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Parana » AnalisisDigital
Fecha: 06/03/2026 16:44
Un procedimiento judicial realizado este viernes en el Centro Integrador Comunitario (CIC) de la ciudad de San José de Feliciano generó una fuerte reacción del gobierno local, que emitió un comunicado público cuestionando el allanamiento ordenado en el marco de una investigación penal que tramita en la fiscalía de la jurisdicción. El operativo se concretó en las instalaciones del CIC y fue requerido dentro de un legajo penal que investiga información vinculada a atenciones en el área de salud mental. Según se indicó, el objetivo del procedimiento judicial fue obtener documentación administrativa relacionada con la asistencia de pacientes atendidos por profesionales que prestan servicios en ese espacio comunitario. Tras el procedimiento, la Municipalidad difundió un comunicado en el que expresó su absoluta posición frente al operativo y sostuvo que siempre mantuvo disposición a colaborar con la Justicia. En ese marco, el gobierno local señaló que resultó cuanto menos llamativo el despliegue de un allanamiento en una dependencia pública municipal para requerir documentación que según afirmaron podría haberse solicitado por vías administrativas o institucionales. Qué documentación se buscaba De acuerdo a lo explicado por la comuna, el CIC no conserva historias clínicas ni legajos terapéuticos de los pacientes atendidos por profesionales de salud mental. Indicaron que ese tipo de documentación forma parte de la práctica profesional de cada psicólogo y se encuentra bajo su custodia, amparada por el secreto profesional. En el centro comunitario, añadieron, sólo existen registros administrativos de atención donde se consignan datos básicos de asistencia y códigos de consulta utilizados por los profesionales. Según el municipio, esa modalidad de registro ya había sido informada previamente a la fiscalía en respuesta a un oficio judicial remitido antes del procedimiento. El planteo del municipio En su posicionamiento institucional, el Ejecutivo municipal remarcó que la información vinculada a tratamientos psicológicos se encuentra especialmente protegida por normas de confidencialidad y por los códigos de ética profesional que regulan el ejercicio de la psicología. En ese sentido, advirtió que la obtención o manipulación de datos relacionados con la salud mental requiere particular prudencia, al tratarse de información sensible vinculada a la privacidad de los pacientes. Asimismo, el comunicado recordó que el artículo 280 del Código Procesal Penal de Entre Ríos prevé la posibilidad de requerir documentación mediante una orden de presentación, un mecanismo que según señalaron está pensado para evitar medidas más gravosas como los allanamientos o secuestros. Por ese motivo, desde la comuna sostuvieron que la medida judicial plantea interrogantes respecto de su razonabilidad, particularmente considerando que la información podría estar protegida por el secreto profesional. Posición institucional Finalmente, el municipio reafirmó su compromiso con la cooperación institucional y la transparencia en la gestión pública, aunque cuestionó lo que definió como un uso irrazonado de procedimientos que, a su entender, pueden generar preocupación innecesaria en la comunidad. Hasta el momento no trascendieron públicamente mayores detalles del legajo penal que motivó la medida judicial ni si se produjeron secuestros de documentación durante el procedimiento.
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