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Parana » Informe Digital
Fecha: 05/03/2026 17:51
En 2021, cuando se elevó a juicio la primera etapa del expediente, la pesquisa sólo identificó y acusó a quienes tuvieron responsabilidad administrativa en ambas cámaras y a los estudios contables que articularon la estructura de los contratos, pero dejó fuera a los responsables políticos: ex vicegobernadores y presidentes de la Cámara de Diputados. Si se atiende a la cronología en la que se sitúa la maniobra que vació las arcas públicas, la segunda etapa de la investigación abarcaría a los vicegobernadores con mandato cumplido Pedro Guillermo Guastavino; José Eduardo Lauritto; José Cáceres; y Adán Humberto Bahl, además de los extitulares de Diputados en ese mismo período, José Ángel Allende y Sergio Urribarri. No obstante, si la pesquisa determina que algún exvicegobernador no rubricaba los contratos y la aprobación recaía en el vicepresidente primero, se avanzaría contra el senador que ejercía esa función. Por ahora, el primer señalado en ese tramo es el exlegislador Aldo Ballestena, del departamento La Paz. La investigación por los contratos legislativos constituye la causa por corrupción más grande en la historia de Entre Ríos. Su inicio fue inusual: en la primavera de 2018, un agente policial detectó movimientos extraños en un banco de Paraná y alertó a sus superiores que una sola persona operaba numerosas tarjetas de débito y ordeñaba un cajero automático. A partir de esa pista, algunos investigadores tiraron del hilo y se abrió la pesquisa que puso en el centro a la Legislatura y a una multiplicidad de contrataciones a terceros que, en distintos casos, funcionaron como prestanombres. Los fiscales pudieron acreditar la existencia de una banda integrada por empleados de la Legislatura y personas ajenas al sistema político, organizada para extraer fondos de las arcas públicas. El 1º de junio de 2021, los fiscales decidieron cerrar la investigación penal preparatoria y pedir su elevación a juicio oral. Las defensas plantearon un recurso de competencia alegando que la causa debía resolverse en la Justicia Electoral porque, según sostuvieron, el dinero desviado se destinó al financiamiento de campañas políticas. Los letrados lograron sacar la investigación del fuero penal con el apoyo del juez federal Daniel Alonso, que hizo lugar al planteo, y consiguieron que la discusión pasara sucesivamente a la Justicia Electoral, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de nuevo a la Justicia Electoral y otra vez a la Corte, en un trámite que paralizó las actuaciones durante años. La causa se reactivó en los tribunales provinciales en 2024. Las audiencias de remisión a juicio oral comenzaron recién en 2025 y se frenaron a mediados de ese año. En lo que llegó a oralizarse el año pasado se expuso una estructura compuesta por funcionarios públicos, empleados de jerarquía en ambas cámaras legislativas, dos estudios contables y particulares fuera de las dependencias del Estado, encargados de conseguir prestanombres, falsificar firmas, endosar cheques, entre otras maniobras. Emergió la sospecha fiscal de que buena parte del dinero sustraído terminó en inversiones privadas, inmuebles y explotaciones agropecuarias. Los fiscales a cargo de las audiencias son Ignacio Aramberry, Patricia Yedro y Gonzalo Badano. Intervinieron como defensores Damián Petenatti e Iván Vernengo, en representación del imputado Alfredo Bilbao; José Velázquez, defensor de los imputados Flavia Beckman y Hugo Mena; Tomás Vírgala, defensor de Ariel Faure; y Pablo Hawlena Gianotti y Miguel Cullen, ambos en representación de Jorge De Breuil. Cullen, además, defiende a los imputados Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla y Maximiliano Degani. El legajo contó inicialmente con 32 imputados, aunque la cifra se redujo porque algunas personas accedieron a suspensiones de juicio a prueba, como Esteban Scialocomo o el contador Gustavo Falco, que fue sobreseído. Otros que obtuvieron probation fueron María Victoria Álvarez, Verónica Caíno, Alejandro Ferreyra, María Macarena Álvarez, Fernando Gastón Sarnaglia, Andrea Demartín, Nicolás Beber, Renato Mansilla, Guido Krapp, Jorge Pablo Balladares y Jazmín y Giselle Mena Gioveni. Como imputados quedaron Flavia Beckman, Hugo Mena, Ariel Faure, Jorge De Breuli, Gustavo Pérez, Alejandro Almada, Juan Pablo Aguilera, Hernán Díaz, Marta Pérez, Pedro Opromolla, Maximiliano Degani, Sergio Esteban Cardoso, Diego Martín Pagnoni, Mariano Speroni, Juan Domingo Orabona, Jorge Fabián Lazzaro y José Javier Schneider. La elevación a juicio de los contratos truchos legislativos I deberá avanzar este año, en mayo, tal como está previsto en el calendario judicial. En forma simultánea, se investigará en un expediente paralelo a los responsables políticos de la estafa.
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