienes ejecutaban la maquinaria: reclutaban prestanombres, manejaban papeles, movían dinero, organizaban contratos y sostenían el circuito cotidiano. Ahí está la escena perfecta para el show judicial: imputaciones, audiencias interminables, incidentes, apelaciones, y defensas que convierten el proceso en un serial. Es el juicio posible: el que no compromete a los verdaderos dueños del sistema. Pero si esto fue una estructura organizada durante diez años, la pregunta no se contesta con perejiles: se contesta con responsables políticos. LOS JEFES POLÍTICOS QUE EL EXPEDIENTE ESQUIVA Si el sistema funcionó en ambas cámaras, las máximas autoridades legislativas de esos años no son un detalle: son el centro. En el período investigado aparecen, entre otros, Sergio Urribarri, Jorge Busti (inexplicablemente sacado de la investigacion), José Eduardo Lauritto, Pedro Guillermo Guastavino, Adán Bahl y José Ángel Allende como figuras de la estructura política que conducía o presidía ámbitos clave del Poder Legislativo. Y si vamos a hablar de responsabilidad política en serio, hay que decirlo sin hipocresía: este festival pornográfico de contrataciones no puede presentarse como si hubiera beneficiado a un solo sector. El mecanismo atravesó al peronismo con nombres como los de Urribarri, Bahl, BUSTI, Lauritto, Guastavino, Allende y también exige explicaciones hacia afuera del PJ. Si el sistema atraviesa a todos los partidos, entonces la oposición que ocupó jefaturas de bloques o lugares de decisión en esos años no puede mirar para otro lado: por ejemplo, Raimundo Kisser (UCR), que fue jefe de bancada en el Senado, está entre los que deberían explicar qué control ejercieron, qué firmaron, qué permitieron y qué conocieron. El punto es simple: si la caja funcionó durante diez años, no la manejaron solo empleados. La manejó la política. Ademas hay nombres como VITULO, FUAD SOSA, REYNALDO NAVARRO, DIEGO LARA que manejaron paquetes de contratos que no pueden justificar. EL RECORTE QUE SALVA A BUSTI Acá aparece el corazón del verso: el recorte temporal que, en los hechos, blinda a Jorge Pedro Busti, padre político de buena parte del ecosistema institucional entrerriano. La causa se ordena de modo tal que mágicamente el sistema empieza donde hay papeles y se vuelve borrosa donde se necesitan decisiones de poder. La explicación habitual es que no había documentación en los primeros años. Pero esa excusa es un boomerang: si no hay papeles, el hecho es más grave, no menos grave. La desaparición de documentación pública no es un atenuante: es un indicio de encubrimiento. Y si el sistema se armó antes como describen quienes estuvieron adentro entonces el recorte no es casual: es funcional. De la declaracion de SERGIO CARDOZO surge claramente que el sistema empezo con GUASTAVINO y sigui en ambas camaras entre los años 2007 y 2018, aunque la CAMARA DE DIPUTADOS que presidio JORGE BUSTI, fue sacada de la investigacion, sus secretrios hoy son altos funcionarios judiciales y esa historia, por ahora, se cerro.- CONTRATOS TRUCHOS II: ¿CAUSA O COMUNICADO? Ahora aparece Contratos Truchos II, vendida como el giro que supuestamente iría por los peces gordos. El problema es que, tal como se anuncia, parece más un manotazo para el arranque del año judicial que una investigación real. Porque si realmente se abrió una investigación en noviembre, deberían verse actos procesales básicos: delimitación formal del objeto, impulso concreto, citaciones, medidas, y sobre todo una cuestión elemental del debido proceso: si van a investigar personas determinadas, corresponde que se las haga comparecer con defensa técnica y se ordene la designación de abogado cuando se activa el aparato persecutorio en su contra. Si no hay investigados concretos, entonces no hay Contratos II: hay relato. Y hay un dato técnico que deja en evidencia el humo: el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece plazos de la Investigación Penal Preparatoria y prevé que, si el plazo resulta insuficiente, el fiscal debe pedir prórroga fundada al Juez de Garantías. Es decir: si la investigación estaba abierta y corriendo, el Ministerio Público debía estar mostrando actividad, control judicial y pedidos de extensión. Si no aparece nada de eso, lo que hay no es una causa: es una puesta en escena. Mientras tanto, los tiempos corren por un solo lado: el de la prescripción, la dilación y el desgaste social. Y eso en causas de corrupción estructural siempre beneficia a los mismos. LA FÁBRICA DE TRANQUILIDAD Y EL PERIODISMO DE UTILERÍA En ese escenario, ciertos medios cumplen un rol decisivo: no informan para incomodar, informan para tranquilizar. La revista Análisis y el programa Cuestión de Fondo, con Daniel Enz al frente, suelen funcionar como el termómetro narrativo del poder judicial: instalan expectativas, administran la ansiedad social y venden avance cuando lo que hay es un movimiento táctico para que todo siga igual. Y el ecosistema se cierra cuando uno mira cómo se mezclan política, justicia y comunicación institucional. No es un chisme: es estructura. Un ejemplo concreto es Héctor Martín Fabre, jefe de prensa/comunicación del Superior Tribunal de Justicia, señalado públicamente como hombre de confianza de Jorge Busti y con vínculos de gestión en ámbitos políticos, incluida la Vicegobernación. Cuando los mismos nombres circulan por la política, por la justicia y por la comunicación del sistema, la tranquilidad deja de ser casual: se fabrica. LOS CONTRATOS DE STRATTA Y GIANO Seria interesante que se agregue a la pesquisa que paso no solo hasta 2018 sino como se reconfiguro la trama de contratos en las gestiones de GIANO y STRATTA, donde silvia moreno llego a tener 250 contratos, bahl incorporo a sus hijos, Gonzalo Garcia Garro se hizo designar ilegalmente en el senado por el JURY A GOYENECHE, entra tantas irregularidades conocidas.- LA PREGUNTA QUE TODO DEFINE × Buscar aquí InicioContratos Truchos II: la puesta en escena y el blindaje del poder Sin categoría Contratos Truchos II: la puesta en escena y el blindaje del poder Mar 6, 2026 0 En Entre Ríos, cuando explota un escándalo de corrupción, casi nunca se lo niega del todo. Se lo administra. Se arma una escena intermedia: audiencias, títulos grandilocuentes, promesas de ahora sí, y una cobertura mediática que funciona como fábrica de tranquilidad. Mientras tanto, lo verdaderamente importante queda afuera: la decisión política, la conducción y el beneficiario final. La megacausa de los contratos truchos de la Legislatura es el ejemplo más obsceno. Durante una década, con contratos apócrifos y prestanombres, se drenaron recursos públicos por un monto que ya se estima en decenas de millones de dólares. No fue un desorden administrativo: fue un sistema aceitado que atravesó Diputados y Senadores, con circuito de cuentas, extracciones y retornos al corazón del poder. El problema, como siempre, no es solo lo que se robó. Es a quiénes se acusa y a quiénes se les garantiza impunidad. Los perejiles con nombre y apellido En el expediente aparecen nombres del engranaje operativo: Sergio Cardoso, Flavia Beckman, Hugo Mena, Juan Domingo Orabona, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, entre otros. En esa lista se ubican quienes ejecutaban la maquinaria: reclutaban prestanombres, manejaban papeles, movían dinero, organizaban contratos y sostenían el circuito cotidiano. Ahí está la escena perfecta para el show judicial: imputaciones, audiencias interminables, incidentes, apelaciones, y defensas que convierten el proceso en un serial. Es el juicio posible: el que no compromete a los verdaderos dueños del sistema. Pero si esto fue una estructura organizada durante diez años, la pregunta no se contesta con perejiles: se contesta con responsables políticos. Los jefes políticos que el expediente esquiva Si el sistema funcionó en ambas cámaras, las máximas autoridades legislativas de esos años no son un detalle: son el centro. En el período investigado aparecen, entre otros, Sergio Urribarri, Jorge Busti (inexplicablemente sacado de la investigacion), José Eduardo Lauritto, Pedro Guillermo Guastavino, Adán Bahl y José Ángel Allende como figuras de la estructura política que conducía o presidía ámbitos clave del Poder Legislativo. Y si vamos a hablar de responsabilidad política en serio, hay que decirlo sin hipocresía: este festival pornográfico de contrataciones no puede presentarse como si hubiera beneficiado a un solo sector. El mecanismo atravesó al peronismo con nombres como los de Urribarri, Bahl, BUSTI, Lauritto, Guastavino, Allende y también exige explicaciones hacia afuera del PJ. Si el sistema atraviesa a todos los partidos, entonces la oposición que ocupó jefaturas de bloques o lugares de decisión en esos años no puede mirar para otro lado: por ejemplo, Raimundo Kisser (UCR), que fue jefe de bancada en el Senado, está entre los que deberían explicar qué control ejercieron, qué firmaron, qué permitieron y qué conocieron. El punto es simple: si la caja funcionó durante diez años, no la manejaron solo empleados. La manejó la política. Ademas hay nombres como VITULO, FUAD SOSA, REYNALDO NAVARRO, DIEGO LARA que manejaron paquetes de contratos que no pueden justificar. El recorte que salva a Busti Acá aparece el corazón del verso: el recorte temporal que, en los hechos, blinda a Jorge Pedro Busti, padre político de buena parte del ecosistema institucional entrerriano. La causa se ordena de modo tal que mágicamente el sistema empieza donde hay papeles y se vuelve borrosa donde se necesitan decisiones de poder. La explicación habitual es que no había documentación en los primeros años. Pero esa excusa es un boomerang: si no hay papeles, el hecho es más grave, no menos grave. La desaparición de documentación pública no es un atenuante: es un indicio de encubrimiento. Y si el sistema se armó antes como describen quienes estuvieron adentro entonces el recorte no es casual: es funcional. De la declaracion de SERGIO CARDOZO surge claramente que el sistema empezo con GUASTAVINO y sigui en ambas camaras entre los años 2007 y 2018, aunque la CAMARA DE DIPUTADOS que presidio JORGE BUSTI, fue sacada de la investigacion, sus secretrios hoy son altos funcionarios judiciales y esa historia, por ahora, se cerro.- Contratos Truchos II: ¿causa o comunicado? Ahora aparece Contratos Truchos II, vendida como el giro que supuestamente iría por los peces gordos. El problema es que, tal como se anuncia, parece más un manotazo para el arranque del año judicial que una investigación real. Porque si realmente se abrió una investigación en noviembre, deberían verse actos procesales básicos: delimitación formal del objeto, impulso concreto, citaciones, medidas, y sobre todo una cuestión elemental del debido proceso: si van a investigar personas determinadas, corresponde que se las haga comparecer con defensa técnica y se ordene la designación de abogado cuando se activa el aparato persecutorio en su contra. Si no hay investigados concretos, entonces no hay Contratos II: hay relato. Y hay un dato técnico que deja en evidencia el humo: el Código Procesal Penal de Entre Ríos establece plazos de la Investigación Penal Preparatoria y prevé que, si el plazo resulta insuficiente, el fiscal debe pedir prórroga fundada al Juez de Garantías. Es decir: si la investigación estaba abierta y corriendo, el Ministerio Público debía estar mostrando actividad, control judicial y pedidos de extensión. Si no aparece nada de eso, lo que hay no es una causa: es una puesta en escena. Mientras tanto, los tiempos corren por un solo lado: el de la prescripción, la dilación y el desgaste social. Y eso en causas de corrupción estructural siempre beneficia a los mismos. La fábrica de tranquilidad y el periodismo de utilería En ese escenario, ciertos medios cumplen un rol decisivo: no informan para incomodar, informan para tranquilizar. La revista Análisis y el programa Cuestión de Fondo, con Daniel Enz al frente, suelen funcionar como el termómetro narrativo del poder judicial: instalan expectativas, administran la ansiedad social y venden avance cuando lo que hay es un movimiento táctico para que todo siga igual. Y el ecosistema se cierra cuando uno mira cómo se mezclan política, justicia y comunicación institucional. No es un chisme: es estructura. Un ejemplo concreto es Héctor Martín Fabre, jefe de prensa/comunicación del Superior Tribunal de Justicia, señalado públicamente como hombre de confianza de Jorge Busti y con vínculos de gestión en ámbitos políticos, incluida la Vicegobernación. Cuando los mismos nombres circulan por la política, por la justicia y por la comunicación del sistema, la tranquilidad deja de ser casual: se fabrica. Los contratos de Stratta y Giano Seria interesante que se agregue a la pesquisa que paso no solo hasta 2018 sino como se reconfiguro la trama de contratos en las gestiones de GIANO y STRATTA, donde silvia moreno llego a tener 250 contratos, bahl incorporo a sus hijos, Gonzalo Garcia Garro se hizo designar ilegalmente en el senado por el JURY A GOYENECHE, entra tantas irregularidades conocidas.- La pregunta que define todo La causa ya demostró que existió un sistema para extraer dinero público. Lo que todavía no se animó a demostrar es lo principal: Quién tomó las decisiones. Quién mandaba. Quién cobró. Y quién garantizó que los verdaderos responsables no se sienten nunca en el banquillo. Porque los contratos truchos no fueron una travesura administrativa. Fueron una caja política. Y si hoy el expediente se apura solo para condenar perejiles, mientras se anuncia un Contratos II fantasma para calmar a la gente, entonces no estamos ante una investigación: estamos ante el mismo mecanismo de siempre. La Caldera, como corresponde, va a seguir mirando el único dato que importa: cuándo empiezan a llamar a los que robaron de verdad.

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