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Concordia » Saltograndeextra
Fecha: 06/03/2026 10:12
El gobernador Rogelio Frigerio mantuvo una audiencia clave con la Asociación de la Magistratura para analizar los cuestionamientos a la reglamentación de la Ley 11.227. Los jueces advierten riesgos de inconstitucionalidad en el sistema de selección. El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este jueves una reunión estratégica con las autoridades de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Entre Ríos en la Casa de Gobierno. El encuentro contó con la presencia del ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, y el secretario de Justicia, Julián Maneiro. La audiencia buscó canalizar las fuertes inquietudes del sector judicial tras la reciente reglamentación de la reforma del Consejo de la Magistratura, un organismo que se encuentra virtualmente paralizado desde diciembre de 2023. Durante el cónclave, los representantes de los jueces, encabezados por Alejandro Cánepa, plantearon una agenda común para agilizar la cobertura de casi cien vacantes en el Poder Judicial. Sin embargo, el trasfondo del diálogo estuvo marcado por las advertencias sobre posibles vicios de inconstitucionalidad en el decreto reglamentario firmado por el Ejecutivo. Según Maneiro, la respuesta oficial fue positiva y el Gobierno se comprometió a analizar las propuestas técnicas para evitar que los concursos sigan empantanados. Los cambios críticos y el fantasma de la inconstitucionalidad La reforma del Consejo de la Magistratura, plasmada en la Ley Nº 11.227, introdujo modificaciones profundas que la Asociación de Magistrados cuestionó con dureza desde su tratamiento legislativo. Uno de los puntos más sensibles es la eliminación del recurso directo ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para apelar decisiones del Consejo, obligando ahora a los postulantes a transitar primero la vía contencioso-administrativa. Esta medida, defendida por la diputada Gabriela Lena como una forma de agilizar el proceso, es vista por sectores judiciales como una limitación al control de legalidad. No obstante, el conflicto escaló con el dictado del decreto reglamentario, el cual permitiría la reelección de consejeros que ya cumplieron los mandatos fijados por la Constitución Provincial. El artículo 181 de la Carta Magna establece que los consejeros duran dos años y pueden ser reelectos solo una vez. El decreto del Ejecutivo, al no computar los mandatos cumplidos antes de la nueva ley, habilitaría una permanencia que los magistrados consideran contraria al espíritu de alternancia democrática. El monopolio de los puntajes y el futuro de la capacitación Otro eje de fricción que sobrevoló la reunión es el artículo 22 de la reglamentación, que otorga al Gobernador la facultad de fijar escalas de puntajes para evaluar los antecedentes de los aspirantes. El periodista Federico Malvasio, en su análisis para Página Política, advirtió que esta medida desdibuja la esencia técnica del Consejo al centralizar criterios de valoración en el Poder Ejecutivo. El decreto asigna, por ejemplo, hasta 5 puntos por doctorados y 3 por docencia, pero excluye a instituciones históricas como el Instituto Alberdi como fuente de otorgamiento de puntajes. Por su parte, la Asociación de Magistrados solicitó formalmente que se mantenga el reconocimiento a los institutos de capacitación propios y del Colegio de la Abogacía. A pesar de los avances en materia de perspectiva de género y el reconocimiento de tareas de cuidado en la puntuación, el malestar persiste por lo que consideran una «intromisión» en la autonomía estamentaria. El éxito de esta mesa de diálogo determinará si la provincia logra normalizar su servicio de justicia o si la reforma terminará judicializada por los propios magistrados que deben aplicarla.
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