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» tn24
Fecha: 06/03/2026 09:36
El Gobierno nacional resolvió designar a Sebastián Amerio como nuevo titular de la Procuración del Tesoro de la Nación, el organismo encargado de representar legalmente al Estado y asesorar al Presidente en cuestiones jurídicas. La decisión forma parte de la reorganización del gabinete impulsada tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Según confirmaron fuentes oficiales, el nombramiento fue definido por el presidente Javier Milei luego de una reunión en la Quinta de Olivos con su asesor político Santiago Caputo. Tras ese encuentro, el mandatario decidió ofrecerle a Amerio el cargo estratégico. El funcionario, que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Justicia, reemplazará a Santiago Castro Videla y quedará al frente del equipo de abogados que defiende los intereses del Estado en litigios de alto impacto. Entre las prioridades de su gestión se encuentra la causa internacional por la expropiación de YPF, uno de los expedientes más sensibles para la administración nacional. La designación se produce en medio de una serie de cambios dentro del área de Justicia. Como parte de esta reorganización, Amerio dejará su puesto como secretario de la cartera, que ahora será ocupado por el abogado Santiago Viola, apoderado nacional de La Libertad Avanza y dirigente cercano a Karina Milei, secretaria general de la Presidencia. Desde el entorno del Gobierno señalaron que el Presidente buscaba mantener a Amerio en un lugar relevante dentro de la estructura estatal, dada su cercanía con el círculo de confianza del oficialismo y su rol en el armado jurídico del Ejecutivo. El nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, inició además un proceso de revisión de distintos organismos bajo su órbita y solicitó la renuncia de autoridades en áreas como la Oficina Anticorrupción, la Unidad de Información Financiera, la Inspección General de Justicia y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos. Con estos movimientos, el Gobierno busca reorganizar su estructura legal y fortalecer la estrategia judicial del Estado en causas consideradas clave para la administración nacional.
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