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Fecha: 06/03/2026 10:26
El Gobierno nacional promulgó la nueva ley de reforma laboral, una norma que introduce cambios estructurales en el régimen de contratación, indemnizaciones y relaciones laborales. La iniciativa modifica distintos aspectos de la legislación vigente con el objetivo de flexibilizar las condiciones de contratación y reducir los costos laborales para las empresas, al tiempo que redefine derechos y obligaciones en el vínculo entre empleadores y trabajadores, según pudo constatar AIM. Uno de los ejes centrales de la norma es la modificación del sistema de indemnizaciones por despido. La ley habilita la creación de fondos de cese laboral por sector o actividad, que podrán reemplazar el esquema tradicional de indemnización por antigüedad. Este mecanismo permite que empleadores y trabajadores acuerden, a través de convenios colectivos, la constitución de un fondo financiado con aportes mensuales durante la relación laboral. Otro de los cambios relevantes es la ampliación del período de prueba. A partir de la nueva normativa, el plazo inicial de contratación sin estabilidad se extiende y podrá alcanzar hasta ocho meses según el tamaño de la empresa. Durante ese período el empleador podrá finalizar la relación laboral sin abonar indemnización por despido. La reforma también introduce nuevas modalidades de contratación. Entre ellas se incorporan esquemas de trabajo independientes con colaboradores, que permiten la participación de hasta tres trabajadores sin que exista relación de dependencia. La medida busca formalizar vínculos laborales que actualmente se desarrollan de manera informal, aunque especialistas advirtieron a AIM que el nuevo esquema abre debates sobre los límites entre autonomía y relación laboral encubierta. La normativa además reduce las sanciones económicas vinculadas al empleo no registrado. Se eliminan algunas multas establecidas en leyes anteriores y se establece un nuevo régimen que busca incentivar la regularización laboral mediante menores penalidades para los empleadores que registren a sus trabajadores. En paralelo, la ley redefine criterios sobre tercerización y responsabilidad solidaria. Las empresas principales ya no serán responsables automáticamente por las obligaciones laborales de las firmas contratistas, salvo que se compruebe una participación directa en el incumplimiento. Además, la ley establece parámetros para encuadrar a quienes prestan servicios a través de aplicaciones, habilitando distintos esquemas contractuales que podrán definirse mediante acuerdos sectoriales. La normativa también incorpora un sistema simplificado para la contratación de trabajadores independientes con aportes previsionales unificados. Este régimen busca facilitar la formalización de pequeñas actividades económicas y reducir la carga administrativa para empleadores y trabajadores. Además, se crea un esquema especial para micro y pequeñas empresas que contempla reducciones en contribuciones y simplificación en los procesos de registración laboral. Desde el Gobierno sostienen que la medida apunta a promover la creación de empleo formal en sectores con menor capacidad administrativa. El nuevo marco legal también establece procedimientos más rápidos para la resolución de conflictos laborales. En ese sentido, se refuerza el rol de instancias administrativas de conciliación previa antes de que los casos lleguen a la Justicia. La promulgación de la reforma laboral marca uno de los cambios más relevantes en la legislación del trabajo de los últimos años y abre un nuevo escenario para las relaciones laborales en el país. Fuentes del sector empresarial indicaron a AIM que las modificaciones buscan dinamizar el mercado laboral, mientras que sectores sindicales y especialistas en derecho del trabajo advirtieron sobre los posibles impactos en la estabilidad y protección de los trabajadores. Otro de los puntos cuestionados de la reforma es la incorporación de esquemas de jornadas laborales de hasta 12 horas y la creación de un sistema de banco de horas. La norma habilita que, mediante acuerdos colectivos, las empresas puedan extender la jornada diaria por encima del límite tradicional de ocho horas, compensando luego ese tiempo con descansos o reducciones en otros períodos. Especialistas en derecho laboral advirtieron a AIM que este mecanismo flexibiliza el régimen histórico de jornada de trabajo y podría diluir el pago de horas extras, ya que las horas adicionales no necesariamente deberán abonarse como tales si se compensan dentro del sistema de banco de horas. Para sectores sindicales, la medida abre la puerta a jornadas más extensas y a una mayor discrecionalidad empresarial en la organización del tiempo de trabajo.
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